Tegucigalpa.- Con optimismo y esperanza reciben los abogados especializados en la defensa de los derechos humanos en Honduras a la recién instalada Corte Suprema de Justicia (2023-2030), electa en horas de la madrugada del viernes 17 de febrero.
Tras más de una década de agudización de la criminalización y judicialización de las y los defensores del ambiente, la tierra y el territorio, así como la persecución de las y los liderazgos de la disidencia política en el país, los ojos están puestos en los y las 15 magistradas que deberán afrontar años de retrasos en la impartición de justicia, en los que se encarceló a defensores y se liberó a corruptos.
No por nada la saliente Corte Suprema de Justicia (CSJ) 2016 al 2022, deja como legado la impunidad que le caracterizó en casos de corrupción que involucraron a cuestionadas figuras políticas que incluyeron a integrantes de los tradicionales Partido Nacional y Partido Liberal de Honduras.
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Criterio.hn entrevistó a la abogada del Bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva, y el abogado del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Joaquín Mejía, para conocer las expectativas que tienen con respecto a la recién instaurada Corte Suprema de Justicia.
“Esperamos que esta nueva Corte realmente emita resoluciones apegadas a derecho. Sabemos que en las dos salas importantes de esta Corte Suprema de Justicia hay personas, abogados y abogadas, que conocen sobre el tema de derecho convencional, sobre derechos humanos y, no podemos esperar otra cosa de ellos que no sea la aplicación de esos conocimientos que tienen”, expresó la abogada Kenia Oliva.
La profesional del derecho junto al equipo del Bufete Justicia para los Pueblos, ha asumido la representación de los defensores de Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras en Tocoa, Colón, que enfrentan la imposición de un megaproyecto minero; así como los defensores lencas del río Petacón en Reitoca, Francisco Morazán, que resisten ante la instalación de una hidroeléctrica que ha secado sus ríos y cosechas.
Ambos grupos de defensores han sido criminalizados y judicializados por asumir la protección de los bienes comunes y públicos, que el gobierno tras el golpe de Estado de 2009 entregó a los grupos de poder económico.
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Oliva señaló que al menos en la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Penal, las cuales en administraciones pasadas sirvieron para perseguir y criminalizar a los y las defensoras, está vez están integradas por magistrados y magistradas que pueden aplicar tanto el derecho constitucional, como el derecho convencional.
Una de las principales críticas realizadas al sistema de justicia hondureño es la ausencia del control de convencionalidad en sus fallos, violentando de esta forma los derechos humanos de la población, o grupos poblacionales que son discriminados por el sistema.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) define el control de convencionalidad como “la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia”.
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PODER JUDICIAL REQUIERE DE PROFUNDA REESTRUCTURACIÓN
El investigador en derechos humanos y abogado, Joaquín Mejía, sostuvo que él mantiene expectativas positivas en cuanto a la nueva Corte Suprema de Justicia. “Soy optimista realista” indicó, “el hecho que la presidencia de la Corte [Rebeca Lizzeth Ráquel Obando] decidiera trasladar el Juzgado de Jurisdicción Nacional en Materia Penal de un batallón militar a instalaciones civiles es un indicador positivo de que algo se quiere hacer”, dijo a Criterio.hn.
Esta decisión de trasladar instalaciones, destacó el investigador en derechos humanos, además de positiva no fue arbitraria, puesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2015 dijo al Estado de Honduras que debía realizarla.
Esto no quita que el Poder Judicial necesita una profunda reestructuración, dice Mejía, lo que implica que sus nuevas autoridades valoren el papel que juegan en la criminalización de las personas defensoras. Donde el primer paso es la creación del enemigo; el segundo son las amenazas, hostigamiento y ataques contra los defensores; seguido de la represión policial militar; en cuarto lugar, el uso indebido del derecho penal; y finalmente, la desaparición física de la persona defensora.
En “el uso indebido del derecho penal hay dos actores: el Ministerio Público, que criminaliza, que presenta demandas criminales contra estas personas, utilizando figuras ambiguas del Código Penal; y el Poder Judicial que no ejerce el control de la legalidad de lo que hace el Ministerio Público, sino que se convierte en un ente criminalizador. Ahí están todos los ejemplos que tenemos de Guapinol, Reitoca etc.”, explicó.
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Mejía cree firmemente que las nuevas autoridades del Poder Judicial realizarán esta profunda reestructuración y que el cambio de domicilio del Juzgado de Jurisdicción Nacional en Materia Penal es un primer paso en esa dirección. Así como el nuevo gobierno ha tenido una reducción en el abordaje represivo de los conflictos sociales.
“Estos Juzgados de Jurisdicción Nacional han sido claves en la criminalización de las personas defensoras de los bienes comunes, de los territorios y de la tierra. El hecho de que simbólicamente se haya sacado de esa parte militar, es un gran paso”, afirmó.
El abogado señaló que además de la reestructuración del Poder Judicial, es necesaria una reforma normativa, que si bien no le corresponde a la Corte Suprema de Justicia realizarla sino al Congreso Nacional, la CSJ “sí puede ejercer un control de la legalidad en el sentido de decir que esas normativas que permite eso [la criminalización], son contrarias a la Constitución”.
