Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. –Mediante el ejercicio de una consulta ciudadana, el 97 % de la población del municipio de Namasigüe, Choluteca, dijo no este domingo a la implementación de proyectos de energía solar fotovoltaica y de minería. Este poblado de la zona sur de Honduras es uno de los sectores con mayor conflictividad social por la ejecución inconsulta de proyectos de esta índole.
Los resultados de la consulta fueron los siguientes: 97 % votó por el no, 1 % por el sí, 1 % votos nulos y 1 % votos blancos. De 15,000 personas censadas, 11,992 votaron, de las cuales 11,673 dijeron no, 78 dijeron sí, 150 votaron en blanco y un voto nulo.
Los resultados de la consulta serán debatidos en reunión de cabildo abierto y se demandará a las autoridades de la alcaldía municipal que cumpla el mandato porque esa es la decisión del pueblo, dijo a CRITERIO Lenny Betancourth, delegada en el proceso de consulta en representación de la iglesia católica.
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La consulta ciudadana se efectuó como reacción de resistencia ante un proyecto instalado en la comunidad Costa Azul y Los Prados, éste último en suspenso por la presión popular que ha imposibilitado su puesta en marcha. Los proyectos fueron concesionados por el Estado hondureño a la empresa Scatec Solar con el visto bueno de la alcaldía municipal que, sin consultarle a la comunidad, extendió los respectivos permisos para sus construcciones.
Enclavado en el corredor seco, la zona más árida de Honduras y Centroamérica, Namasigüe se ha convertido en los últimos años en una zona de convulsión social porque las autoridades han otorgado concesiones a espaldas de sus pobladores.
La consulta comenzó a las 8:00 de la mañana y culminó a las 5:00 de la tarde. Los pobladores en su mayoría coincidieron estar en contra porque el proyecto les ha secado las fuentes de agua, en virtud que para la instalación de los paneles solares los árboles fueron cortados. Asimismo, porque muchas especies de aves se han extinguido.
Para la realización de la consulta se instalaron 31 urnas en 26 centros de votación, situados en el casco municipal y en las aldeas. El proceso contó con la participación de más de 50 observadores, entre defensores de derechos humanos, nacionales y extranjeros, ambientalistas de Honduras y de El Salvador y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El proceso de este domingo contó con el apoyo técnico de varias organizaciones de derechos humanos que laboran a nivel nacional y de manera particular en el departamento de Choluteca.
Donald Hernández, director del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) explicó que lo que se realizó este domingo fue una auto consulta porque el proceso está basado en el principio de autodeterminación de los pueblos, ante la negativa de la alcaldía municipal de preguntarle al pueblo sobre los proyectos de la industria extractivista.
Hernández amplió que los líderes comunitarios que han estado involucrados en el proceso comenzaron a ser formados desde hace un año mediante talleres sobre derechos humanos, principios democráticos y de participación ciudadana.
La resistencia a los proyectos de energía solar y minería fueron más que evidentes al entrevistar a los votantes que llegaron a la Escuela República de Honduras, ubicada en el centro de Namasigüe. María Esther Blandín, una ama de casa que llegó al centro de votación dijo con determinación estar en contra de los proyectos de explotación de los recursos naturales, porque a raíz de la instalación de la planta solar ya casi no hay agua potable en sus hogares porque las fuentes se han secado.
Asimismo, porque es sobreviviente de cáncer y considera que ese tipo de proyectos provocan daños a la salud y al medio ambiente. “Así que no, no, cero, dijo Timsito, yo no quiero eso”. Similar se expresó María Gumersinda Armas, quien al igual que su amiga María Esther, dijo no a los proyectos mineros y de energía solar. Ella argumentó, como lo hicieron todos los consultados, la prolongación de las sequías, y daños a la flora y fauna.
Migración y pobreza
Oswaldo Efraín López Granera, otro de los votantes que llegó a depositar su voto también expresó su negativa a la minería y a los proyectos de energía solar, al aducir la destrucción del medio ambiente, los efectos del cambio climático y la afectación de la salud.
“Esos proyectos no ofrecen nada, solo suciedad para el pueblo” expresó Oswaldo, quien comentó que a raíz de la instalación de la empresa de capital noruego Scatec Solar, la migración en la zona se ha disparado de manera escandalosa.
Relató que la gente se está yendo para los Estados Unidos, como lo hicieron varios de sus parientes que partieron para el norte la semana pasada porque los cultivos se dañan debido a las sequías y al nulo apoyo del gobierno al sector agrícola, mientras los recursos del Estado son saqueados como ocurrió en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con el famoso caso “Pandora”, que fondos presupuestados para los campesinos fueron desviados, en el año 2013, para las campañas políticas de los partidos Nacional, Liberal y Faper.
“Durante los últimos dos años hay sequía. En Namasigüe nunca se compraba agua, no se miraban esos carros cisterna vendiendo agua y ahora eso es normal”, lamentó.
Las concesiones
Las concesiones de Costa Azul y Los Prados fueron aprobadas en el Congreso Nacional. El contrato de la empresa Scatec Solar contempla la generación de 53 megavatios de energía al año para un conglomerado de cinco empresas: Energías Solares S.A., Fotovoltaica Sureña, Generación Energética en la zona conocida como Prados Sur; mientras que las empresas: Fotovoltaica Los Prados y Foto Sol se sitúan en Prados Norte.
El contrato contempla la compraventa de electricidad a 20 años y un contrato de arrendamiento del terreno por más de 40 años.
Resistencia popular
Los proyectos de energía fotovoltaica han sido enfrentados por la resistencia de los pobladores que instalaron en las comunidades de Costa Azul, Los Prados 1 y Los Prados 2, un campamento de resistencia, que fue desalojado violentamente en marzo de 2018, por fuertes contingentes militares, policiales y guardias privados radicados en la zona.
El campamento se volvió a instalar, y aunque la presencia de los pobladores ya no es permanente, la empresa que goza de las concesiones se sigue absteniendo de seguir con la ejecución de los otros proyectos.
Los líderes comunitarios, que ejercen acciones de resistencia han sido acusados de coacción, daños y perjuicios contra la empresa Los Prados. Además de las acusaciones, los pobladores han denunciado ser víctimas de vigilancia permanente, mediante la instalación de cámaras y drones en sus comunidades, persecución en vehículos y motocicletas, hostigamiento por parte de los guardias privados, estigmatización por parte de los representantes de la empresa, entre otras acciones.
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En medio de la confrontación se originó en noviembre de 2018 el asesinato de Reynaldo Reyes Moreno, un líder comunitario de Prados 1, que fue judicializado por sus labores de defensa territorial en el 2017.
