Según datos obtenidos por Criterio.hn, la mayoría de las personas procesadas por el delito de falsificación de documentos públicos son hombres, siendo el departamento de Cortés donde se ha registrado el mayor número de casos
Tegucigalpa, Honduras.-. En la última semana, ha salido a la luz la corrupción en el sistema judicial de Honduras, evidenciada por el inicio del proceso contra el juez Marco Vallecillo. Este caso pone de manifiesto que la corrupción permea distintos niveles de la administración pública.
Uno de los delitos más comunes en la administración pública es la falsificación de documentos públicos, que según el Código Penal de Honduras, implica alterar, destruir, suprimir u ocultar un documento público o cualquiera de sus elementos.
Este delito también incluye la introducción de datos erróneos en todo o parte de un documento, alterando así su autenticidad, tal como lo establece el artículo 456 del Código Penal de Honduras.
Asimismo, puede ser acusado de este delito quien falte a la narración de hechos o inserte declaraciones distintas a las verdaderas.
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DEPARTAMENTOS DONDE MÁS PERSONAS SE HAN PROCESADO
Según cifras del Ministerio Público (MP), obtenidas mediante la solicitud de información pública SOL-MP-2790-2024, 260 personas han sido procesadas por este delito en los últimos cinco años en Honduras.
Los datos proporcionados a Criterio.hn indican que el departamento de Cortés lidera en número de procesados, con 132 personas, seguido por Francisco Morazán con 53.
Entre el 1 de enero de 2020 y el 14 de agosto de 2024, el Ministerio Público procesó a 260 personas, de las cuales el 83 % (216 personas) son hombres y el 17 % (44 personas) son mujeres.
FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO
Las personas declaradas culpables de falsificación de documentos públicos enfrentan penas que oscilan entre cuatro y ocho años de prisión, así como multas de 300 a 500 días, según el artículo 456 del Código Penal hondureño.
Además, el artículo 458 establece que, si el delito es cometido por un funcionario o empleado público, se impondrá una inhabilitación especial para ocupar cargos o empleos públicos por un período de seis a 12 años.
Aunque se solicitó al Ministerio Público la identificación de las instituciones donde se cometió este delito, no se proporcionó dicha información.
De igual forma, el informe Estado-País presentado en abril de este año por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que la falsificación de documentos públicos se ha convertido en el delito de corrupción más judicializado en Honduras durante los últimos dos años.
Este delito supera en número de casos a otros delitos como la violación a los deberes de los funcionarios, el abuso de autoridad, el cohecho, la malversación de caudales públicos, el fraude, la usurpación de funciones, la simulación de cargo, el prevaricato y el enriquecimiento ilícito.
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POBRE TRABAJO DE FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN Y TSC
Según Juan Carlos Aguilar, director de Justicia de Transparencia de la ASJ, la judicialización de delitos, incluida la falsificación de documentos públicos, ha disminuido en estos dos últimos años en Honduras.
Aguilar atribuyó esta situación en gran parte a la baja efectividad de las fiscalías anticorrupción, cuyo desempeño, según el informe, alcanzó apenas un 0.67% debido a que, en 2023, se iniciaron 1,637 procedimientos por delitos de corrupción; sin embargo, sólo 50 casos fueron judicializados y apenas 11 resultaron en condenas, dado que muchos de los casos solo avanzaron hasta la audiencia inicial.
Otro factor que, según Aguilar, ha obstaculizado la lucha contra la corrupción en Honduras es el deficiente desempeño del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en 2023 únicamente el 2.7% de las auditorías realizadas fueron enviadas al Ministerio Público, y a criterio del jurista se debería a la influencia de los exmagistrados hoy investigados investigados por la justicia,, quienes, antes de ser dejar sus cargos, afectarían procesos de auditorías.
