Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- La Coalición Anticorrupción de Honduras presentó este martes el informe “Corrupción, discreción y opacidad: la normalidad en las compras públicas de la COVID-19 en Honduras” que se desarrolló en un hotel de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Fátima Mena, integrante de esta coalición, dijo que en este informe se dan recomendaciones porque existe preocupación ya que los hondureños siguen muriendo por acciones corruptas del gobierno, mismas que pudieron haberse evitado de haber actuado en el marco de la ley.
Eduardo Alemán, coordinador de la unidad de investigación de Unidos Hacemos Historia, resaltó en su informe la influencia que han tenido los diputados hondureños, pues muchos de estos, cuando estuvieron siendo investigados, recomendaron la no renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), cosa que consiguieron en enero de 2020 cuando está se suprimió.
“Es el único país en el que deciden las mismas personas que están siendo investigadas y acusadas de corrupción, desde entonces hemos visto un debilitamiento de la UFERCO que antes era la UFECIC. Y en tiempos de Covid-19 no ha sido la excepción, puesto que han aumentado los incentivos para la corrupción”, dijo Alemán.
Alejandro Kaffati, representante del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), dijo que se analizaron 33 leyes aprobadas en el marco del Covid-19, entre estas, 4 decretos legislativo, 26 decretos ejecutivos PCM, 2 acuerdos ministeriales y una interpretación legal, todas acciones del Estado.
Once de los informes analizados por la coalición contra la impunidad fueron presentados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), siete de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), cinco del Fosdeh, tres del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Centro de Investigación y cuatro del equipo de Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Kaffati piensa que la Ley de Contratación del Estado presenta serias irregularidades como la ausencia de disposiciones para garantizar la estandarización e integridad de compras públicas, eso se ha traducido en sobrevaloraciones, conflictos de intereses éticos, nepotismo, entre otras infracciones de la ley.
En la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social se notó un debilitamiento del marco legal en compras públicas, lo que genera un sesgo político en programas solidarios y tomas de decisiones.
En cuanto a la creación de la Comisión Especial para la Emergencia se evidenció la imposibilidad de poder identificar responsabilidades, porque con este mecanismo no se determina de manera clara los actores responsables de realizar las compras, lo que abre un espacio para que terceros actores participen de manera opaca y sin mecanismos para determinar responsables.
En cuanto a la ley que rige al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) se notó, que mediante PCM y decretos legislativos, se modificó a las instituciones responsables de atender la pandemia y se nombró a veedores con poca experiencia, lo que abrió enormes espacios para la corrupción y se generaron dualidad de funciones.
Los actores responsables de atender la pandemia, entonces, según el marco legal de Honduras son los que están en la Ley de Sinager, pero según los decretos y modificaciones se agregaron otros actores que han pasado a meter sus manos durante la emergencia sanitaria.
La coalición propuso implementar las políticas para combatir la corrupción en Honduras, ampliar las funciones del Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco) y reforzar el sistema judicial, todo lo anterior en aras de desmantelar las redes de corrupción e impunidad.
