Tegucigalpa, Honduras.- Mario Roberto Urquía Fajardo, el abogado que estaba entre los favoritos para ser el próximo fiscal general por ser afín al oficialismo, quedó fuera del proceso de selección que está haciendo la Junta Proponente, luego que no valoraron el recurso de reposición que interpuso para ser reintegrado.
Urquía Fajardo, actual asesor legal de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, presentó el recurso de reposición el lunes 24 de julio, sin embargo, por carecer de argumentos válidos, cinco de los 7 integrantes de la Junta Proponente determinaron no admitirlo.
En el recurso de reposición, en síntesis, Urquía argumentaba que no tenía que ser marginado del proceso por la interpretación que le dieron a un artículo de la Ley de la Junta Nominadora, ente que se encargó llevar el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que él integró.
“Es una absoluta ilegalidad lo que se ha cometido en mi contra”, expresó Urquía en medios de comunicación tras interponer el recurso de reposición que no fue valorado.
El artículo 8 de la Ley de los nominadores, en el que se ampararon para dejar fuera a Urquía, dice literalmente que los miembros titulares y suplentes de esa instancia no podrán ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales en el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo en los dos años siguientes a su participación en esa instancia.
Sin embargo, de acuerdo a la interpretación que le dio el representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Odir Fernández, aunque el artículo no lo menciona de manera literal, el Ministerio Público viene formando parte de los poderes del Estado porque es el ente investigativo.
Por ejemplo, el representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Alejandro Hernández, la noche que la Junta determinó inhabilitar a Urquía, argumento que se hizo mal la interpretación de ese artículo porque el MP no es un poder del Estado y, por eso, no había argumento para la inhabilitación.
“A Urquía lo están dejando fuera por la mala interpretación que se le dio a un artículo. La interpretación que se le dio al artículo fue expresa y no literal, en consecuencia, le quitamos su derecho a continuar en el proceso cuando no hay suficientes argumentos para sacarlo”, dijo Hernández.
Para algunos sectores de la sociedad la Junta Proponente cometió un error a sacar a Urquía del juego, sin argumento legal válido y permitir que continúe en el proceso el abogado Yuri Fernando Melara, quien renunció al cargo de fiscal adjunto en 2005 y en 2017 fue salpicado por la comisión de varios delitos.
De igual manera, desde sociedad civil lamentan la inhabilitación de Luis Javier Santos, titular de la Unidad de Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) porque el Estado hondureño desde 2013 lo tiene demandado.
De interés: Luis Javier Santos queda fuera del proceso de selección del Ministerio Público
PROCESO DE LA JUNTA PROPONENTE
Los integrantes de la Junta Proponente tienen la función de seleccionar la nómina de los cinco mejores abogados evaluados. Después, tendrán que enviarla al Congreso Nacional para que, en una sesión de segundo grado, elijan al próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, para el periodo 2023-2028.
En la primera fase de este proceso, que inició el 20 de junio y terminó el 27 del mismo mes, la Junta Proponente recibió 26 postulaciones, de las que, a medida ha ido avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.
Durante la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta. Pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
La abogada Karen Alicia Motiño, afín al Partido Nacional, y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 al 3 de julio).
Después, los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumplía con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o fiscal adjunto y tampoco contó con el certificado de estar inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Entre tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.
Mientras se desarrollaba la fase de tachas y denuncias, lo equivalente a la segunda fase de este proceso, el abogado Alejandro Alvarenga Padilla renunció a su postulación y denunció que el trabajo de los proponentes está maniatado porque ya hay nombres y apellidos de las personas que tendrán los altos puestos de la fiscalía.
Después inició la tercera fase del proceso: pruebas toxicológicas, patrimoniales y psicométricas, mismas que se hicieron de manera paralela mientras los abogados denunciados tuvieron el tiempo para desvirtuar las denuncias interpuestas en su contra.
Luego de los resultados de las pruebas toxicológicas y proceso de tachas y denuncias quedaron fuera del proceso los abogados: Plinio Leonel Consuegra, Olga Janeth Flores, Marco Antonio Zelaya Reyes, Omar Bonilla y Luis Javier Santos.
Son 15 abogados que continúan en la recta final del proceso, mismos que se someterán a entrevistas públicas, en la que se le consultará, por ejemplo, las intenciones si llegan a ostentar la titularidad de la fiscalía.
