Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Las organizaciones indígenas presentes y la Alianza por los Derechos Humanos, ante la eventual aprobación para imponer una irregular Ley de Consulta Libre, Previa e Informada; manifestamos ante la comunidad nacional lo siguiente:
- Que las organizaciones representadas, reconocen la necesidad de crear mecanismos efectivos y de negociación, que protejan el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas, a través de los procesos de consulta como un principio general del Derecho Internacional.
- Que la política de desarrollo económico implementada por el Estado de Honduras a la fecha, ha generado un ambiente de conflictividad socio ambiental, la criminalización, estigmatización, intimidación, manipulación en cabildos abiertos y daños irreparables a la vida, salud, e integridad personal de los pueblos.
- La adopción de cualquier medida o decisión estatal que, afecte jurídicamente, altere, reduzca o anule los derechos de propiedad de los pueblos, debe ser realizada a través de: un proceso de consulta y la obtención del consentimiento de los pueblos indígenas y negros.
- Por lo que resulta contradictorio que la propia discusión y aprobación de la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada (LCLPI) no haya sido objeto de consulta, careciendo así de, legitimidad, representatividad y participación de los pueblos indígenas y negros.
- Denunciamos que la LCLPI no ha estado disponible para la revisión, discusión y observaciones de los pueblos indígenas. Por lo que, que las decisiones unilaterales del Estado, implica un retroceso al Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos y el irrespeto a sus estructuras organizativas ancestrales.
- Rechazamos y alertamos sobre la posible discusión y aprobación de UNA LEY DE CONSULTA SIN CONSULTA en el Congreso Nacional de la República, por lo que NO RECONOCERÍAMOS UNA LEY ILEGÍTIMA Y EXCLUYENTE.
Rosario García Rodas relata a crietrio.hn sobre la pretensión del gobierno nacionalista de querer aprobar la Ley de Consulta Previa obviando el convenio 169 de la OIT y la participación de los pueblos originarios
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