En esta oportunidad el listado sacudió al Partido Liberal al colocar a su presidente, Yani Rosenthal; al alcalde de El Progreso y secretario de esta institución política, Alexander López y al diputado por el departamento de Olancho, Samuel García.
Tegucigalpa. –El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó este miércoles 19 de julio la Lista Engel que señala por actos de corrupción a personajes políticos de Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua). Entre los señalados está el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, exfuncionarios nacionalistas y un exfuncionario del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Esta vez la Lista Engel ha sacudido a las autoridades del Partido Liberal, ya que, además de su presidente, han sido señalados el alcalde de El Progreso, Yoro y secretario general de esa institución política, Alexander López Orellana y el diputado por el departamento de Olancho, Samuel García Salgado.
La Lista Engel, también conocida como la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos que obedece a la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, requiere al Departamento de Estado la presentación de un informe al Congreso de Estados Unidos, identificando a las personas que han participado en acciones que socavan los procesos democráticos, corrupción y obstrucción de justicia en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
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LISTA ENGEL 2023, GOLPEA AL BIPARTIDISMO
Alex Alberto Moraes Girón: el exgerente administrativo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) fue involucrado en un caso de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de Covid-19, al defraudar al Estado de Honduras por la compra irregular de mascarillas y la adquisición de los hospitales móviles.
En 2023, Moraes Girón fue declarado culpable por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, por el delito de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, en el caso “el mascarillazo”.
Alexander López Orellana: el actual alcalde de El Progreso, Yoro y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, señalado de incurrir en una importante corrupción al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
En 2019 la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate Contra la Corrupción Pública, (FETCCOP), intervino la municipalidad de El Progreso, Yoro, para decomisar documentos y verificar denuncias de supuestos actos de corrupción.
Según la publicación del Ministerio Público la intervención se realizó a raíz que, en el 2016, al ejecutarse una de las primeras intervenciones a la municipalidad de El Progreso, se abrió una denuncia sobre el manejo y recolección de los desechos sólidos en El Progreso. Los primeros documentos decomisados revelan que el gobierno municipal liderado por López Orellana, suscribió un primer contrato con la empresa MC por 32 millones de lempiras y un segundo por 88 millones de lempiras.
“Ninguno de los contratos fue sometido a los procesos de licitación que establece la Ley de Contratación del Estado, ya que los mismos fueron otorgados de manera directa a la empresa MC”, cita el comunicado. Hasta el momento no hay más detalles de esta operación realizada por el ente acusador del Estado.
Edna Yolany Batres Cruz, exsecretaria de Salud, señalada de haber incurrido en una importante corrupción cuando defraudó al gobierno hondureño por más de USD 300,000 al confabularse con funcionarios de la referida institución y empresarios para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida.
En 2022 el Ministerio Público realizó una investigación a una red de corrupción que, entre marzo y septiembre de 2014, defraudó al Estado por más de 7.8 millones de lempiras (L.7,885,450.00), mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud.
La fiscalía señaló que la exministra de Salud, Yolani Batres, ha sido parte de esta red de corrupción por lo que fue acusada de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Según las indagaciones del ente acusador del Estado, se comprobó que estas contrataciones se dieron en violación a la ley y a las disposiciones generales del presupuesto, con procesos directos que buscaron favorecer a personas naturales y empresas de maletín y en los que se incorporó información falsa en torno a empresas que nunca participaron como oferentes, tratando de dar una apariencia que habían cotizado varias empresas a fin de obtener la oferta más favorable a la administración pública, simulación que fue descubierta por el Ministerio Público.
En marzo de 2023 la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción ratificó el auto de formal procesamiento y prisión preventiva para la exsecretaria de Salud, Yolany Batres.
No obstante, en junio de ese mismo año la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso interpuesto por la defensa de la exfuncionaria para que esta se defienda en libertad.
Jesús Arturo Mejía Arita: exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), incurrió en una importante corrupción al otorgar contratos no competitivos o sobrevaluados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.
Miguel Rodrigo Pastor Mejía: exdirector de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, participó en una importante corrupción, lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros, propietarios de una empresa constructora a la que el exfuncionario le otorgó un contrato por 2,76 millones de dólares.
Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich: exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, exministro de Energía y exasesor presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos estatales a través de la sobrevaluación de proyectos de obras públicas.
Samuel García Salgado: actual diputado del Congreso Nacional por el departamento de Olancho, bajo la bandera del Partido Liberal, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.
Víctor Elías Bendeck Ramírez: un empresario y exdiputado del Parlamento Centroamericano, se involucró en una corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, y al usar su influencia con funcionarios gubernamentales para su beneficio personal.
Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo: el actual presidente del Partido Liberal en Honduras, según Estados Unidos socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también ha sido señalado por usar su influencia con los funcionarios del gobierno para eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de una compañía de cable propiedad de su familia.
En octubre de 2017, Rosenthal fue acusado y sentenciado a 36 meses de prisión en Estados Unidos, por lavado de activos proveniente del narcotráfico para el cártel de los Cachiros, una organización criminal hondureña que traficaba drogas.
Tras su regreso a Honduras, Rosenthal se postuló de nuevo como precandidato presidencial para las elecciones internas de marzo 2021, para sorpresa de gran parte de la población resultó ganador de los comicios primarios. En noviembre de ese mismo año participó como candidato presidencial, pero paso sin pena ni gloria.
Marcelo Antonio Chimirri Castro: exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), incurrió, según el señalamiento del Estados Unidos, en una importante corrupción al cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos al intimidar a periodistas.
En marzo de 2022, un juez de ejecución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decretó extinguir la condena por actos de corrupción contra Chimirri, quien fungió como gerente de Hondutel durante el gobierno liberal del expresidente Manuel Zelaya Rosales -derrocado en 2009-.
Chimirri, quien es pariente de la presidenta Xiomara Castro, se amparó en el decreto 4-2022, aprobado en el Congreso Nacional. Gracias a esta normativa, que se conoce como “pacto de impunidad”, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión luego de haber sido condenado, en 2018, por tres delitos de corrupción.
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LIBERALES REACCIONAN
En Twitter el presidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal, rechazó las acusaciones vertidas en la Lista Engel, mismas que catalogó como “infundadas”.
Rosenthal negó haber intervenido en la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como lo señala el Departamento de Estado de Estados Unidos. “Yo no voto en las elecciones del Congreso. No soy diputado y, por tanto, no elijo magistrados”.
El también excandidato presidencial negó además haber utilizado sus influencias para evitar que una empresa familiar de cable haya sido exonerada de sanciones por parte del gobierno, como lo apunta el señalamiento de la Lista Engel. “En cuanto a las empresas mencionadas no guardo relación comercial ni societaria con ellas”, dijo.
Por su parte el diputado liberal, Samuel García, aseguró que no está involucrado en ninguna actividad ilícita y que su mención en la Lista Engel se debe a su voto a favor de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Durante una entrevista a un canal de televisión, dijo ser inocente y que le parece absurdo que su nombre esté en dicho listado. “¿Qué influencia puedo tener yo? Mi conciencia está tranquila”, declaró.
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EXPRESIDENTES SALVADOREÑOS Y FISCAL GUATEMALTECA, INCLUIDOS EN LISTA ENGEL
En el listado también fueron incluido dos expresidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén y Carlos Mauricio Funes Cartagena, y la fiscal guatemalteca Cinthia Edelmira Monterroso Gómez.
El documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que Sánchez Cerén participó en una importante corrupción al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de 1.3 millones de dólares en fondos públicos.
Además, participó en un plan para desviar 183 millones de dólares en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente.
Mientras que, el exmandatario Carlos Mauricio Funes Cartagena, participó en una importante corrupción al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas del Estado.
Por otro lado, Cinthia Edelmira Monterroso Gómez integrante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) es señalada de haber socavado los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Monterroso Gómez dirigió, en julio de 2022, el operativo de captura del periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico, uno de los diarios más críticos con el gobierno de Alejandro Giammattei y con la fiscal general Consuelo Porras. Zamora fue condenado el 14 de junio pasado a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero.
La Lista Engel incluyó en esta oportunidad a diez hondureños, diez guatemaltecos, trece nicaragüenses y seis salvadoreños.
