Diputados y exdiputados que estaban procesados por Arca Abierta finalmente quedaron libres, indicó el juez que conoció el caso
Tegucigalpa, Honduras.- Diputados y exdiputados señalados en el Caso Arca Abierta, acusados por malversación de caudales públicos, fueron notificados este jueves 12 de enero de 2023, a través del juez Reinaldo Hernández, que quedan libres definitivamente tras revocárseles las medidas cautelares.
La notificación del juez y también magistrado de la Corte Suprema de Justicia responde a lo que el 15 de noviembre de 2022 una Corte de Apelaciones integrada por otros magistrados, Wilfredo Méndez Romero, Rafael Bustillo Romero y Miguel Arturo Pineda Valle, le ordenó.
Previamente, la Corte de Apelaciones declaró “ha lugar” un recurso de apelación interpuesto por la defensa legal de los imputados, encabezada por Dagoberto Aspra. La resolución de este tribunal tiene un efecto extensivo por concurrencia de falta de acción, según los magistrados.
En febrero de 2019, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) presentó un recurso de apelación después de que el juez, Reinaldo Hernández, emitiera varios sobreseimientos definitivos y provisionales en favor de la mayoría de los implicados en este caso de corrupción.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones tardó tres años en emitir una resolución contra las personas implicadas, que son la actual diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, y sus excompañeros de bancada, Welsy Vásquez, Milton Puerto, Fabricio Puerto y Gustavo Pérez.
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Años atrás, habían quedado absueltos los exdiputados del Partido Nacional, Óscar Álvarez -también exsecretario de Seguridad- y Juan Carlos Valenzuela, así como la exlegisladora de Libertad y Refundación (Libre), Audelia Rodríguez.
PACTO DE IMPUNIDAD Y JUECES CORRUPTOS
La liberación de estos diputados está intrínsecamente relacionada con la vigencias del decreto 116-2019, que le permite a los legisladores administrar fondos públicos y ejecutar proyectos, evitándole además al Ministerio Público investigarles sin que antes el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realice auditorias y de indicios de incurrimiento en responsabilidad penal por parte de los diputados, que, durante las últimas décadas, han desviado fondos públicos, supuestamente destinados a proyectos sociales, hacia oenegés fantasmas y cuentas bancarias personales.
En ese sentido, la Corte de Apelaciones también determinó “concurrencia del principio de prejudicialidad a fin de que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emita resolución definitiva de auditoría e investigación especial”.
La derogación del decreto 116-2019, considerado un pacto de impunidad, es una de las condicionantes que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dentro del memorando de entendimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Sin embargo, dentro del Congreso Nacional, el oficialismo asegura que todavía no cuentan con los 86 votos requeridos para eliminar esa aberración legislativa.
LA CICIH SE VUELVE URGENTE
A criterio de analistas, este último ejemplo de impunidad, materializado a través del Caso Arca Abierta, es una justificación para que venga al país la CICIH.
“Esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, relacionada a Arca Abierta, pone de manifiesto y justifica la necesidad de que venga una comisión contra la corrupción y la impunidad a Honduras. En Honduras se continua con altos niveles de impunidad gracias a los jueces y magistrados que tenemos”, dijo a Criterio.hn el excoordinador de Unidad de Conocimiento y Análisis del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Rolando Sierra.
Sierra recordó, en esa línea, la necesidad de una reforma y un cambio del Poder Judicial. “Estamos en un momento histórico y ante la oportunidad de escoger magistradas y magistrados que realmente combatan la impunidad”, añadió en relación a la elección de las 15 magistradas y magistrados del Supremo hondureño que efectuará el Congreso Nacional, el próximo 25 de enero de 2023.
Similar criterio tuvo el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera, quien declaró a Criterio.hn que “la CICIH necesita venir al país por esos pactos de impunidad”.
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“Yo creo que ya estaba claro que eso iba a ocurrir, que iban a dar impunidad a corruptos, porque la actual Corte Suprema de Justica fue puesta ahí, donde está, por estos grupos de poder. Ellos están haciendo su trabajo y no debe extrañarnos”, agregó.
EL CASO ARCA ABIERTA
El 11 de diciembre de 2018, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (OEA-Maccih) presentaron el Caso Arca Abierta. En esa ocasión, el Ministerio Público libró requerimientos fiscales contra 22 personas, entre ellos varios diputados y exdiputados del Congreso de la República, por delitos de malversación de caudales públicos y fraude.
Según la investigación que efectuó la Fiscalía, los señalados solicitaron L16,000,000.00 a la Secretaría de Finanzas, L3,000,000.00 al Congreso de la República y L2,000,000.00 a Casa Presidencial. El total de L21,000,000.00, depositado a la cuenta número 60000000719093 del Banco Promerica, habría servido para financiar proyectos sociales a través de la oenegé fantasma Asociación Planeta Verde.
Sin embargo, desde la cuenta bancaria de la Asociación Planeta Verde, 21 cheques (por L4,461,060.00 en total) llegaron a manos de 10 diputados y exdiputados, siete cheques (por L784,540,000) fueron depositados a cuentas personales, y otros 31 cheques (por L5,945,960.00) fueron canjeados en efectivo por personas naturales.
Asimismo, 21 cheques (por L2,900,785.00) fueron destinados a cuatro empleados de la oenegé, mientras que otros cinco cheques (por L517,658,010.00) terminaron en manos de cinco personas jurídicas.
