Del 1 de enero al 31 de mayo se registran 257 muertes violentas de niñez y juventud, entre las edades de 0 a 30 años. Durante el mes de mayo se observa un incremento del 26 % en comparación con las muertes registradas en abril
Tegucigalpa, Honduras. – La Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) informó que durante el mes de mayo de 2023 se registraron 61 muertes violentas de niñez y juventud.
En comparación con las muertes registradas durante abril, se observa un incremento del 26 %, es decir 12 muertes más. El 72% (44) fueron jóvenes entre los 19 a 30 años de edad y el 28% (17) fueron niñas y niños entre 0 a 18 años. El 82% (50) de las víctimas fueron hombres y 18% (11) fueron mujeres.
“La ola de violencia en el país es imparable y esto nos preocupa sumamente”, expresó el director ejecutivo de la Red Coiproden, Wilmer Vásquez.
Pese a estar bajo un estado de excepción –instaurado desde el 6 de diciembre de 2022 por mandato de la presidenta Xiomara Castro y fuertemente cuestionado por defensores de derechos humanos y organismos internacionales— de acuerdo con Vásquez el incremento de las muertes violentas de niñez y juventud “ha sido significativo”.
Del 1 de enero al 31 de mayo se registran 257 muertes violentas de niñez y juventud, entre las edades de 0 a 30 años.
Honduras cerró el 2022 con una tasa de homicidios de 35.8 muertes por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional. De estas muertes, el 38% fueron jóvenes entre 18 y 30 años, estos datos evidencian que siguen siendo el segmento poblacional más afectado.
CAUSAS ESTRUCTURALES
El fenómeno de la delincuencia y criminalidad tienen un fuerte impacto negativo en los derechos de niñas, niños, adolescentes, especialmente cuando estos son cooptados por estas estructuras que se valen de la exclusión social y pobreza.
Según datos del INE, el 84% de la niñez de 0 a 17 años se encuentra en situación de pobreza y un 65% en pobreza extrema. Y en general la ciudadanía hondureña lucha a diario con niveles de pobreza que alcanzan al 73% de la población, mientras que la pobreza extrema al 54%.
Estos índices de pobreza enmarcan el abandono estatal y actos de corrupción que históricamente ha sufrido Honduras. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que “la existencia de marcadas desigualdades sociales, aunadas con otros elementos como el tipo de respuesta estatal y la pertenencia a algún grupo históricamente discriminado guarda una mayor vinculación con la violencia y la inseguridad”, vinculación de la que son objeto la niñez y juventud hondureña.
Para Mirna Flores, del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) la prevención de la violencia –que está arrebatando la vida de niños y jóvenes— “es un problema pendiente de abortar con la rigurosidad que amerite el caso para darle respuesta a los jóvenes, porque realmente son las principales víctimas de la violencia en este país”.
Sin embargo, Mirna Flores, espera que en este gobierno se tomen algunas medidas que tiendan a abordar el enfoque más desde lo preventivo y reducir de alguna manera las cifras alarmantes de muertes, además de crear más oportunidades para la niñez y juventud.
Recientemente en la visita in Loco, la CIDH reconoció que, en Honduras, los desafíos en derechos humanos se enfrentan a una realidad compleja en la que confluyen factores y problemas estructurales y de larga data, pendientes e impostergables.
Además, la CIDH señaló que, en este contexto caracterizado por violencia y presencia de estructuras criminales en gran parte del país, miles de niñas, niños y adolescentes son víctimas de diversas formas de violencia, incluyendo la sexual, así como reclutamiento forzado por grupos dedicados al crimen organizado.
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EL ESTADO DEBE ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS
El CESPAD en su análisis “Estado de excepción en Honduras: ¿reciclaje de las políticas de seguridad de mano dura?, fortalece la remilitarización de la seguridad ciudadana, y además sus escasos resultados y las graves consecuencias para los derechos humanos, deslegitiman las políticas de mano dura.
Analistas coinciden que esta política –utilizada por el Partido Nacional desde el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) y de los últimos gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022)— únicamente abonan a la criminalización de los jóvenes que muchas veces se ven obligados a huir del país por altos niveles de violencia.
La analista en materia de seguridad, Mirna Flores lamentó que en Honduras todavía se continúe adoptando medidas de “mano dura” como el estado de excepción, que con su aplicación constante es una emulación de la política de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Al respecto, Mirna Flores recordó que la presidenta Castro, en su campaña política –antes de vencer al Partido Nacional que gobernó por 12 años consecutivos—, “prometió atender la seguridad bajo un enfoque preventivo y hasta ahora, lo que vemos, es un enfoque más reactivo que preventivo”, señaló Flores.
Por su parte, el director Ejecutivo de Coiproden, Wilmer Vásquez, ante esta situación de violencia realizó un llamado a los operadores de justicia, a la Policía Nacional y al gobierno de la República, “para fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana y sobre todo garantizar la protección integral de la vida de la niñez y juventud de nuestro país”.
Este panorama, deja claro que el Estado no ha desarrollado políticas públicas para la prevención de la violencia, mismas que se deben abordar desde una perspectiva de desarrollo humano que permita a la juventud salir de una situación de pobreza y de extrema pobreza.
El Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), señala que el 32.3 %de la población cree que la niñez y juventud son las principales víctimas de la violación sistemática de sus derechos humanos.
La Red Coiproden, en su monitoreo de medios de comunicación, durante el 2022 contabilizó 569 muertes violentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
