Por: Redacción CRITERIO.HN
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En carta remitida al Director Ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. (DFC), Adam Boehler 28 congresistas de los Estados Unidos manifiestan que no apoyan el financiamiento para proyectos extractivistas en Honduras.
Ílhan Omar/foto:isarealnationalnews
Los congresistas norteamericanos, encabezados por Ílhan Omar, señalan que no es posible que se esté financiando proyectos cuando se conocen las profundas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Juan Hernández en Honduras
También se ha girado copia de la carta al Secretario de Estado Pompeo, a la Encargada de Negocios, Embajada de los Estados Unidos en Honduras, Colleen Hoey y al asistente adjunto del presidente y director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone, La misiva señala: “Escribimos para expresar en los términos más enérgicos posibles nuestra oposición al plan anunciado por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de invertir $1 mil millones en proyectos controvertidos en Honduras durante los próximos tres años”.
La carta hace referencia al proyecto Jilamito señalando que esa obra ha enfrentado a una campaña sostenida de oposición de las comunidades locales afectadas desde su inicio.
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La misiva señala que la compañía a cargo del proyecto, Inversiones de Generación Eléctricas, S.A. (Ingelsa), es acusada de manera creíble por los líderes comunitarios de corrupción, intimidación y violencia. El río que está siendo represado es la única fuente de agua potable para las comunidades de la zona.
También señala directamente al presidente Juan Hernández quien tiene un historial que incluye graves violaciones de derechos humanos, acusaciones creíbles de fraude electoral, profundas conexiones con el narcotráfico y el crimen organizado, y la corrupción y que además ha sido señalado en la corte de Nueva York como co conspirador y acusado de recibir dinero de los narcotraficantes para sus campañas.
Aquí la carta
Adam Boehler
Director Ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. (DFC)
1110 New York Ave NW
Washington, DC 20527
August 13, 2020
Estimado Señor Boehler,
Escribimos para expresar en los términos más enérgicos posibles nuestra oposición al plan anunciado por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de invertir $1 mil millones en proyectos controvertidos en Honduras durante los próximos tres años. Hay elementos de la inversión propuesta que están en contradicción directa y flagrante con el compromiso declarado del DFC, y la intención declarada del Congreso de crear el DFC, para promover y facilitar la inversión con respeto a los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos laborales. Es una decepción asombrosa, apenas siete meses después de la creación del DFC, que tomaría un paso en falso tan profundo.
El proyecto hidroeléctrico Jilamito, el único proyecto mencionado en su comunicado de prensa se ha enfrentado a una campaña sostenida de oposición de las comunidades locales afectadas desde su inicio. Esa campaña ha sido objeto de criminalización y acoso por parte del Estado hondureño y poderosos intereses económicos en Honduras. Organizadores contra el proyecto, incluido el joven abogado Carlos Hernández que los representaba, han sido asesinados. Otros han recibido amenazas de muerte. La compañía a cargo del proyecto, Inversiones de Generación Eléctricas, S.A. («Ingelsa»), es acusada de manera creíble por los líderes comunitarios de corrupción, intimidación y violencia. El río que está siendo represado es la única fuente de agua potable para las comunidades de la zona.
El contexto más amplio en Honduras es revelador. El presidente Juan Hernández tiene un historial que incluye graves violaciones de derechos humanos, acusaciones creíbles de fraude electoral, profundas conexiones con el narcotráfico y el crimen organizado, y la corrupción. Múltiples acusados en casos federales de narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York lo nombraron conspirador y testificaron que recibió donaciones de campaña de los carteles de drogas.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras documentó a 16 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad hondureñas inmediatamente después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2017. Una de las personas asesinadas en el contexto de la crisis postelectoral en 2017-18 fue Ramón Fiallos, un organizador contra la represa de Jilamito que fue blanco de las fuerzas de seguridad por su activismo.
Organizadores indígenas, afro-indígenas y campesinos en Honduras han sido criminalizados y asesinados. El ejemplo más destacado, pero de ninguna manera solo, es el caso de Berta Cáceres, la líderesa indígena que fue asesinada por una colusión de intereses económicos y políticos en 2016. Hace solo unos días, cinco líderes de la comunidad garífuna fueron desaparecidos forzosamente por hombres vestidos de uniformes militares y policiales en Triunfo de la Cruz, a menos de 20 millas del sitio de la presa Jilamito. Es profundamente alarmante que usted, Chargé Hoey y el Sr. Claver-Clarone consideren aceptable comparecer con el presidente Hernández y anunciar una inversión en la misma región del país donde se han producido esas desapariciones y años de violaciones de derechos humanos. Como saben, los miembros del Congreso quedaron profundamente conmocionados por el asesinato de Berta Cáceres y han instado repetidamente no solo a la justicia por su asesinato, sino también a cambios en las políticas para garantizar que los Estados Unidos esté del lado de los y las defensores de los derechos humanos y activistas ambientales en Honduras que trabajan para proteger los derechos de sus comunidades.
Según cualquier estándar razonable, los derechos humanos y los impactos ambientales del proyecto hidroeléctrico Jilamito y el historial de Ingelsa y del estado hondureño deberían haber evitado que esta inversión avanciera. Dado que los protocolos existentes en DFC han fallado, ahora consideraremos opciones legislativas para evitar que este proyecto avance.
Además, estamos muy preocupados por la falta general de transparencia y consulta que condujo a esta inversión, y que no existen mecanismos de supervisión para prevenir la corrupción. Deben existir controles de corrupción adecuados para garantizar que los fondos no sean robados. La corrupción es endémica en Honduras y con demasiada frecuencia, los fondos son robados y los proyectos nunca se completan. Un ejemplo clásico es la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del proyecto de transporte público Trans-450, un proyecto que nunca se completó, pero que los hondureños aún deben pagar la deuda.
La administración de Hernández ha frustrado o debilitado activamente las medidas anticorrupción: el DFC no debe invertir ningún dólar de impuestos de los Estados Unidos hasta que se implementen mecanismos anticorrupción. Finalmente, instamos a que se divulgue completamente los otros proyectos que esta inversión de $1 mil millones planea apoyar en Honduras.
Damos la bienvenida a una conversación sobre el papel que DFC pretende jugar en la promoción de un desarrollo sostenible que respete los derechos humanos, el medio ambiente y las normas laborales. Su inversión planificada en Honduras es un grave error, y esperamos sinceramente que no sea una señal de lo que vendrá.
Sinceramente,
Ilhan Omar
Miembra del Congreso
cc: The Hon. Mike Pompeo, Secretario de Estado
The Hon. Colleen Hoey, Encargada de Negocios, Embajada de los Estados Unidos en Honduras
Mauricio Claver-Carone, Asistente adjunto del presidente y director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional
Firmantes adicionales
Rep. Nanette Barragán
Rep. Earl Blumenauer
Rep. Suzanne Bonamici
Rep. Joaquín Castro
Rep. Danny K. Davis
Rep. Peter A. DeFazio
Rep. Anna G. Eshoo
Rep. Adriano Espaillat
Rep. Jesús G. «Chuy» García
Rep. Raúl M. Grijalva
Rep. Pramila Jayapal
Rep. Henry C. «Hank» Johnson, Jr.
Rep. Marcy Kaptur
Rep. Andy Levin
Rep. Alan Lowenthal
Rep. James P. McGovern
Rep. Eleanor Holmes Norton
Rep. Alexandria Ocasio-Cortez
Rep. Dean Phillips
Rep. Mark Pocan
Rep. Ayanna Pressley
Rep. Jamie Raskin
Rep. Jan Schakowsky
Rep. José E. Serrano
Rep. Jackie Speier
Rep. Rashida Tlaib
Rep. Nydia M. Velázquez
Un comentario
Ya es tiempo que los paises ricos respeten la soberanía de los países en desarrollo y no les quiten sus recursos naturales.