Antes del 1 de septiembre de 2023, Honduras deberá contar con un nuevo fiscal general, que sustituirá a Óscar Chinchilla. La elección, similar a la de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, generará una nueva lucha de poderes en el país
Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional tendrá la enorme responsabilidad de elegir, una vez más, al fiscal general y al fiscal general adjunto de la República. Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, que actualmente ostentan dichos cargos respectivamente, vacarán en sus funciones el 31 de agosto de 2023.
El panorama no es sencillo, debido a que históricamente, el Partido Nacional y el Partido Liberal, dependiendo de quién gobierna en el Ejecutivo, han promovido y elegido al primer fiscal de la nación. Así ocurrió desde la primera elección, en 1994, mediante la cual se ungió a Edmundo Orellana Mercado, afín al Partido Liberal. El fiscal general adjunto, por su lado, ha sido una persona del partido opositor durante todos los períodos constitucionales.
Sin embargo, tras la llegada de Libertad y Refundación (Libre) al poder, la situación es muy distinta. Así se está evidenciando, por ejemplo, en la elección de las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Libre, que es mayoría en el Congreso Nacional con 50 legisladores, lucha por obtener cuotas de poder dentro del Supremo hondureño y, previsiblemente, tendrá el mismo objetivo cuando se seleccione al fiscal general y al fiscal general adjunto, como mínimo, treinta días antes del 31 de agosto de 2023.
En los últimos diez años, como se ha explicado, el cargo de fiscal general lo ha ostentado Óscar Chinchilla, de reconocida afinidad al Partido Nacional. Primero, se le eligió tras la renuncia del liberal Luis Alberto Rubí, el 31 de agosto de 2013, y, posteriormente, se le reeligió en medio de irregularidades, el 29 de junio de 2018.
Su gestión al frente del Ministerio Público se ha caracterizado por su displicencia frente al crimen organizado y al narcotráfico, evidenciada, incluso, por su cercanía al expresidente Juan Orlando Hernández, quien lo impulsó las dos veces que fue elegido por el Congreso Nacional.
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Ahora, en un contexto en que se hace necesario reestructurar el sistema de operación de justicia, si se aspira a la llegada de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), trascendental será la elección de una Corte Suprema de Justicia y de un fiscal general cuya característica principal sea la independencia.
El proceso destinado a la proposición y elección del fiscal general y del fiscal general adjunto es similar al que se ejerce con las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución de la República, en su artículo 233, establece que le corresponderá a una Junta Proponente evaluar a los postulantes y nominar a los cinco candidatos idóneos para ocupar el cargo.
La Junta Proponente está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (quien la presidirá) y un magistrado designado por el pleno; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un representante de una universidad privada; un representante del Colegio de Abogados de Honduras; y un representante de la sociedad civil.
CORTE SUPREMA NO DEBE EVALUAR A CANDIDATOS A FISCAL GENERAL
A criterio del sociólogo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Armando Orellana, la Ley del Ministerio Público deberá ser reformada y apartar a los dos representantes de la Corte Suprema de Justicia que integran la Junta Proponente.
“Para mí no debe estar el presidente de la Corte Suprema en esa Junta, no me parece adecuado. Me parece una situación incorrecta y que puede alentar a que las amistades o posibles cercanías se vean favorecidas, influyendo negativamente en este tipo de selección. Eso se debe reformar y, así, retirar ese tipo de sesgos”, dijo a Criterio.hn.
Armando Orellana argumentó que se debe retirar a los representantes de la Corte Suprema de Justicia de la proposición de candidaturas a fiscal general debido a que, en un futuro, esta persona podría verse inmiscuida en conflictos de interés.
“Recordemos que un fiscal general tiene que hacer valer el ejercicio acusatorio en representación del Estado y en, algunos casos, podría enfrentar al presidente de la Corte o a la Corte”, añadió.
ES TIEMPO DE VISIBILIZAR EL PROCESO
Por su lado, el exinvestigador de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Álex Navas, declaró que es necesario que inicie el proceso de evaluación y proposición de los candidatos a fiscal general de la República.
“Ya es tiempo de empezar a visibilizar los escenarios que van a existir. Considero que el proceso de nominación de candidatos de la Corte Suprema de Justicia, medianamente exitoso, puede ser un precedente. El Congreso, esperamos, no debe llevar a extremos la elección del fiscal general y elegir a una persona que realmente responda a los intereses nacionales y que combata los nuevos contextos de criminalidad y corrupción, que estuvieron por muchos años en un ambiente propicio para su desarrollo”, indicó Navas a Criterio.hn.
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Una vez instalada, la Junta Proponente recibirá las postulaciones de las y los postulantes al cargo de fiscal general o fiscal general adjunto, quienes deberán cumplir con los requisitos que señala el artículo 19 de la Ley del Ministerio Público.
Posteriormente, esta junta de proponentes abrirá un expediente para cada postulante y los escuchará en audiencias públicas. La Junta Proponente evaluará los siguientes criterios: conocimientos jurídicos y conocimiento de la normativa y organización del Ministerio Público. Después de ello, les otorgará una puntuación y nominará ante el Congreso Nacional a las y los que obtengan las cinco mejores evaluaciones.
Las diputadas y los diputados del Congreso Nacional, en una elección de segundo grado, seleccionarán con al menos 86 votos a las personas que se desempeñarán como fiscal general y fiscal general adjunto en el período 2023-2028. El interés de los grupos de poder político y económico, nuevamente, intentarán colocar a personajes afines a sus intereses.
