Por: Marcia Perdomo y Katerin Galo
Fotos: Horacio Lorca y Jorge Burgos
Para el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, presionar a otro poder del Estado, es algo que no abona a los consensos y al diálogo.
Aunque reconoce que el gobierno tiene derecho a convocar a manifestaciones, advierte que a este tipo de acciones se les llama injerencia y pone en tela de juicio la independencia y separación de los poderes del Estado.
Tegucigalpa, Honduras. – A la vista, una multitudinaria movilización. En las sombras, las negociaciones para la elección de las autoridades del Ministerio Público. La esperanza de la ciudadanía, la elección de una fiscalía independiente, que persiga la corrupción, el crimen organizado y a los violadores de los derechos humanos, mientras otros cuestionan de dónde salieron los fondos para desplazar a los miles de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y empleados públicos.
Viajaron largos trayectos para responder al llamado de la presidenta Xiomara Castro, quien convocó a la militancia de su partido a ejercer presión sobre el Congreso Nacional de cara al cese de la cuestionada administración de Óscar Chinchilla, quien fungió por diez años como fiscal general de la República.
La convocatoria fue a las 2:00 de la tarde frente a Casa Presidencial, donde pasadas las 3:00 de la tarde, Castro ofreció un discurso en el que recordó a sus seguidores que en ellas y ellos “reside el poder de la soberanía popular”.
La alocución de Castro tuvo una duración aproximadamente de 27 minutos en la que revivió el trauma del golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien además de ser su actual asesor es su esposo.
Pese a que la movilización fue convocada para exigir a las y los diputados del Poder Legislativo elegir a las nuevas autoridades del ente acusador del Estado, la mandataria se refirió al tema de forma escueta, dando mayor espacio a los supuestos logros de su año y medio de gestión y a las pretensiones de un golpe de Estado, que, según ella, se ha estado fraguando por parte de sectores conservadores que quieren desestabilizar su gobierno.
“El Congreso Nacional está obligado a elegir en la fecha que manda la Constitución las autoridades Ministerio Público”, dijo Castro en una de las cortas menciones que hizo sobre esta elección de segundo grado a través del cual se busca sustituir a Óscar Chinchilla, quien fue reelecto en el cargo mediante una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público, en julio de 2018.
También: En primer intento, Congreso no logra consensos para elegir a las nuevas autoridades del MP
LIBRE MUEVE SU MAQUINARIA GUBERNAMENTAL
Criterio.hn acompañó la movilización de las y los simpatizantes del Partido Libre y empleados públicos, quienes manifestaron sus deseos de un Ministerio Público al servicio de la población, tras diez años de criminalización, asesinatos e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos.
La marea rojinegra fue acompañada por cientos de empleados públicos que dejaron de lado sus labores para acatar el llamado de Castro. Entre los funcionarios que participaron se identificó a: Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna); Luis Solis, director del Instituto de Conservación Forestal (ICF); Hugo Suazo, subsecretario de Seguridad; Rodolfo Pastor de María y Campos, secretario de la Presidencia, entre otros.
El recorrido de más de cuatro kilómetros hasta los bajos del Congreso Nacional, en el centro de Tegucigalpa, estuvo cargado de consignas y algarabía en apoyo a la presidenta Castro y exigencias hacia las y los legisladores a quienes recordaron que tienen un compromiso con la ciudadanía para elegir a los candidatos más idóneos.
También hubo expresiones en contra del Partido Nacional, entidad política que se mantuvo a lo largo de doce años en el poder y cuyas dos últimas elecciones en favor de Juan Orlando Hernández—en espera de juicio en Estados Unidos por cargos relacionados a tráfico de armas y drogas—estuvieron marcadas por fraudes electorales.
Al ser consultados sobre cómo y desde dónde se trasladaron hacía la capital hondureña, las y los manifestantes afirmaron que los coordinadores de su partido les proporcionaron el transporte, ida y regreso.
En varios puntos de Tegucigalpa, se observó una gran cantidad de buses de rutas urbanas e interurbanas, así como baños portátiles que fueron colocados a inmediaciones de la Casa Presidencial y del Congreso.
Ante la fallida elección en la que el Partido Libre y la oposición—conformada por los partidos Liberal, Nacional y Salvador de Honduras—presentaron dos infructuosas propuestas que no alcanzaron la mayoría calificada, es decir 86 votos, el presidente del Congreso, Luis Redondo, suspendió la sesión y de manera inmediata convocó a una nueva reunión del pleno mañana miércoles a las 2:00 de la tarde.
Al filo de las 6:32 de la tarde, la mandataria Castro anunció por redes sociales una cadena nacional donde dijo que dará instrucciones y pidió al “pueblo mantenerse firme hasta segunda orden”.
La multitudinaria movilización se desarrolló en relativa calma, excepto por un incidente contra un motociclista que transitaba por el bulevar Juan Pablo II, cuando fue interceptado por un grupo de simpatizantes del Partido Libre. Otra situación de animadversión fue el rechazo a la prensa.
Los sinsabores de la movilización del oficialismo, quedó más allá de las calles, ya que este martes los centros educativos en todos los niveles suspendieron sus clases. Asimismo, algunos negocios cerraron sus actividades ante el temor a posibles disturbios. En resumen, se produjo una semiparalización en la capital hondureña, para que se efectuara una actividad que hasta el momento no ha logrado su propósito.
Además lea: Bancada de Libre podría estar dividida previo a elección de las autoridades del MP
EJECUTIVO DEBE INCIDIR RESPETANDO SEPARACIÓN DE PODERES
La exfiscal y abogada del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Kenia Paz, consideró que el Partido Libre tiene derecho a convocar, pero no a que desde el gobierno se manipule a empleados públicos a que asistan a una manifestación a cambio de promesas o amenazas laborales.
Precisó que las y los hondureños gozan de espacios de libertad y manifestación, remarcando que la protesta es un derecho fundamental.
“Lo que sí está mal es que sea precisamente el partido en el gobierno, quien haga este tipo de manifestaciones cuando han debido utilizar otros medios para poder incidir sobre alguna situación que podría repercutir negativamente en el Estado. Creo que la política del gobierno tuvo que haber sido mucho más inteligente, por eso tienen todo un gabinete de gobierno para poder hacer las cosas de manera más política, inteligente y sobre todo más eficaz”, argumentó.
El abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, coincidió con esta línea de pensamiento, asegurando que tienen libertad y el derecho a movilizarse. Sin embargo, reprochó “que la presidenta del Poder Ejecutivo convoque una manifestación para presionar a otro poder del Estado”.
Añadió que a este tipo de acciones se les llama injerencia y pone en tela de juicio la independencia y separación de los poderes del Estado, un principio básico de un Estado de Derecho.
En ese sentido, el artículo 4 de la Constitución de la República establece que los tres poderes del Estado –Legislativo, Ejecutivo y Judicial—son “complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.
A modo de reflexión, Mejía resumió a Criterio.hn que el gobierno tiene derecho a convocar a manifestaciones pacíficas, pero debe meditar el contenido y las razones por las que se realizan estas convocatorias, “porque presionar a otro poder del Estado, sin duda alguna es algo que no abona a los consensos y al diálogo”.
Sobre el ambiente de choque entre políticos de cara a la elección de las autoridades del MP, Mejía invitó a no caer en el “show” y el “juego de polarización”, y cuestionó que realmente exista un conflicto al respecto, pues considera que “los grandes dirigentes o los dueños de los partidos políticos” están “sentados” negociando.
