Para nadie es un secreto que los cargos de mayor relevancia en el Ministerio Público ya han sido pactados por el tripartidismo y con ello se cierra el espacio para los profesionales independientes.
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. – El procedimiento para elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto (para el ejercicio 2023-2030) es nebuloso debido a que carece de reglas claras apegadas a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), lo que deja estrechos para que pueda ser politizado o amañado.
El proceso ha generado preocupación y dudas por las declaraciones de algunos diputados, que aseguran que los cargos de la Fiscalía serán repartidos a través de componendas entre los partidos políticos tradicionales del país.
Las declaraciones de los diputados tienen sustento en un pacto público que se conoció previo a la elección de los y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando se acordó la distribución de las cuotas de poder por parte de los tres partidos mayoritarios (Libre, Nacional y Liberal) en aquellas instituciones donde se requiera de elección de segundo grado. Fue así como se acordó reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público y el reparto de los máximos cargos en esta institución.
El acuerdo, que es reconocido oficialmente, ha provocado que sectores sociales expresen su preocupación por que ya se traslucen nombres de representantes de políticos ocupando los cargos más importantes en la estructura del Ministerio Público que, según la ley, entrarán en funciones a partir de septiembre de este año.
Uno de esos sectores es la Coalición Anticorrupción que advierte: “Esto abre las posibilidades a mayores injerencias partidarias en esta primera etapa, aumenta la desconfianza en cuanto a que la elección no responde a criterios por méritos e idoneidad, y con ello, puede generar el rechazo de profesionales idóneos a participar en la elección”.
La observación de la Coalición Anticorrupción sería producto de las aseveraciones del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Rodríguez, quien días después de que se conformara la Junta Proponente ventiló que se están haciendo acuerdos bajo la mesa para repartir la Fiscalía a cambio de favores políticos.
“A los liberales se les daba el fiscal general y no lo quieren, esa era la negociación y el fiscal adjunto era de nosotros (Libre). La otra figura (segundo fiscal adjunto) se iba a aprobar en el Congreso Nacional mediante una reunión que adquiera una mayoría calificada por ser una reforma”, expresó hace unas semanas.
Para algunos analistas, la versión del congresista del oficialismo refuerza las intenciones con la que podría jugar la carta política en esta elección de la Fiscalía, ya que el acuerdo entre el tripartidismo establece, además del reparto de los cargos, una reforma a la Ley del MP, que podría orientarse a la creación de un segundo fiscal adjunto y que la dirección de la Fiscalía se someta a elección.
La Ley del MP indica que el encargado de elegir al director de fiscales es el fiscal general de la república, motivo por el que desde el Congreso pretenden llevar a elección ese cargo, con el fin de entregarlo a un partido político y así hacer una distribución tripartidista.
Ante eso, la Coalición Anticorrupción propone que se elabore un reglamento interno para la selección de los fiscales, con los estándares de difusión, independencia, transparencia y meritocracia, que se utilizaron en la elección de los magistrados de la CSJ, y que se respeten los requisitos internacionales propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El artículo uno de la Ley del MP especifica que dentro de sus fines y objetivos está representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad y que la elección de sus máximas autoridades debe gozar de plena independencia, legitimidad, transparencia y máxima difusión. Sólo así podría haber garantía de que la o el fiscal general y adjunto, sea asumida por personas capaces, independientes y honestas.
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SIN RESPUESTA
Criterio.hn trató contactar a los representantes de la Junta Proponente para saber cómo va el proceso de elección, o si crearán normas para que este sea apegado a la transparencia. Pero no se obtuvo respuesta hasta la publicación de este artículo.
Sin embargo, este medio conoció que, después de la instalación de la Junta Proponente (el miércoles 31 de mayo), no se ha vuelto a realizar otra reunión entre los integrantes, lo que en el futuro significaría un punto en contra porque trabajarán en contra el reloj, ya que, a partir del 1 de septiembre tendrían que estar electas las nuevas autoridades de la Fiscalía.
“El tiempo es el principal reto, sólo quedan dos meses para hacer este trabajo de selección, eso significa trabajar de manera acelerada, no dándole el análisis necesario a los perfiles de los auto postulantes”, sostuvo el asesor nacional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Andrés Pérez Munguía.
Dijo que la Oacnudh ha presionado para que este proceso no sea ralentizado, incluso han solicitado al Congreso Nacional hacer reformas a la Ley de Ministerio Público para acortar el tiempo de la conformación de la Junta Proponente (que ya está) para que al momento de trabajar en la selección de candidatos no se haga contra el reloj, lo que podría permitir flaquezas en el proceso.
CARGOS REPARTIDOS
Los cargos de fiscal general y fiscal adjunto ya están repartidos entre los partidos políticos con mayor craga electoral, pero la Junta Proponente tiene la oportunidad de contrarrestar esa segmentación descartando a candidatos que particularmente se postulen obedeciendo este tipo de intereses, consideró la representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen.
“Ya sabemos que eso está repartido, lamentablemente; ya sabemos que hay nombres que suenan de personas que están arrodillados a los intereses malignos, pero la Junta Proponente tiene esa labor fundamental, de dejar fuera a esas personas que no tienen el compromiso de velar por la justicia y la defensa de los derechos humanos”, analizó.
Agregó que “la Junta Proponente tiene un papel muy crucial porque sólo tienen que escoger a los cinco mejores capacitados e idóneos, los que respondan a lo que requiere un puesto de esa naturaleza (…) y es ahí donde se puede entorpecer cualquier plan que los políticos hayan orquestado para la elección del fiscal”.
Aunque la Junta Proponente haga un trabajo enmarcado a la legalidad, e incluso creen normas para que la elección de los fiscales sea de forma transparente, la carta política en el Congreso se encargará de elegir a los dos mejores aliados que tengan para otorgarles el poder de la Fiscalía hondureña, según Blen.
“Los diputados, para llegar al poder le hacen promesas de cambio a la ciudadanía y cuando ya están sentados en el curul se les olvida. Eso lo hemos visto años atrás y lo seguimos viendo; el antecedente más cercano fue la elección de los magistrados y lamentablemente se puede repetir con los fiscales”, señaló.
JUNTA PROPONENTE
La Junta Proponente está conformada por la presidenta de la CSJ y un magistrado designado por el pleno; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) a través de su titular; un representante de la UNAH y de las universidades privadas; un representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y uno de la sociedad civil.
Esta Junta Proponente, una vez conformada, tiene la labor de convocar a los aspirantes a fiscales de la República, y una vez cumplido este procedimiento, tendrá la función de revisar e investigar los perfiles de manera minuciosa en la que la población tendrá la oportunidad de denunciar o tachar si él o la aspirante ha tenido actos reñidos con la Ley, ha violentado los derechos humanos o si responden a componendas políticas.
Después de llevar el proceso, de tachas y denuncias, los aspirantes serán evaluados con base a su experiencia como operadores de justicia, principalmente en materia penal y procesal, y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100, para así seleccionar a los mejores cinco.
De acuerdo a la Ley del MP, los cargos de fiscal general y fiscal adjunto poseen un rango constitucional y que, por lo tanto, su selección será por la elección de segundo grado que efectúa el Congreso Nacional, necesitando la mayoría calificada, es decir, 86 votos.
Según los analistas, la Junta Proponente del MP debería heredar la transparencia con la que la Junta Nominadora desarrolló el proceso de elección de los magistrados de la CSJ, en donde salieron muchos aspirantes vinculados a partidos políticos y señalados por cometer delitos.
El actual fiscal general, Óscar Chinchilla y el fiscal adjunto, Daniel Sibrián, terminan en agosto sus gestiones y, durante su operatividad fueron cuestionados por actuar de manera política en algunos casos, como en el del expresidente Juan Orlando Hernández (privado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico) por lo que organizaciones de sociedad civil esperan que los nuevos fiscales no respondan a intereses particulares.
