Tres proponentes afines al gobierno votaron a favor para inscribir fuera de tiempo a viceministro de seguridad como aspirante a fiscal general del Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras.-Tres de los siete integrantes de la Junta Proponente encargados de llevar el proceso de selección de abogados aspirantes al cargo de fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) votaron a favor para aceptar la postulación fuera de tiempo que presentó el subsecretario de Seguridad en Prevención y Derechos humanos, Hugo Adalberto Suazo Ortiz, algo pudo haber manchado y evidenciado la inherencia del poder en la selección.
En una escueta carta enviada el lunes 3 de julio, dirigida a los proponentes, el abogado Suazo, que, en el periodo presidencial de Manuel Zelaya Rosales, también fungió como viceministro de seguridad (2006-2009), explicó los motivos por lo que no entregó su postulación durante los 7 días que duró este proceso (19 al 25 de junio).
“Comparezco a solicitar ampliación del tiempo de auto postulaciones para el cargo de fiscal general en virtud de haber tenido retrasos en la obtención de constancias remitidas por el Servicio de Rentas y el alto comisionado de los Derechos Humanos (…) pido admitir el presente escrito”, solicitó.
Aun trabajando contra el reloj y, que aceptar esta postulación fuera del tiempo estaría atentando contra la norma de los proponentes, el secretario de la Junta y magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, en completa complicidad solicitó que ese tema debería de ser resuelto en una votación.
Antes de iniciar la votación, Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) e integrante de la Junta Proponente, con respecto al argumento de Suazo, que no se le entregaron los documentos a tiempo, dijo que desde hace varios días se estaba proporcionando la información a los profesionales del derecho y, si él no la obtuvo a tiempo, fue por negligencia.
“Es una constancia que se tarda de dos a tres días en emitirse, que no se le entregó a tiempo no es una razón para considerar ampliar el tiempo de la autopostulación”, aseveró Izaguirre en la sexta reunión de la Junta Proponente en la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
De igual forma, José Ramón Ávila, integrante de la sociedad civil, y Odir Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ambos integrantes de la Junta Proponente, respaldaron las posturas expuestas por sus compañeros Izaguirre y Raudales, al no permitir que el proceso de convocatoria sea postergado.
Sin embargo, el magistrado Wagner Vallecillo justificó que un error de imprecisión cualquiera lo puede tener y, el argumento presentado por Suazo, es causa justificable para postergar el proceso de convocatoria, por lo que no sería correcto dejarlo por fuera, pese a que presentó los documentos fuera del tiempo establecido.
El tema fue sometido a votación: a favor votaron Rebeca Ráquel Obando, Wagner Vallecillo y Alejandro Hernández del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y, en contra, estuvieron Odir Fernández, Blanca Izaguirre, José Ramón Ávila y Julio Raudales, dejando, por mayoría, sin validez la postulación del subsecretario de Seguridad.
De haber aprobado esa postulación, se pone en evidencia que el oficialismo podría tener inherencia en el interior de la Junta Proponente, principalmente en los integrantes que ostentan altos cargos de la Corte y el proceso, desde el principio, se hubiera visto manchado y maniatado, algo que no permitieron los cuatro integrantes de la Junta que votaron en contra de esta plena irregularidad.
El 25 de junio, el proceso de postulaciones cerró con 26 personas, de las que, hasta el momento, sólo se contabilizan 24 y mañana, 4 de julio, podría quedar con 23, porque Lesly Sarahí Cerna, titular de la Secretaría de Trabajo renunció al proceso, la exdiputada Sobeyda Andino fue inhabilitada y, posiblemente, la abogada Karen Motiño también sea apartada por presentar documentación falsa.
Lea: 20 aspirantes a fiscal general y adjunto tienen hasta hoy para subsanar documentosTACHAS Y DENUNCIAS, LO QUE SIGUE
Después del proceso de convocatoria y análisis de los perfiles, la siguiente función de los integrantes de la Junta, es abrir el proceso de tachas y denuncias, en la que la población jugará una parte muy importante porque podrá denunciar a los abogados que no cumplen con los requisitos para llegar a la fiscalía.
En síntesis, este proceso se trata de que, de acuerdo con el reglamento, los hondureños pueden llegar hasta la Escuela Judicial, y en un sobre, entregar la denuncia y el sustento del por qué, para que después la Junta evalúe si es real el aquejo y alejar del proceso al profesional del derecho.
Después de ese filtro, los abogados serán evaluados con base en su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia procesal y penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego seleccionar a los mejores cinco, nómina que el 21 de julio la Junta presentará ante el Congreso.
En esta nómina que seleccione la Junta, tendrán que incluir dos mujeres y tres hombres, según lo establece la norma de la Junta Proponente, para que los diputados, en una elección de segundo grado, con la mayoría calificada de votos (86), elija a las dos nuevas figuras del Ministerio Público, que actualmente ocupan Óscar Fernando Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal adjunto), que dejarán sus puestos el próximo 31 de agosto, para que los nuevo entren a más tardar en funciones el 1 de septiembre.
El antecedente más reciente por el que no ha gustado el desempeño de Chinchilla es porque no logró y no se pronunció por la crisis que se vivió este 2023 en el MP, en el que los empleados llegaron al extremo de no recoger cadáveres en el país, por pedir un reajuste salarial, entre otras cosas.
Y el más alejado es que a Fernando Chinchilla lo señalaron de ser unos de los brazos fuertes del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien no le abrió ningún proceso de investigación y que hoy guarda prisión en Estados Unidos por tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
