Antes del 1 de septiembre de 2023, Honduras deberá contar con un nuevo fiscal general, que sustituirá a Óscar Chinchilla. La elección, similar a la de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, generará una nueva lucha de poderes en el país
Tegucigalpa, Honduras. – La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) señala que es fundamental que el proceso de nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público se rija bajo criterios de igualdad, no discriminación, formación, mérito y transparencia, incluyendo amplia participación ciudadana.
La Comisión presentó un informe de recomendaciones preliminares tras su visita in loco, desarrollada del 24 al 28 de abril de 2023. En el documento exponen garantizar la independencia de la fiscalía es avanzar en el combate a la corrupción y a la impunidad, fenómenos persistentes en Honduras.
Asimismo, la Comisión confía en que el Ministerio Público adopte medidas para garantizar el principio de debida diligencia en las investigaciones a su cargo.
El proceso destinado a la proposición y elección del fiscal general y del fiscal general adjunto, es similar al que se ejerce con las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución de la República, en su artículo 233, establece que le corresponderá a una Junta Proponente evaluar a los postulantes y nominar a los cinco candidatos idóneos para ocupar el cargo.
La Junta Proponente está integrada por la o el presidente de la Corte Suprema de Justicia (quien la presidirá) y un magistrado designado por el pleno; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) a través de su titular; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y un representante de una universidad privada; un representante del Colegio de Abogados de Honduras y un representante de la sociedad civil.
La Junta Proponente evaluará a las y los postulantes en cuanto a criterios de conocimientos jurídicos y conocimiento de la normativa, organización y funcionamiento del Ministerio Público.
Además, valorará la experiencia como operador de justicia de las y los aspirantes, principalmente en la materia penal y procesal penal. Posterior a ello, les otorgará una puntuación del 1 al 100, y enviará una nómina el Congreso Nacional de las y los cinco candidatos con las mejores evaluaciones.
La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto poseen un rango constitucional y que, por lo tanto, su designación atraviesa una elección de segundo grado que efectúa el Congreso Nacional, requiriéndose la mayoría calificada, es decir, 86 votos. Además, indica que el cargo del director de fiscales deriva de un nombramiento exclusivo del fiscal general.
Desde sociedad civil han cuestionado que a tres meses que Óscar Fernando Chinchilla cese en su cargo, no se ha hecho el llamado para integrar la Junta Proponente. Cabe destacar que, de acuerdo a la ley, el proceso de elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto contempla cinco etapas.
Estas etapas son: convocatoria e integración de la Junta Proponente, elaboración de documentos y convocatoria a participas, inscripción de los aspirantes, revisión de los postulantes, evaluación y selección de los cinco mejores perfiles con base a los resultados obtenidos.
Para el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, sigla en inglés), Luis León, la propuesta de los cinco candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto debe llegar al Congreso Nacional en los primeros días de agosto, sin embargo, sugirió que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Ráquel Obando debería hacer la convocatoria de la Junta Proponente en este mes.
Seguidamente, aseguró que están dejando pasar mucho tiempo en cuanto a la conformación de la Junta Proponente y no deja de preocupar que pueda pasar lo que, sucedido con la Junta nominadora, que a último minuto se le juramento y tuvieron menos tiempo para trabajar.
León es de la opinión que el proceso de selección y elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público va a ser un proceso politizado al igual que la elección de las y los magistrados del Poder Judicial.
“Los partidos políticos va a ejercer presiones para tener a sus representantes dentro de la fiscalía, pero la Junta Proponente no se debe dejar imponer candidatos. Ellos deben hacer un proceso digno como lo hizo la Junta nominadora”, aseveró.
Sin embargo, el abogado constitucionalista y analista político Raúl Pineda Alvarado expone que la ley claramente dice que debe estar 30 días antes de la finalización del periodo de los actuales fiscal general y fiscal general adjunto saliente, y la Junta Proponente tiene el tiempo estrictamente necesario.
Pese a que hay tiempo, Pineda dice que lo que pasa es que esta va a ser una elección deslucida por la mala experiencia que se tuvo con la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no trabajó a contra reloj.
Añadió que “al final al menos los profesionales del derecho creen que va a pasar lo mismo la imposición de un grupo político, la irresponsabilidad de la oposición y al final el fiscal va a ser un ente dependiente del Poder Ejecutivo y la clase política dominante”.
En ese sentido, dijo a Criterio.hn que durante el proceso de selección y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se generó mucha expectativa, pero los resultados fueron difíciles de anticipar, es decir que nadie pudo haber dicho que la actual presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, iba a resultar electa como titular de ese poder del Estado.
Puntualizó que en el caso de la fiscalía, la elección es más compleja, porque ese proceso va a ser más conflictivo porque hay tres fuerzas políticas grandes representadas en el Congreso Nacional (Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal) y solo hay dos plazas la del fiscal general y la del fiscal general adjunto.
No obstante, no descartó la posibilidad de una negociación entre esas tres fuerzas políticas para el titular de la dirección de fiscales.
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RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN
La abogada constitucionalista y exministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, recomendó acelerar el proceso de nominación y elección de los titulares del Ministerio Público para evitar que el procedimiento se torne muy exigido en cuanto al tiempo como sucedió con la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, instó al Congreso Nacional para que cuanto antes proceda convocar a los sectores integrantes de la Junta Proponente, para que, a su vez, cada sector de manera responsable haga una acertada designación de las y los miembros propietarios y suplentes que la conformarán.
Estos integrantes deben ser seleccionados con base a su integridad, autoridad moral y académica en la materia y no por motivaciones político partidaria, porque si fuere así, de esa forma enviarán la nómina al Congreso nacional.
La jurista espera que, en vista que no se hizo a tiempo la reforma legal y reglamentaria para la escogencia idónea de los titulares del Ministerio Público, ni existir criterios objetivos de ponderación y evaluación de méritos personales y profesionales de las y los aspirantes, la Junta Proponente puede “nutrirse” de las buenas prácticas que llevó a cabo la Junta Nominadora para la escogencia de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Si hubiere voluntad política, la Junta Proponente puede seleccionar a las y los mejores aspirantes, con base en una trayectoria profesional independiente, ética y de compromiso con los intereses generales del país.
