Informe de GAIPE evidencia el vínculo de funcionarios estatales con el crimen de Berta Cáceres

 

Del análisis de la información telefónica se deduce, además, que los socios y directivos de DESA mantuvieron contacto con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Cáceres  o sus representantes legales.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El informe “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”,  presentado este martes por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) evidencia el vínculo de funcionarios estatales y no estatales en el asesinato de la defensora del medioambiente y lideresa de la comunidad Lenca del occidente de Honduras.

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El informe presentado hoy en un hotel de Tegucigalpa durante un concurrido acto, reúne y sintetiza el análisis de más de cuarenta mil páginas de registros telefónicos, así como de chats, mensajes de texto, GPS, y correos extraídos de algunos de los celulares incautados en la investigación penal.

El documento, que se resume en 87 páginas,  revela que el plan implementado para asesinar a la lideresa se inició en noviembre del 2015, Incluso, la información obtenida a través de los registros telefónicos permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 5 y 6 de febrero del 2016.

Inmediatamente después del asesinato de la defensora de derechos humanos, el 2 de marzo del 2016, su familia exigió al Estado que conformara un grupo internacional para monitorear la investigación conducida hasta entonces por el Ministerio Público.

Como respuesta a la negativa de parte de las autoridades hondureñas, la familia y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) reunieron apoyos de organizaciones nacionales e internacionales y formaron el GAIPE. El mandato del grupo tuvo como prioridad apoyar la realización de una investigación exhaustiva e independiente de quienes impulsan la persecución penal en Honduras, que incluyera el análisis del contexto en el que ocurrieron los múltiples ataques a Berta Cáceres, a los integrantes del COPINH y las comunidades lencas de la zona de influencia de la represa Agua Zarca y entregará recomendaciones. Como parte de su informe de cierre, que incluye el análisis del contexto y del operativo que condujo al asesinato; las conexiones detrás del crimen; las responsabilidades de quienes están siendo procesados y de otros que se ha omitido investigar; el grupo elaboró conclusiones y recomendaciones para el Estado de Honduras.

Entre esas conclusiones y recomendaciones, se constata la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres. A su vez, es posible establecer la consumación de otras conductas delictivas previstas en la legislación hondureña como: asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.

Los agentes a cargo del caso no han seguido las normas sobre debida diligencia e investigación exhaustiva para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Pese a que ocho personas han sido sindicadas como autoras materiales del asesinato, el Ministerio Público no ha mostrado avances en relación a los autores intelectuales, pese a que cuenta con evidencia suficiente para impulsar nuevas líneas de investigación.

El GAIPE también resalta el rol de las financiadoras internacionales, que, pese a que contaban con información previa sobre la actuación de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y su conducta represiva hacia las comunidades, omitió estas informaciones en función de mantener su respaldo hacia la concesión.

Hasta antes de su muerte, Berta Cáceres lideraba la lucha de las comunidades indígenas lencas para frenar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una de las más de 140 concesiones que el gobierno hondureño autorizó desde el golpe de Estado de 2009.

Como resultado de su campaña de alcance global, Berta ganó reconocimiento y notoriedad internacional y se convirtió así en un blanco de persecución legal, ataques físicos y amenizas de muerte.

Descargue aquí: Informe de GAIPE

Los ocho autores materiales del asesinato de Berta Cáceres que han sido identificados por el Estado de Honduras:

1.-Sergio Ramón Rodríguez Orellana

2.-Douglas Giovanny Bustillo

3.-Mariano Díaz Chávez

4.-Henrry Javier Hernández Rodríguez

5.-Óscar Aroldo Torres Velásquez

6.-Elvin Heriberto Rápalo Orellana

7.-Edilson Atilio Duarte Meza

8.-Emerson Eusebio Duarte Meza

A la fecha, la prueba que fundamenta las acusaciones del Ministerio Público contra los ocho imputados, se centra en la información telefónica. El GAIPE ha tenido acceso a una fracción de esta data, compuesta por los registros telefónicos y extracciones de aparatos electrónicos y Tarjetas SIM, que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones, geolocalización, entre otros.

Con base en el análisis de la prueba recopilada, el GAIPE logró documentar numerosas conductas delictivas, irregularidades en la investigación, así como identificar a posibles autores intelectuales del asesinato y concluye que hubo participación de altos ejecutivos de la empresa DESA, responsable del desarrollo del proyecto Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, al cual Berta Cáceres era opositora, porque se construyó violentando y evadiendo las normas hondureñas y la consulta previa e informada que establece el Convenio 169 de la OIT.

A partir de la información analizada, el GAIPE concluye que el asesinato de Berta Cáceres no es un hecho aislado, de hecho el informe permite evidenciar las diversas estrategias emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de DESA; de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena lenca.

La estrategia tenía por objeto controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición. Estas acciones incluyeron: la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado.

 La Secretaria de Seguridad de Honduras cumplió un doble rol, por un lado, destinó personal y recursos para la protección de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca, influenciada por las relaciones con socios y personal directivo de DESA; y, por otro lado, omitió proteger a la lideresa, pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre su vida e integridad.

La información a la que accedió el GAIPE, también permite concluir que DESA no contaba con el capital suficiente para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. A causa de ello, los fondos provenientes del sistema financiero fueron empleados para incrementar los niveles de violencia en la zona de influencia de dicha empresa, atacar sistemáticamente a personas del COPINH y a la misma Berta, entre otros.

A partir del análisis realizado, el GAIPE establece además la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos.

SECRETIVIDAD

Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes.

Del análisis de la información telefónica se deduce, además, que los socios y directivos de DESA mantuvieron contacto con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Isabel Cáceres Flores o sus representantes legales.

A la vez, se demuestra que estos actores influyeron para que las diligencias iniciales se dirigieran hacia personas integrantes del COPINH o cercanas a Berta.

Con base en los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público,  la recopilación y el análisis de información efectuado por el GAIPE, se recomienda:

1. Al Gobierno y el Poder Legislativo:

 A) Revisar la legalidad y, en su caso, revocar conforme a lo previsto por el ordenamiento jurídico y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la concesión, contratos, licencias y otros beneficios otorgados al Proyecto Agua Zarca por la violación al deber de consulta, previa, libre e informada, y las prácticas sistemáticas de persecución y exterminio;

B) Cumplir con lo establecido en el acuerdo firmado en julio de 2011 entre el COPINH y el Presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Soso, mediante el cual asumió el compromiso de “no autorizar la construcción de represas en las comunidades Lencas sin la realización de las consultas libres, previas e informadas”;

C) Adoptar las medidas administrativas y legislativas para:

1) prevenir que las empresas a quienes se les han otorgado concesiones u otros beneficios para la explotación de recursos naturales y bienes del Estado, utilicen los recursos financieros, humanos o de cualquier otra naturaleza para controlar, neutralizar y eliminar las demandas sociales promovidas, individual o colectivamente, ante potenciales violaciones de derechos humanos. Asimismo, se deben tomar las medidas para investigar y en su caso sancionar a las empresas que hayan hecho un uso indebido de los recursos;

2) garantizar plenamente la labor de defensa de los derechos humanos;

3) garantizar el control y subordinación de las empresas de seguridad privada a las fuerzas de seguridad civil del Estado;

4) derogar las funciones judiciales de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, dotando a los órganos civiles, de las facultades y los medios para asumir dichas funciones; 5) fortalecer los mecanismos de investigación que permitan desmontar las estructuras criminales que vulneran los derechos de las personas defensoras de derechos humanos.

2. Sistema de Justicia:

A) Garantizar de manera efectiva la investigación seria, integral y exhaustiva del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, que permita el juzgamiento y sanción de todas las personas que resulten por autoría material e intelectual, por acción u omisión, de los hechos delictivos, así como de las conductas conexas;

 B) Investigar las actuaciones de los agentes a cargo del esclarecimiento de los hechos del 2 de marzo de 2016, para determinar la responsabilidad en que hayan incurrido, por acción u omisión;

C) Investigar,  juzgar y sancionar a las personas vinculadas a DESA y los organismos de seguridad del Estado que formaron y fortalecieron las estructuras criminales que han actuado en contra de las comunidades lencas de Río Blanco e integrantes del COPINH con el fin de desmantelar dichas estructuras y prevenir futuros actos de intimidación y violencia;

D) Permitir la participación de las víctimas en el proceso interno y en tal sentido, brindarles el acceso en forma oportuna a todas las actuaciones de la investigación, así como dar el acceso que corresponda a las personas procesadas para que puedan ejercer el derecho de defensa de conformidad con lo previsto en legislación hondureña y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

3. A las Empresas, Instituciones Financieras y Países Donantes:

Asegurar que los proyectos de desarrollo o inversión respeten y garanticen la obligación de llevar a cabo la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como, exigir del Estado hondureño el pleno respeto a la labor de defensa de los derechos humanos ejercidas por organizaciones de la sociedad civil, personas de las comunidades afectadas ante las políticas de explotación de recursos naturales y bienes del Estado y establecer consecuencias ante la violación a las previsiones del Convenio 169 de la OIT.

4. A la comunidad internacional:

 A) Fortalecer los procesos de monitoreo y auditoría social en torno a las graves violaciones a los derechos humanos, así como, en la promoción y defensa de los derechos humanos ante los proyectos de explotación de recursos naturales y bienes del Estado;

 B) Acompañar las demandas de verdad, justicia, y reparación como mecanismo para garantizar la construcción y consolidación de sociedades menos violentas, en las que el respeto a los derechos humanos, sea incorporada como una práctica cotidiana por agentes estatales, empresas y sistema financiero;

C) Apoyar a la familia de Berta Isabel Cáceres Flores, personas del COPINH, de las organizaciones nacionales e internacionales, así como, del equipo legal, para superar la impunidad y arbitrariedad en el ejercicio de las funciones estatales;

D) Fortalecer adecuación normativa e implementación de medidas que garanticen el pleno ejercicio, individual o colectivo, de los derechos humanos en general; y, especialmente, los vinculados con las políticas de explotación de recursos y bienes del Estado.