Óscar Chinchilla dejará su cargo el próximo 1 de septiembre, dejando tras de sí una estela de judicializaciones contra personas defensoras, algunas de las cuales presentaron denuncias por corrupción en la adjudicación de concesiones que no fueron investigadas en su momento y cuya impunidad, culminó en los asesinatos de estas personas
Tegucigalpa.- Honduras es un país hostil para las y los defensores, y el Ministerio Público (MP) es la institución estatal que durante la última década ha enfocado sus esfuerzos hacia la impunidad, la violación sistemática y la criminalización de las personas defensoras del ambiente, la tierra y territorio.
Si bien la profundización del modelo extractivista en Honduras tomó impulso con el golpe de Estado en 2009 y el otorgamiento fraudulento de una serie de concesiones mineras y energéticas a la elite político-económica. Es la elección de segundo grado de Óscar Chinchilla como fiscal general del Ministerio Público en 2013 y su ilegal reelección en 2018, la que marca un período de persecución contra las y los luchadores sociales.
No existen cifras oficiales de cuantos defensores fueron criminalizados con Chinchilla al frente del MP, pero se tiene conocimiento que en casos emblemáticos como el de las y los defensores de Guapinol y Sector San Pedro, en Tocoa, Colón, fueron criminalizados 31 personas por oponerse a la instalación de la minera Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Este año fueron asesinados los defensores Alí Domínguez y Jairo Bonilla, así como Oquelí Domínguez.
Mientras que, en Azacualpa, en La Unión, Copán, región occidental de Honduras, fueron criminalizados 35 personas por defender el histórico cementerio Maya Chortí de San Andrés. Cuatro de estas personas continúan sometidas a un proceso judicial desde 2018, que a la fecha no ha culminado. Sumado a esto, contaban con dos sentencias que amparaban el camposanto frente a la expansión de Minerales de Occidente S.A. (Minosa), las cuales fueron violentadas para garantizar el proyecto minero y resultó en la destrucción del cementerio.
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En cuanto a los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, suman más 100 personas entre 2013 y 2022, según datos recolectados a partir del informe anual Análisis Global de Front Line Defenders. La mayor parte de estos casos se encuentran en impunidad, y sin un proceso de investigación culminado.
CHINCHILLA DEJA UN SALDO NEGATIVO EN EL MINISTERIO PÚBLICO
La abogada del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Kenia Paz, calificó como negativo el impacto que tuvieron los diez años de la administración de Óscar Chinchilla al frente del Ministerio Público.
Declaró que el resultado fue la violación sistemática a los derechos y la dignidad de las personas defensoras y sus familias. Lo que a la vez produjo impunidad, debido a que mientras la oposición era criminalizada, las empresas extractivas gozaron de beneficios, incluyendo la falta de supervisión y la ausencia de reclamos por parte de las instituciones del Estado.
“También provoca que defensoras del medio ambiente se aparten de la lucha porque saben qué van a ser criminalizadas y que el mismo estado las va a revictimizar, si no recordemos el caso de los compañeros de Guapinol, que, aunque se había resuelto un recurso de amparo, ordenando la libertad de ellos siguieron en prisión y con ellos siguen también padeciendo sus familias y sus entornos”, señaló Paz en conversación con Criterio.hn.
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Afirmó que nadie quiere ser vulnerado en sus derechos humanos y estos diez años con Chinchilla al frente del Ministerio Público, fue aprovechado por las empresas para destruir el medio ambiente sin ningún tipo de responsabilidad.
PAPEL DE CHINCHILLA COMO FISCAL FUE GARANTIZAR LA CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES
“El periodo del fiscal Óscar Chinchilla al frente del Ministerio Público se caracteriza por dos aspectos: por utilizar la institucionalidad del Ministerio Público para perseguira los defensores del medio ambiente, los luchadores y luchadoras sociales; y por otro lado garantizar impunidad a las élites políticas y a las élites empresariales que se beneficiaron de permisos ambientales y concesiones ambientales corrupta”, afirmó a Criterio.hn el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía.
El profesional del derecho remarcó que Chinchilla forma parte de un grupo de la élite económica, empresarial y política más corrupta del país, que tras el golpe de 2009 impulsó el “otorgamiento de concesiones, licencias ambientales y proyectos extractivos de forma fraudulenta y corrupta”.
Mientras esto ocurría, Mejía contó, el papel de Chinchilla fue “asegurar mediante la criminalización, por un lado, que no existiera oposición a la imposición de proyectos extractivos mineros, hidroeléctricos, manejo forestal en los territorios”. A la vez que protegió “a los corruptos y a las élites económicas que se beneficiaron de los otorgamientos”.
Óscar Chinchilla dejará su cargo el próximo 1 de septiembre, dejando tras de sí una estela de judicializaciones contra personas defensoras, algunas de las cuales presentaron denuncias por corrupción en la adjudicación de concesiones que no fueron investigadas en su momento y cuya impunidad, culminó en los asesinatos de estas personas.
Si bien es el final de su mando en el Ministerio Público, para Chinchilla aún quedan pendiente cuáles serán las menciones que saldrán del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández –acusado por delitos ligados al tráfico de drogas y armas– en febrero de 2024 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Después de todo la Fiscalía estadounidense previo al juicio de Geovanny Fuentes, citó una frase que habría salido de los labios de Hernández: “A Chinchilla lo puse ahí para protegernos”.
