Tegucigalpa, Honduras. – La militarización del sistema penitenciario en Honduras ha traído consigo una serie de opiniones, van desde los que están a favor y avalan las imágenes difundidas por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), mismas que son similares a las del país vecino: El Salvador; y los que están en contra por las múltiples violaciones a los derechos humanos de los que, los militares han sido protagonistas.
Defensores de derechos humanos a nivel nacional y organismos internacionales tienen la mirada en el accionar de los militares sobre el control penitenciario, cedido por la mandataria hondureña, Xiomara Castro.
La portavoz del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Marta Hurtado informó que los privados de libertad en Honduras, han sufrido agresiones por parte de militares.
De acuerdo con el monitoreo inicial de OACNUDH e información proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil y otras fuentes, respecto a las operaciones militares en las cárceles, Naciones Unidad indica “los internos, en particular aquellos presuntamente asociados con pandillas, han sido golpeados y pateados por policías militares”.
Además, Marta Hurtado señaló “a los reclusos se les racionó la comida y el agua y también se les ha privado del sueño, lo que puede constituir malos tratos”.
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RETROCESO DE LA DESMILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Analistas son de la opinión que la mandataria hondureña al ceder el control de las 25 cárceles a nivel nacional a la Policía Militar del Orden Público, entró en contradicción con su propuesta de campaña y el proceso de la desmilitarización de la seguridad pública, mismo que anunció en febrero de 2022.
“A partir del 28 de febrero, las Fuerzas Armadas de una forma gradual iniciarán el proceso de salida de la administración y custodia del sistema penitenciario del país”, expresó Xiomara Castro, presidenta de Honduras, en su discurso de entrega de bastón de mando de las FF AA.
Sin embargo, a 17 meses de lo que podría ser la desmilitarización, esta promesa quedó en el olvido, la mandataria hondureña, luego de la matanza de 46 mujeres al interior de PNFAS ocurrida el pasado 20 de junio, cedió el control a la PMOP como parte de las “medidas drásticas” que anunció.
Desde el pasado 26 de junio han circulado, a través de las redes sociales, imágenes que emulan la política de seguridad en la Mega cárcel de El Salvador. La PMOP inició con la operación “Fe y Esperanza” y han desarrollado operaciones militares en todos los centros penitenciarios del país, lo que defensores de derechos humanos califican como un retroceso a la desmilitarización
Esta ordenanza a la PMOP, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, la catalogó como una grave contradicción frente a los estándares internacionales de derechos humanos y a las recomendaciones planteadas al Estado de Honduras por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
En ese sentido, Martha Hurtado, instó a las autoridades hondureñas a garantizar de manera urgente la existencia de una supervisión –tanto interna como externa—, de las operaciones militares en las cárceles, así como del mando y control del sistema penitenciario, para evitar violaciones de los derechos humanos. “Las denuncias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza deben investigarse sin demora”, refirió.
Estos centros –catalogados como “escuelas y universidades del crimen—, han sido administrados, a lo largo de la historia, por policías y militares que han sido acusados de estar coludidos con el crimen organizado, trasiego de drogas y armas.
URGEN AL ESTADO DE HONDURAS GENERAR UNA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD
Históricamente, en los centros penitenciarios se vive una crisis, generada por el hacinamiento, mora judicial, amotinamientos, asesinatos e incendios al interior de estos recintos controlados por los privados de libertad y además por la mala administración y el fracaso de juntas interventoras.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en su informe “Situación de derechos humanos en Honduras 2022”, señaló que el sistema penitenciario alberga 19 mil 842 personas privadas de libertad de las cuales el 51.6% no cuentan con sentencia firme, situación que incrementa el problema del hacinamiento que hasta diciembre de 2022 alcanzó un 34.2%.
En ese sentido, recomiendan al Estado de Honduras a generar una política integral en materia de seguridad que proteja a las hondureñas y los hondureños y garantice sus derechos fundamentales, además de un control civil del sistema penitenciario y evitar el control militar como lo recomendó el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).
Por su parte, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, dijo a Criterio.hn que “es importante que las medidas que se tomen consideren las causas estructurales de los problemas crónicos del sistema penitenciario, que sean respetuosas de los derechos humanos y no funcionen únicamente como medidas que buscan generar un impacto de muy corto plazo”.
OACNUDH, recordó al Estado de Honduras que los esfuerzos para hacer frente al desafío penitenciario deben basarse en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). “Esto no sólo servirá para garantizar la dignidad humana de las personas privadas de libertad, sino que también redundará en beneficio de la seguridad pública y la cohesión social de las sociedades en general”, puntualizó la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
