El INA otorgó los títulos de propiedad a los y las campesinas, quienes han cultivado las tierras desde hace más de doce años
Tegucigalpa.- La Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos publicó en su página de Facebook la alerta sobre el desalojo que se pretende hacer a las y los campesinos de la comunidad de El Tular en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, en el sur de Honduras.
La Red relata que, desde hace más de 12 años, 5 grupos de campesinos han estado en posesión legal de las tierras de buena fe y de manera pacífica.
El Instituto Nacional Agrario (INA) les otorgó sus títulos definitivos de propiedad, en virtud que reunían los requisitos que establece la Ley de Reforma Agraria. No obstante, en fecha 13 de septiembre del 2011, la asociación campesina de Regantes del Valle presentó una demanda ordinaria para que se declare la nulidad de una inscripción registral y sucesivas inscripciones que se pueden originar de una resolución administrativa viciada de nulidad, en contra del Instituto Nacional Agrario.
En ese contexto, el juzgado de letras de Nacaome, Valle dictó sentencia definitiva otorgando la nulidad de la inscripción registral afectando a los y las campesinas del Tular, sin tomar en consideración que ellos durante más de 12 años han sido poseedores de buena fe y actualmente están en posesión de la tierra, cultivando las mismas con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de más de 84 familias, siendo las tierras su principal fuente de sostén y modus vivendi.
Tampoco se tomó en consideración que los y las campesinas del Tular nunca fueron parte del proceso legal, lo que esto da lugar a una clara violación en el proceso legal, afectando directamente los intereses de las y los campesinos del Tular, informa la Red de Abogadas.
De acuerdo con la Red de Abogadas las Empresas Asociativas de Regantes son personas burócratas que en su momento obtuvieron las tierras, ya que el INA les otorgó títulos de propiedad, pero fue el mismo INA quién les quitó las tierras para otorgárselas a las y los campesinos del Tular, en virtud de que no reunían los requisitos que establece la Ley de Reforma Agraria.
Adicionalmente nunca produjeron las tierras y en todo este tiempo no habían cancelado ninguna cuota del monto sobre el costo de las tierras, fue hasta en este gobierno de la presidenta Xiomara Castro que de manera sorprendente y sospechosa cancelaron el total millonario de la deuda, atropellando los intereses de las y los grupos campesinos del Tular.
Exigimos al Estado por medio del INA y los juzgados competentes que garantice los derechos de los y las campesinas del Tular, de tal manera, que no queden desprotegidos los y las niñas, adultos mayores, jóvenes, hombres y mujeres de la comunidad.
