Tegucigalpa. – El Merendón, denominado el pulmón de San Pedro sula, al norte de Honduras es una importante reserva natural y área protegida con una inmensa diversidad de flora y fauna, además de ser la principal fuente de agua de los sampedranos.
Una de las atracciones nacionales, no solo para quienes quieren conocer y respirar un poco de aire fresco en una ciudad urbanizada como San Pedro Sula, sino para aquellos llamados depredadores que cualquier costa quieren apropiarse de sus recursos, sus ríos y sus cerros, sus bosques y su tierra.
Un proyecto habitacional, denominado Ciudad Jaraguá, despertó el interés de desarrolladores empresarios y hasta de empleados de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, quienes a cambio de intereses económicos extendían y autorizaban permisos para corte y aprovechamiento de productos forestales y licencias ambientales, ignorando las disposiciones administrativas.
En ese sentido la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) junto a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentaron requerimiento fiscal con órdenes de captura para empresarios y ex funcionario municipales por la construcción en la zona de reserva El Merendón.
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PROYECTO ILEGAL
Ciudad Jaraguá, el proyecto habitacional que ofrece respirar aire puro, pero que no menciona que están incurriendo en la legalidad, ya que se valieron de artimañas para obtener los permisos de construcción.
Este proyecto, está ubicado entre Armenta y El Zapotal, y que de acuerdo a comunicado del Ministerio Público, inició con el corte y aprovechamiento de productos forestales y apertura de calles, lo que causó daños y perjuicios al Medio Ambiente principalmente a las fuentes de agua, flora y fauna de la Zona de Reserva.
De acuerdo a la investigación del MP se comprobó que estas acciones en contra de El Merendón, no hubiera sido posible sin la ayuda de funcionarios municipales, que desde la División Municipal Ambiental (DIMA), autorizaron los permisos para corte y aprovechamiento de productos forestales.
Es oportuno recordar que el 31 de mayo de 1990, el Congreso Nacional de Honduras, aprobó la protección de El Merendón a través del decreto 46-90.
Dicho decreto, establece los limites sobre los cuales no se permiten ningún tipo de construcción en la zona de reserva y determina los parámetros a seguir en el caso de los asentamientos ya existentes.
Sin embargo, en el 2013 cuando el Poder Legislativo era dirigido por Juan Orlando Hernández, quien está a la espera de un juicio en Nueva York bajo cargos de narcotráfico, se aprobó el decreto 334-2013, con el que se permitió construir arriba de la cota 200, dejando con nulidad el decreto 46-90.
Bajo la intención de proveer servicios públicos a los pobladores de la zona el diputado Marlon Lara presentó la propuesta, sin embargo, las oscuras intenciones era urbanizar con fines comerciales.
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ORDENES DE CAPTURA
Según informó el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, este requerimiento fiscal interpuesto para la captura de 9 personas, entre ellos a empleados y ex empleados de comuna sampedrana permitió la detención de 8 personas.
En ese sentido, se dio captura a cinco empleados de la Alcaldía Municipal quienes responden a los nombres de Samuel Alexander Fajardo Escalante, quien laboraba en la Unidad de Contaminantes de la D Municipal Ambiental (DIMA SPS), Martín Ramón Galo Roldán de la Unidad de Cuencas Dima SPS.
De igual manera, se capturó a Santos Turcios García, jefe de la Unidad de Licencias Auditorias y Seguimientos y a Fausto Daniel Bográn Cárcamo director de la Unidad de Protección y Control Ambiental, a quienes se les supone responsables de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios a título de autores, en perjuicio de la administración pública.
De igual manera, Cristy María Raudales Barahona, Gerente General de DIMA de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, fue capturada por suponerla responsable de tres delitos de abuso de autoridad a título de autor, en perjuicio de la administración pública.
Por otro lado, se capturó a José Luis Gutiérrez Hermosilla, representante Legal de la Empresa Constructora “Desarrollos Urbanos Gutiérrez D.U.G”, como autor del delito de urbanización ilegal, en perjuicio del orden territorial.
Por el delito de uso ilegal de explosivos comerciales en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, se capturó a Wilfredo Umanzor Sabillón, representante legal de la Empresa Yesera Umanzor Comerciante Individual.
Y por los delitos de corte ilegal de producto forestal, daños en su modalidad de agravados, urbanización ilegal en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas, medio ambiente del Estado de Honduras, de le dio detención a César Octavio Elvir Prieto, representante Legal y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil MPG, S.A. de C.V.
Galindo, también informó que Antonio José Oviedo Prieto, gerente general de la Sociedad Inmobiliaria El Activo, S de R.L. está prófugo de la justicia.
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No es desconocido que Honduras ha sido catalogado como uno de los peores países para los medio-ambientalistas defensores de la tierra, aquellos a quienes estos depredadores han arrebatado sus vidas.
Solo en enero de 2023, se han registrado al menos 4 asesinatos de defensores de la tierra, territorio y ambiente. El hecho más reciente se registró el 18 de enero cuando asesinaron al presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé.
Días anteriores, los defensores del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, y los ríos Guapinol y San Pedro, Aly Domínguez y Jairo Bonilla fueron asesinados.
De acuerdo a lo documentado por Global Witness, Honduras ocupa el quinto lugar en el mundo por el mayor número de defensores del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra asesinados entre 2012 y 2021, después de países con poblaciones mucho más grandes (Brasil, Colombia, Filipinas y México).
Por lo que, los asesinatos recalcan la urgencia que el Estado tome medidas de protección para los defensores de la tierra y el medio ambiente en Honduras.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se pronunció en su página de Twitter saludando el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra quienes han afectado la zona de reserva de El Merendón.
