Con escrituras en mano, los residentes de las Crucitas del Picacho reclamaban su derecho a la vivienda y a no ser desalojados de sus hogares, donde han vivido por más de cuatro décadas. Un juez ejecutor desistió del desalojo y anunció que el caso pasará al Juzgado de Letras de lo Civil.
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. -En horas de la mañana de este martes un contingente de la Policía Nacional se prestaba a desalojar a pobladores del asentamiento humano Las Crucitas del Picacho, una comunidad ubicada al noreste de Tegucigalpa. La orden judicial de desalojo fue suspendida, mientras los residentes de ese lugar mostraban documentos que los acredita como dueños de los predios.
El desalojo fue suspendido gracias a la mediación de la representante de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) Kenia Irías, quien evitó que un juez ejecutor concretara la orden judicial y fue así como el desalojo se pospuso para otra fecha que se deberá fijar por el juzgado competente.
Al lugar se presentó el juez José Danilo Laredo Sánchez para ejecutar la orden judicial de desalojo, ya que según la misma dichas tierras pertenecen a María del Tránsito Carbajal.
Con pancartas y las escrituras en mano -que los acredita como propietarios de esos terrenos- los pobladores de Las Crucitas imploraban a las autoridades no los desalojaran de sus viviendas.
Los residentes del lugar contaron a Criterio.hn que no es la primera vez que intentan desalojarlos, hace unos días llegaron estas personas que aseguran ser los legítimos dueños de esas tierras, amedrentando a las familias.
Las acciones de hostigamiento han sido reiteradas durante los últimos años y estas han sido acompañadas por agentes de la Policía Nacional e incluso en semanas recientes llegaron al punto de tomarles fotografías, aseguraron los pobladores.
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PIDEN SE RESPETE EL DERECHO A LA VIVIENDA
Zenia Baquedano, quien tiene más de 40 años de residir en Las Crucitas del Picacho contó a Criterio.hn que hay una familia que dice ser la dueña de los terrenos, pero son ellos -pobladores- quienes tienen las escrituras públicas otorgadas por el Instituto de la Propiedad (IP).
La mujer comentó que ella y sus vecinos pagaron al Fondo Social para la Vivienda (Fosovi) los terrenos donde construyeron sus hogares y luego le dieron tramite en el Instituto de la Propiedad quien procedió a extender las escrituras.
“Nosotros somos los propietarios legítimos y no entendemos qué pasa y por qué las autoridades no escuchan, nosotros tenemos clave catastral, pagamos impuestos a las alcaldías y tenemos un plano, y ellos no nos escuchan”, externó.
Enfatizó que ellos están aparados con los documentos que los acreditan como legítimos dueños de los terrenos donde están construidos sus viviendas que tanto les costaron y “no es justo que alguien que no le ha costado, nos venga a desalojar de la noche a la mañana”.
De igual manera, María Teresa Solano argumentó que presentaron las pruebas que los acredita como propietarios de los predios a la Secretaría de Derechos Humanos, mismos que presentaron al juez José Danilo Laredo.
Seguidamente, recordó que entre los años 2009 y 2001 el Estado les otorgó las escrituras a cada uno de los residentes, lo que los certifica como dueños legítimos de los predios.
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ABORTAN DESALOJO, PERO ACCIONES CONTINUARÁN EN JUZGADOS
Al dejar en suspenso la orden de desalojo, el juez José Danilo Laredo confesó que lo hacía para no causar un daño mayor. Sin embargo, aclaró que se harán otras diligencias, las cuales no estableció.
En entrevista con Criterio.hn, el juez José Laredo Sánchez argumentó que los predios le pertenecen a la señora María del Transito Carbajal, quien, dijo, posee títulos supletorios.
Mientras Rony Javier Zelaya Carbajal (hijo de la antes mencionada) figura como representante del caso.
Por este caso, y en virtud de una sentencia condenatoria firme, fueron condenados por el delito de usurpación los ciudadanos Jesús Arguello Baquedano Díaz, Natalia Díaz Raudales, Nelson Geovani Baquedano Díaz, Santos Crescencio Baquedano Maradiaga, Osman Ramón Baquedano Díaz y Alfonso de Jesús Lagos.
El juez explicó que los encausados fueron beneficiados con la conmutación de la pena de reclusión por pago en efectivo, en virtud de que esa pena es conmutable a razón de 10 lempiras por día y se les dio su carta de libertad definitiva.
Explicó que con base a la sentencia se obligó a los procesados a devolver los terrenos, por lo que el hijo de María del Tránsito Carbajal o sea Rony Javier Zelaya Carbajal, solictó el desalojo.
La sentencia, fue emitida el 9 de noviembre del 2004 por los juzgados de Letras de lo Penal, y sobre esta sentencia, el abogado de los afectados ha interpuesto tres recursos de apelación, lo que significa que después de esos recursos ya no hay recursos que interponer.
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ILEGALIDAD EN DESALOJO
En declaraciones a este medio digital el apoderado legal de los residentes, Roque Germer Galindo, expuso que se presentaron documentos del Poder Legislativo y del Poder Judicial que acreditan que después de la expropiación de esos terrenos y posteriormente se autorizó la venta de los mismos a sus representados.
Durante el intento de desalojo Germer Galindo presentó varios documentos, entre ellos las escrituras de los predios, la clave catastral y comprobantes de pago de impuestos a la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
El jurista indicó que el Instituto de la Propiedad cometió un error en los planos, ya que estaban confundidos con las propiedades, pero el mismo fue corregido y el lunes se les entregó la corrección por lo cual se comprueba la legalidad en la tenencia de dichas tierras.
Un documento del IP establece que en el expediente administrativo número 388-2018-CR, que contempla los registros de la Dirección de Catastro de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y de la Dirección de Regulación Predial del IP, sobre los predios de Las Crucitas del Picacho, son copia fiel del mismo.
