Tegucigalpa. Organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros de sociedad civil han manifestado su constante preocupación y rechazo ante el reciente estado de excepción interpuesto en el territorio los últimos días, sin embargo, autoridades de gobierno planean extenderlo.
El rechazo de los y las hondureñas surge porque la medida quedó en manos de entes de seguridad del Estado, quienes han sido cuestionados por sus nexos con el crimen organizado, corrupción y por ser partícipes de múltiples violaciones a los derechos humanos en contra de la población hondureña.
Asimismo, grupos defensores señalan y condenan que el estado de excepción ronda entre la discriminación y estigmatización contra poblaciones históricamente vulnerabilizadas.
No obstante, la medida entró en vigor el 6 de diciembre de 2022 y se estableció por un mes y está implementándose en 162 zonas del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula, principalmente en los sectores marcados por altos índices de criminalidad y violencia.
El estado de excepción se rige mediante el Decreto Ejecutivo Número PCM 20-2022 y suspende seis derechos garantizados en la Constitución de la República de Honduras. Estos incluyen la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.
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Aunque el rechazo de la población hacia esta medida fue divulgado por todas las redes y medios de comunicación, la misma fue implementada sin tomar en cuenta las opiniones disidentes.
El subdirector de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), Eduardo Lanza, en declaración a medios locales manifestó que por los buenos resultados que se han dado durante los operativos, el PCM podrá ser extendido o renovado en los próximos días.
El portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, también manifestó que este PCM pudiera ser ampliado a los lugares donde se emiten las ordenes extorsivas, principalmente en los centros penales del país.
“Puede ser que este PCM se amplíe en los alrededores de estos lugares, [centros penitenciarios] también se van a analizar los lugares donde se cometen muertes múltiples o femicidios para ver si el PCM se implementa en ese sector”, manifestó el oficial de policía.
La directora del Observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas en entrevista con Criterio.hn manifestó que el estado de excepción no es más que una forma de control del delito.
Agregó que es una estrategia con una inversión muy grande y por lo tanto no es conveniente solo desarrollarla un mes.
Ayestas asegura que, aunque el estado de excepción resuelve una problemática inmediata no significa que en un futuro las personas no se confabulen en actividades delictivas porque no se les proveen los insumos necesarios y condiciones adecuadas para no vincularse con el delito.
La abogada y defensora de derechos humanos, Alexa Maradiaga en entrevista con Criterio.hn manifestó que lo único que pretende el gobierno hondureño con el estado de excepción es lavarle la cara a militares y policías, mismos que no tienen buena aceptación ni generan confianza en la población.
A juicio de Maradiaga no se trata solo que autoridades policiales soliciten que el estado de excepción se extienda por más tiempo, sino que deben presentar informes reales y transparentes de logros y capturas.
“Que esto sea estrategia policial o tema de seguridad para la captura de delincuentes no quita que el Estado tenga que informar por qué se están tomando estas decisiones”, señaló Maradiaga.
La abogada reprochó que hasta la fecha los reclamos que hicieron organismos de derechos humanos sobre esta medida no han tenido respuesta, por lo que considera que las autoridades no han mostrado interés en este tema tan importante, en vista que dicha medida abre el paso para que se vulneren los derechos de los y las hondureñas.
“No están cumpliendo la función de la transparencia activa para la población ni están dando respuesta a las solicitudes de derechos humanos sobre el abordaje del estado de excepción sin que este afecte a las poblaciones vulnerables”, manifestó.
Maradiaga condenó que la narrativa del Estado sobre el combate al crimen no deja de replicar la misma narrativa de regímenes anteriores, aunque reconoce que no son los mismos, no significa que la narrativa sea otra, “ese discurso implanta en la mentalidad de la población que no se están haciendo cambios, porque hubo un compromiso de campaña de desmilitarizar al país, aunque intenten lavar caras de los miembros de seguridad y defensa, la gente no olvida la represión que sufrió y el poder que ejerce a través de un uniforme”.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), también mostró su preocupación sobre la situación que envuelve al país centroamericano, porque consideran que el PCM pone en riesgo los derechos humanos, es por ello que la organización hizo un llamado al Estado de Honduras a garantizar los derechos de su población, velar por el irrestricto cumplimiento del Estado Constitucional de Derecho y a no restringir garantías inviolables.
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WOLA reconoce la necesidad e importancia de implementar políticas de seguridad ciudadana y se solidarizó con las víctimas del crimen y la violencia en Honduras. Sin embargo, agrega que las políticas de seguridad deben desarrollarse e implementarse en el marco de un estado democrático y respetuoso de los derechos humanos.
En el pronunciamiento, la organización también manifiesta la preocupación del involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, lo cual contradice la propuesta de campaña de Castro para el Sector Defensa y el Plan de Gobierno para Refundar Honduras (2022-2226) sobre la necesidad de desmilitarizar la seguridad en el país.
La larga tradición del uso de la fuerza y la “mano dura” como método de orden social muestra que limitar garantías constitucionales y recurrir al despliegue masivo de las fuerzas de seguridad no son respuestas sostenibles que aborden las causas estructurales del problema, expone el pronunciamiento.
Migdonia Ayestas quien se manifestó a favor de la medida, expresó que la vigencia del PCM es un tema necesario en el país para controlar el territorio y no dejarlo en las manos de las maras y pandillas, a la vez cuestionó que el Estado solo llega a estas zonas que han sido excluidas a través de acciones como estas y no con temas que tienen que beneficien a quienes habitan en las zonas que aplica el decreto.
A juicio de la coordinadora del Observatorio de Violencia, en el país se dejó crecer a los grupos delictivos y ahora lo que se debe hacer es capturar a estos individuos y someterlos a los debidos procesos.
No obstante, instó a grupos de sociedad civil a demandar a las autoridades competentes el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales.
“Las prácticas de mano dura no resuelven el problema, solo controlan la situación, en el país solo se podrá avanzar en la disminución de este problema si se crean acciones de prevención”, advirtió Ayestas.
