Tegucigalpa.- Tras el asesinato del joven defensor del territorio garífuna, Ricardo Arnaúl Montero en la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela, en la costa norte hondureña, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) demandó acciones por parte del Estado de Honduras.
La organización afirmó que no aceptan la normalización de la emisión de tuits y posteos de indignación por parte de las autoridades, mientras sus comunidades son desangradas y aterrorizadas. A la vez que se continúa sin cumplir por parte del Estado las obligaciones relacionadas al saneamiento y titulación de sus territorios.
Ricardo Arnaúl Montero era miembro activo del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, y formaba parte del equipo de resguardo y seguridad del sector del Río Gama, a inmediaciones del territorio recuperado Secundino Torres. Una propiedad comunal que se sobrepone a un área del Parque Nacional Punta Izopo.
La Ofraneh sostiene que junto a la comunidad del Triunfo de la Cruz, han denunciado con nombres y apellidos a los responsables detrás de las amenazas a muerte en contra de los miembros del comité de tierra y la comisión de cumplimiento de la sentencia de la comunidad sin que se vea reacción por parte de la Policía Nacional ni las autoridades gubernamentales.
Es relevante mencionar que el crimen ocurre luego que se amplió temporalmente y se extendió territorialmente el estado de excepción al municipio de Tela, junto a otros 72 municipios en 17 departamentos de Honduras.
“Ante el desprecio a la vida de nuestro pueblo y la alta impunidad que impera en este país, exigimos que el Estado asuma su deber jurídico y la debida diligencia para iniciar una investigación exhaustiva de este vil y cobarde asesinato y de los demás asesinatos ocurridos en nuestras comunidades”, lee el comunicado publicado.
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La organización remarcó que la violencia, no solo ha traído luto y dolor, sino que además es el principal disuasivo para entregar su territorio “a la mafia del capital que domina el país, mismo que en muchas de las oportunidades se disfrazan de ‘empresarios’ y de ‘funcionarios”.
Ofraneh además recordó que durante la visita de la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, en octubre de 2022, para atender las denuncias de amenazas a muerte contra varios líderes, la comunidad solicitó no solo investigar las amenazas sino también —en representación del actual gobierno— acelerar el cumplimiento de la Sentencia a favor de la comunidad Triunfo de la Cruz.
Triunfo de la Cruz ha denunciado en reiteradas ocasiones el hostigamiento y amenazas por parte de “Playa Escondida”, un complejo turístico que se instaló en el territorio ancestral de la comunidad y para cuya construcción no se realizó una consulta previa, libre e informada.
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS Y VIOLENCIA CONTRA GARÍFUNAS
A casi ocho años de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a favor de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, Honduras sigue sin dar cumplimiento a la serie de reparaciones dictadas por el Tribunal regional, que encontró al Estado culpable por violentar el derecho a la propiedad colectiva de dichas poblaciones.
El retraso por parte del Estado para el saneamiento del territorio garífuna ha dado como resultado un incremento en la violencia contra los pobladores de ambas comunidades Garífunas.
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Hace dos años y seis meses, el 18 de julio de 2020, cuatro jóvenes líderes del Triunfo de la Cruz, fueron desaparecidos en un operativo la madrugada del 18 de julio de 2020, en medio de un toque de queda. Al día de hoy se desconoce qué ocurrió con ellos.
Sus nombres son: Alberth Snider Centeno, presidente del patronato del Triunfo de la Cruz; y los jóvenes Milton Martínez Álvarez, Suami Mejía García y Gerardo Róchez Cálix.
En octubre de 2022, el fiscal del Comité de Defensa de Tierras del Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, fue amenazado a muerte en caso que no abandonara dicha comunidad y cese en la lucha para la restitución del derecho del pueblo Garífuna, denunció la Ofraneh durante la sesión “Incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH: el caso Garífuna de Honduras” en el marco del segundo día del Foro de Donantes de Centroamérica 2022 (CADF, por sus siglas en inglés).
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En esa ocasión, el abogado y coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, declaró a Criterio.hn que la ausencia de determinación por parte del Estado está costando vidas de Garífunas que fueron asesinados por reclamar de forma permanente la restitución y saneamiento de la tierra, no solo en el Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, y Punta Piedra en Iriona, Colón, sino además en el resto de comunidades a lo largo de la costa del Caribe hondureño.
Tábora remarcó el año pasado que el Estado tiene la obligación de sanear el territorio y evitar que se sigan cometiendo actos de violencia contra el pueblo Garífuna. Uno de los actos concretos que el Estado puede realizar es poner un alto a la criminalización de los y las Garífunas.
ORGANIZACIONES REACCIONAN ANTE CRIMEN
El Bufete Justicia para los pueblos se sumo a la condena por el asesinato del defensor de la tierra Ricardo Arnaúl Montero, recordando: “El Estado no ha implementado las sentencias de la Corte-IDH a pesar de haberse comprometido a hacerlo, aumentando el riesgo para lxs defensorxs”.
Desde la cuenta en Twitter de Guapinol Resiste, además de solidarizarse con Ofraneh y denunciar el crimen, afirmaron: “Estado hondureño le está fallando a defensores de la tierra, y lo estamos pagando con nuestras vidas”.
El pasado 7 de enero, un día antes se había extendido y ampliado el estado de excepción, los defensores de Guapinol, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, fueron asesinados. El crimen fue precedido por una campaña de odio y desprestigio que escaló a vigilancia, acoso, y amenazas contra la vida de los liderazgos que se oponen a la destrucción del Parque Nacional Carlos Escaleras por la instalación de dos concesiones mineras a cielo abierto.
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La noche del 18 de enero fue asesinado el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé, junto a su suegro, Andy Martínez Murillo. Cruz Tomé fue nombrado en una lista de los liderazgos de la Plataforma Agraria cuyas vidas estaban en riesgo y que fue dada a conocer en octubre de 2022.
La representante de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, publicó desde sus redes el mensaje: “Imparable violencia contra defensor@s de DDHH en Honduras.
Hoy lamentamos la muerte de Ricardo Arnaúl Montero. Me solidarizo con su familia así como con Ofraneh. ¡Es necesaria la protección de personas defensoras de DDHH y justicia en este tipo de casos! ¡No más muertes!”
