Por: Redacción CRITERIO
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Tras la resolución adoptada por la jueza Wendy Rivera, de librar una orden de desalojo contra los estudiantes que ocupan los predios de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, el abogado Carlo Antonio Jiménez Borjas interpuso el pasado sábado 18 de julio un recurso de reposición.
La orden de desalojo fue dictada mientras se desarrollaba la audiencia de imputado celebrada en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán el viernes 17, contra los estudiantes universitarios Sergio Ulloa y Cesario Padilla.
Lo que persigue este recurso es que Wendy Rivera, rectifique su decisión, evitando de esta forma, un pronunciamiento adverso y posibilitando su actuación conforme a ley. Lo que se pretende, por tanto, es que la misma funcionaria judicial revoque la orden arbitraria que obligaría al desalojo forzado de los estudiantes en la Máxima Casa de Estudios.
Edy Tábora, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), dijo que, durante la audiencia la Jueza Rivera que conoce la causa “resolvió no aceptar su propia recusación”, lo cual es contrario a lo que establece el Código Procesal Penal en su artículo 86, 87 y 89 que establecen que será la Corte de Apelaciones quien resolverá la Recusación y que mientras tanto el Juez o Jueza no conocerá de la causa y de hacerlo serán nulas las actuaciones.
Trascendió que los tres requerimientos fiscales dictados contra los estudiantes universitarios fueron arreglados en menos de 24 horas, no se les entregó la citatoria en sus manos y se libró orden de captura a Moisés Cáceres, quien debido a que como no recibió la cita no llegó al tribunal por estar fuera de la ciudad.
Dicho proceso penal fue abierto por el Ministerio Público a solicitud de la rectora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como represalias porque el lunes 13 de julio los estudiantes de esa entidad educativa tras reiteradas y fracasadas demandas de diálogo decidieron tomar la medida para ser escuchados.
El abogado Mario Rojas, defensor de los estudiantes manifestó estar sorprendido porque la audiencia no debió haberse celebrado, “yo fui al Juzgado a revisar el expediente y la jueza, hizo comentarios contra los estudiantes e incluso señaló que ellos tendrían antecedentes penales y no conseguirían trabajo.”
Las expresiones vertidas por la jueza Rivera son un prejuzgamiento y violentan el Artículo 83, inciso 10 del Código Penal que expresa que “ARTICULO 83.-Causas de recusación. Los jueces y magistrados y los auxiliares de los órganos jurisdiccionales sólo podrán ser recusados por causa legítima. Son causas legítimas de recusación: ……..10) Haber aconsejado o manifestado extrajudicialmente de alguna manera su opinión sobre la causa”.
La Fiscalía está haciendo un uso arbitrario del derecho penal para criminalizar la protesta estudiantil y la Jueza no está garantizando el debido proceso con sus resoluciones, apuntó Tábora.
Hay tres estudiantes universitarios sometidos a proceso judicial, ellos son: Cesario Alejandro Félix Padilla y Sergio Luis Ulloa Figueroa, se les ha dictado medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva luego de que ayer se les librara un requerimiento fiscal por el delito de usurpación de espacios públicos en perjuicio de los bienes del Estado.
La audiencia inicial para los dos jóvenes universitarios quedo fijada para el miércoles 5 agosto.
Ese mismo viernes 16, el Ministerio Publico dictó requerimientos fiscales contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), y el Centro Regional Litoral Atlántico (CURLA) en La Ceiba.
A estos universitarios se les acusa por el delito de usurpación de espacios públicos en perjuicio de los bienes inmuebles del Estado, al igual que a los tres estudiantes de la UNAH-Tegucigalpa a quienes ayer se le dio a conocer la acción legal.
