Tegucigalpa. – Luego de los asesinatos del 7 de enero de 2023 de los activistas medioambientales hondureños Aly Domínguez y Jairo Bonilla, la comunidad internacional solicitó al gobierno hondureño tomar medidas inmediatas para proteger a los defensores del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra, incluso en la zona del Bajo Aguán.
Esta solicitud la realizaron a través de un comunicado, donde también piden al sistema de justicia hondureño, garantizar una investigación y enjuiciamiento rápido, exhaustivo e imparcial de los asesinatos de Domínguez y Bonilla, y la identificación de los atores intelectuales y materiales del asesinato.
Del mismo modo, El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó el asesinato de los defensores ambientales, a través de su cuenta de Twitter. E instó a las autoridades hondureñas a realizar una investigación rápida e independiente.
También las organizaciones estadounidenses, piden tomar acciones ante las denuncias públicas de una supuesta lista de asesinato donde se menciona que unos 25 defensores de la tierra están en peligro de muerte en el Aguan.
Esta denuncia, fue presentada por el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Nota relacionada: Intereses de cúpula económica y permisibilidad del Estado detrás de crímenes contra defensores de Guapinol: Copinh
URGE ABORDAR LOS PELIGROS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS DEFENSORES DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE EN HONDURAS
De acuerdo a lo documentado por Global Witness, Honduras ocupa el quinto lugar en el mundo por el mayor número de defensores del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra asesinados entre 2012 y 2021, después de países con poblaciones mucho más grandes (Brasil, Colombia, Filipinas y México).
Por lo que, los asesinatos recalcan la urgencia de abordar los peligros a los que se enfrentan los defensores de la tierra y el medio ambiente en Honduras.
Las organizaciones de sociedad civil de Estados Unidos, que se pronunciaron ante estos asesinatos, coinciden en que Honduras “sigue siendo uno de los países más peligrosos para ser activista medioambiental a pesar de las promesas de la presidenta Xiomara Castro”.
En ese sentido, solicitan Estado de Honduras que dicha investigación sea imparcial, y que para lograrlo no debe ser llevada a cabo por los mismos policías y fiscales que han criminalizado a los defensores ambientales de Guapinol, por lo que, recomiendan que el caso debe ser trasladado fuera de la zona de Tocoa.
Por otro lado, en el caso de los ocho activistas medioambientales que protegían el río Guapinol, y que fueron privados de su libertad arbitrariamente, mencionan que las autoridades judiciales deben emitir las cartas de declaración de libertad incondicional ya que sus derechos fueron violentados, y a esto se le suma la denegación del debido proceso y la prolongada prisión preventiva, según varios expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
Nota de interés: Urgen cartas de libertad definitiva para los ocho defensores de Guapinol
Es importante recordar, que estos activistas medioambientales pasaron 914 días en la cárcel antes de ser liberados en febrero de 2022, luego que la Corte Suprema de Justicia (CJS), anuló una sentencia dictada contra ellos.
Al tiempo que sugieren, que estas medidas deben desarrollarse en cuidadosa consulta con los defensores de la tierra y el medio ambiente, las comunidades y las organizaciones indígenas, garífunas y campesinas.
En ese sentido, piden al gobierno y al Poder Legislativo hondureños, abordar los problemas a largo plazo que contribuyen a crear la situación extremadamente peligrosa para los defensores del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra.
MEDIDAS A TOMAR
En el comunicado, las organizaciones firmantes hacen una serie de recomendaciones al Estado de Honduras para proteger la vida de los defensores medioambientales, y evitar que la sangre de estos hondureños siga derramándose en la tierra que protegen.
Entre esas soluciones están: revisar las leyes relativas a las concesiones de las industrias extractivas para garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, garífunas y campesinas en relación con los proyectos que afectarían a sus tierras, medios de vida y bienestar.
De igual manera, garantizar la debida titulación individual y colectiva de las tierras a las comunidades indígenas y garífunas y a los campesinos, incluidos los beneficiarios de la reforma agraria y otros campesinos del Bajo Aguán.
Otra de las medidas que debe tomar el Estado de Honduras es la elaboración de protocolos que garanticen que las comunidades y los activistas no son objeto de un uso excesivo de la fuerza contra las protestas.
También, recomiendan que es importante reformar las leyes que someten a los defensores a enjuiciamientos “espurios”.
Estas reformas, permitirán investigar y enjuiciar enérgicamente las amenazas y agresiones contra los defensores del medio ambiente y de la tierra, incluidos los autores intelectuales.
Pero sobre todo debe garantizar que el mecanismo gubernamental de protección de los defensores de derechos humanos otorgue medidas efectivas de protección a los defensores de la tierra y del medio ambiente.
Del mismo, consideran como un paso importante que debe tomar el Estado de Honduras es firmar y ratificar Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Lea también: En incertidumbre adhesión al Acuerdo de Escazú por oposición de sectores
Sin embargo reconocen que estas acciones deben de ser profundas y que también Honduras debe reformar sus fuerzas armadas y policiales, depurar a los miembros implicados en delitos, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, y desmilitarizar la seguridad pública.
Y en ese sentido, mencionan que el gobierno de Estados Unidos debe ayudar a abordar el nexo de empresas corruptas, las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos que impulsan los ataques contra activistas medioambientales y de la tierra.
A través de imposición de sanciones financieras y de visados a personas del sector privado y funcionarios públicos y de seguridad implicados en graves actos de corrupción y violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil de EE UU que se unen a la denuncia pública son Center for Economic and Policy Research (CEPR), Center for Gender & Refugee Studies (CGRS), Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), Global Exchange.
De igual manera se suman, Global Labor Justice – International Labor Rights Forum, Hope Border Institute, Institute for Policy Studies – Global Economy Project, Latin America Working Group (LAWG), Maryknoll Office for Global Concerns, Presbyterian Church (USA), Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team y Washington Office on Latin Americ.
Por consiguiente, es oportuno que las autoridades gubernamentales, judiciales y legislativas pongan la mirada en la implementación urgente de medidas de protección para los defensores de la tierra.
