Por: Daniel Girón
Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno hondureño determinó aumentar la cantidad de personal castrense con más de 500 efectivos de la de la Policía Militar del Orden Pública (PMOP) que se unirán a los trabajos de las Fuerzas Armadas (FF.AA) para contrarrestar la criminalidad que azota la nación en la prolongación del estado de excepción, que estará vigente hasta el próximo 5 de junio.
El 19 de mayo, las Fuerzas Armadas anunciaron que más de 500 policías militares se integraron a sus operaciones, y un día después se extendió el estado de excepción por 45 días, según el PCM-24-2023 publicado en el diario oficial La Gaceta.
Aunque no es nueva la militarización durante el estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, la acción cobra relevancia por el poder que las autoridades le mantienen a las Fuerzas Armadas durante este estado de emergencia nacional.
Por ejemplo, el antecedente más reciente que ratifica el poderío de la institución armada fue el cuatro de abril, cuando entró en vigor la segunda etapa del plan “Solución Contra el Crimen”, en la que se les permitió a los militares la intervención de siete de los 18 departamentos de Honduras.
Esa decisión, en consecuencia, ha generado cuestionamientos porque a la institución armada se les está atribuyendo facultades que van en contra de la ley y para las cuales no están preparados, como, por ejemplo, convivir con la población.
El artículo 272 de la Constitución de la República especifica que las Fuerzas Armadas cooperarán con la Policía Nacional para conservar el orden público, contrario a la decisión de las autoridades al facultar a los militares para encabezar intervenciones en los siete departamentos.
“El problema es incorporar a los militares en acciones de reacción de seguridad interna por los antecedentes históricos, donde los militares han jugado un papel negativo en la violación de los derechos humanos”, dijo a Criterio.hn, Carlos Sierra, coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
Argumentó que los militares no deben encabezar operativos de seguridad interna “por su susceptibilidad y debilidad”, que los posiciona como presas fáciles para ser chantajeados por el crimen organizado y narcotráfico.
Consideramos que es un riesgo siempre que se anuncia que colocarán militares en acciones de seguridad interna porque los antecedentes de su actuación los ponen en evidencia (…) son susceptibles a la contaminación porque no están formados para convivir con la sociedad
Los militares no cuentan con la capacidad para garantizar seguridad interna a los ciudadanos y los policías, sí, ellos están formados en su doctrina para combatir al enemigo, para acabar con el enemigo.
Sierra advirtió que no se debe exigir ni pedir resultados a los militares en su intervención en el estado de excepción, sino que se debe cuestionar el motivo por el que los entes de seguridad del gobierno de Xiomara Castro priorizan darle más facultades que no les corresponden.
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PÉRDIDA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CON ESTADO DE EXCEPCIÓN
A criterio de Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), el factor principal que pone en evidencia cómo se vulneran los derechos humanos de la sociedad por parte de los militares y policías es la falta de garantías constitucionales desde el inicio del estado de excepción.
Desde que se suspenden garantías constitucionales se están violentando los derechos humanos. Desde que se faculta a policías y militares a hacer allanamientos o hacer arrestos sin ningún tipo de orden judicial se vulneran los derechos humanos
Desde que se implementó el estado de excepción en Honduras, a la población se le suspendió seis derechos garantizados en la Constitución de la República (contemplados en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99), como, por ejemplo, la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio.
La congresista advirtió que la ratificación del estado de excepción en el Congreso Nacional del estado de excepción corre peligro porque hay varios diputados que están en desacuerdo por la violación de los derechos humanos y falta de efectividad.
Esa postura cobra fuerza después del cuestionamiento que hizo la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló que el estado de excepción debe de tener una fecha final porque no puede convertirse en “normal” para los hondureños.
DESDE LA ÓPTICA POLICIAL
El estado de excepción es un tema que ha generado una ola de críticas para el gobierno de Castro, pero el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, sostuvo que los resultados se están comenzando a ver y se continuarán viendo progresivamente.
Por ejemplo, Sánchez mencionó que, desde el primero de enero al 30 de abril del presente año, -fecha más actualizada-, se logró reducir alrededor de 340 homicidios vinculados con el cobro de extorsión en comparación a los primeros meses de 2022.
Además, con relación a los allanamientos de vivienda que desde el estado de excepción no se necesita de una orden judicial para hacerlo, aseguró que desde 2021 hasta diciembre de 2022 se hicieron sólo 205, mientras que desde que está en vigor el estado de emergencia se han realizado más de dos mil.
Según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), desde el primero de enero hasta el 22 de mayo de 2023 han muerto de forma violenta 1,471 personas, entre ellos, mujeres, menores de edad y del sector transporte, uno de los más afectados por el cobro de extorsión.
