Tegucigalpa, Honduras.- La abogada Jenny Gabriela Almendares, hija del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Juan Almendares Bonilla, no figura entre los dos candidatos que elegirá el Congreso Nacional para asumir la titularidad del Ministerio Público (MP) a partir del próximo uno de septiembre de 2023, por no respaldar intereses de la clase política y económica de Honduras.
Pese a que fue la mejor evaluada por la extinta Junta Proponente, que encabezó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Ráquel Obando, con una calificación de 95.55% de 100, Almendares no estaría entre las opciones del oficialismo, Partido Nacional y Liberal, bancadas con mayor número de diputados en el Congreso.
El principal motivo por el que Almendares no figura entre las opciones de tripartidismo, es porque en sus comparecencias públicas ha dejado claro que no obedecerá los intereses de la clase económica y política y, de esa manera, acabará con la hegemonía de impunidad que ha venido arrastrando el ente investigador desde hace más de una década.
“Soy una persona independiente sin inclinación por ningún partido político, en el caso de ser electa como fiscal general de la república, tengo que responder a los intereses generales de toda la población hondureña, no políticos”, dijo Almendares en medios de comunicación.
Almendares aseguró que, entre sus principales objetivos hipotéticamente logre la titularidad del MP, está acabar con la hegemonía de impunidad que se viene arrastrados desde la última década, para que la sociedad recobre la confianza en el ente investigador.
“Es importante hacer un diagnóstico profundo al Ministerio Público para identificar quién o qué está promoviendo la impunidad para erradicarla y lograr un mejor desempeño para bien del pueblo hondureño”, valoró.
Jenny Gabriela Almendares tiene 36 años de ser docente universitaria y cuenta con más de 15 años de experiencia de desempeñarse como fiscal titular del Ministerio Público. Siempre se ha inclinado por la defensa de los derechos humanos, en especial la de los pueblos vulnerables.
Desde el partido Libertad y Refundación (Libre), se rumora que apoyaran la candidatura del abogado Johel Zelaya, quien actualmente se desempeña como regidor de la alcaldía de Reitoca, en Francisco Morazán, en representación del Partido Liberal, pero sería el ungido del oficialismo.
En tanto, desde la bancada de los nacionalistas apoyarían al profesional del derecho, Marcio Cabañas Cadillo, también de afiliación liberal, con más de 20 años de carrera en el Ministerio Público, actualmente desempeñándose como procurador especial contra la corrupción.
Para Jimena García, integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, en el caso de que los diputados no elijan como fiscal general a Jenny Gabriela Almendares y como adjunto a Mario Morazán (ambos con la calificación más alta), pondrían en evidencia que sus intereses están lejos responder a la meritocracia y equidad de género.
“Jenny Almendares debe ser la próxima fiscal general, tanto por ser la mejor evaluada por la Junta Proponente, como por demostrar que es la mejor capacitada para asumir la titularidad del Ministerio Público, lo que demostró en sus entrevistas públicas”, valoró García.
“Si paso lo contrario, desde sociedad civil decimos que sería repudiable el trabajo del Congreso y dejaría el mal sabor de boca que dejó en la elección de los magistrados al no elegir a la abogada Ana Pineda, quien fue la mejor evaluada, pero no respondía a sus intereses”, agregó.
La abogada Ana Pineda, fue la mejor evaluada por la Junta Nominadora en el proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero su candidatura no fue acuerpada por ninguna bancada mayoritaria en el Congreso, evidenciando de esa manera que no buscaban profesionales capacitados, sino que respondieran a los intereses corruptos de la clase política y económica.
Nota relacionada: Ingobernabilidad en Congreso Nacional imposibilita elección de autoridades del Ministerio Público
SUENAN NOMBRES, PERO SIN CONSENSOS
Sin embargo, aunque estén sonando algunos nombres, los líderes de las bancadas aseguran que, a menos de cinco días para que se lleve este proceso de elección, todavía no han logrado consensos, pese a sostener varias reuniones.
Así lo dejó entrever el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien sostuvo que el Partido Nacional se ha negado a participar en diálogos para buscar consensos en el tema de la elección de la fiscalía.
“Hemos querido hacer acercamientos; hemos pedido hacer reuniones, les hemos dicho que hay que platicar, pero hemos sido rechazados en el tema de sentarnos a generar consensos y diálogos”, aquejó Carlos Zelaya, diputado de Libre.
Para el analista Olban Valladares las posturas que han adoptado las distintas bancadas del Congreso Nacional, al argumentar que no hay consensos o que otros partidos no quieren cooperar para llevar la elección de la fiscalía, es un cálculo político para, de esa manera, tomarse el tiempo y coincidir con un candidato que obedezca sus verdaderos intereses.
“El cálculo político pretende garantizar la impunidad, excusado de argumentos, pero no nos perdamos o recordemos, ¿por qué se pelearon por la Corte Suprema? Porque querían un correligionario, un amigo en ese poder, lo mismo pasará con la fiscalía”, planteó en medios de comunicación.
El Congreso Nacional, que desde el uno de agosto tiene en poder la nómina de los mejores cinco evaluados por la Junta Proponente, iniciará el proceso de elección hasta el martes 29, para así tener electas a las nuevas autoridades el 31 del mismo mes, que tendrían que entrar en funciones el uno de septiembre de 2023.
Sin embargo, si todavía no hay consensos y no han elegido al séptimo fiscal general y adjunto después del uno de septiembre, el actual fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, por mandato constitucional tendrá la obligación de continuar en el cargo hasta que los diputados elijan a sucesor.
