Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Los juristas hondureños que acompañan a Oscar Castro Soto, hermano de Gustavo piden que la Sala de lo Constitucional resuelva un recurso de habeas corpus que se interpuso el 16 de marzo, ya pasaron 14 días y no hay respuesta y los magistrados de esa sala están incurriendo en un delito de abuso de autoridad porque la Constitución de la República dice que hay que resolverlo de inmediato.
Lo anterior lo señaló, Edy Tabora, quien es parte del equipo jurídico que representa al sociólogo mexicano, Gustavo Castro Soto, testigo del asesinato de Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo en la Esperanza, Intibucá.
Tabora, también miembro de la coalición de defensores humanos, señaló que la primera resolución que emitió la jueza Victorina Flores el 4 de marzo decía que Gustavo Castro podía salir del país y testificar desde su país, pero 24 horas después dijo que no podía.
Esa decisión la tomó la jueza, luego de una visita del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta a ese juzgado.
La sala de lo constitucional es nueva y no está integrada por ningún constitucionalista y a pesar que hay 21 opiniones jurídicas de organizaciones internacionales, incluyendo la opinión jurídica del exjuez español Baltazar Garzón, para que la sala se ilustre como resolver frente a los recursos que se han presentado.
Los juristas hondureños que acompañan a Oscar Castro Soto, hermano de Gustavo piden que la Sala de lo Constitucional resuelva un recurso de habeas corpus que se interpuso el 16 de marzo, ya pasaron 14 días y no hay respuesta y los magistrados de esa sala están incurriendo en un delito de abuso de autoridad porque la Constitución de la Republica dice que hay que resolverlo de inmediato, apunto de manera enérgica, Edy Tabora.
Se pide a la corte de apelaciones de la ciudad de Comayagua que resuelva el recurso de amparo presentado el 16 de marzo por las violaciones al derecho a la libertad, derecho a la libre locomoción y el derecho a la integridad psicológica de Gustavo Castro.
Al Fiscal General de la República, Oscar Armando Chinchilla, que se ha hecho el desentendido, se le presentó una solicitud para que retirara la petición que hicieron ante el juzgado de la Esperanza, Intibucá para la prohibición de la salida del país a Gustavo Castro y le pidieron que diera una respuesta por escrito a la solicitud presentada el 15 de marzo.
Igualmente se pide a la jueza de la Esperanza, Intibucá, Victorina Flores que este miércoles se le presentó una reconsideración para que cambie su postura de negar la salida a Gustavo Castro pese a que hay una petición de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Tabora señaló que la jueza Flores ha omitido muchos de los deberes que tiene de conocer la Constitución de la Republica y los tratados internacionales. Ha cometido distintos y diversos ilícitos establecidos en el Código Penal como abusos de autoridad.
Finalmente apuntó que estamos en una total indefensión jurídica en este país, estamos en una incertidumbre jurídica, porque ni siquiera la Sala de lo Constitucional que dijeron que iban a cambiar la situación de administración de la ley en este país lo han hecho.
