Tegucigalpa, Honduras.-El hecho de que Francisco Morazán esté bajo “drásticas” medidas de seguridad y haya sido uno de los primeros departamentos hondureños donde se instauró el estado de excepción desde diciembre de 2022, no ha impedido que continúe siendo la zona en donde más se han homicidios múltiples.
De acuerdo con un cotejo de datos a partir de un informe presentado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hace unos días, de los 63 (podrían ser más) asesinatos múltiples registrados durante los 630 días que lleva vigente el estado de excepción, Francisco Morazán es el departamento con mayor incidencia.
El común denominador indica que Francisco Morazán concentra el 20.63% de las muertes múltiples registradas durante el estado de excepción (13), seguido de Cortés con el 17.46% (11) y Yoro con el 14.29% (9). En cuarto lugar, se encuentra Olancho con el 9.52% (6).
En Francisco Morazán no solo se han registrado más homicidios múltiples, sino que también es el departamento en donde el crimen organizado se encuentra en su auge debido al cobro de extorsión a los diferentes comercios
Mientras tanto, en Comayagua, ubicada en la zona central de Honduras, y en Colón, en el extremo norte, se han registrado 10 asesinatos múltiples, con cinco en cada departamento, lo que equivale al 7.94% del total. Una dinámica similar se observa en Atlántida y Santa Bárbara, con tres casos en cada uno, representando el 4.76% del total.
Finalmente, se encuentran Copán (en el occidente), Intibucá (en el centro-sur), Lempira (en el suroeste), Islas de la Bahía (en el noreste) y Valle (en el sur), departamentos en los que se han registrado dos asesinatos múltiples durante el estado de excepción parcial, representando cada uno el 3.17% del total.
En conjunto, estos departamentos suman 10 asesinatos múltiples, lo que, junto con los casos reportados en los párrafos anteriores, contabiliza un total de 63 asesinatos múltiples, de los que la gran mayoría continúan en plena impunidad.
Las víctimas de estos distintos hechos violentos múltiples en diferentes partes del país suman 269, de las cuales 177 son hombres (65.8%) y 92 son mujeres (34.2%).
Del total (269) solo en 2024 han asesinado a 64 personas, que representan el 24%, seis son niños (tres niñas y tres niños), 44 son hombres y 14 son mujeres.
En Francisco Morazán no solo se registraron más masacres, sino que también fue el departamento con el mayor número de víctimas de estos hechos durante el estado de excepción en 2024. Le siguen Cortés, Colón y Olancho.
Le puede interesar: Honduras país con mayor criminalidad en la región en 2023, pese al estado de excepción
¿QUÉ PLANTEAN LAS AUTORIDADES?
La postura de los integrantes de la Cúpula de la Policía Nacional parece ser bastante radical, según lo expuesto en diversos espacios televisivos. Aquellos que cuestionen que, bajo el estado de excepción, se hayan registrado varios asesinatos múltiples son considerados criminales o se les atribuyen vínculos directos con el crimen organizado y el narcotráfico.
Esta afirmación, reiterada por el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, fue hoy reforzada por el subdirector de la Policía Nacional, Wilmer Torres. En un foro estatal, Torres aseguró que solo quienes tienen vínculos con los criminales y tienen poca capacidad analítica destacan las falencias del estado de excepción y no sus “logros”.
“Hoy por hoy, nosotros, los que medianamente tenemos capacidad analítica —digo medianamente porque quienes cuestionan el estado de excepción se basan en lo que escuchan— entendemos lo que estamos haciendo como fuerza pública. La masa crítica reconoce los logros de la institución; no los desconocen”, opinó el subdirector Torres.
La valoración de Torres fue acompañada por una explicación de datos del secretario de Seguridad, quien detalló que, gracias al estado de excepción, se han logrado realizar más capturas de criminales, desintegrar bandas delictivas, decomisar armas de fuego y reducir la tasa de muertes violentas en comparación con años anteriores.
Sin embargo, aunque la cúpula policial criminaliza a quienes cuestionan el estado de excepción, no está considerando las posibles consecuencias para el Estado hondureño si continúan implementando prácticas que no están dentro del marco de la legalidad, según lo estipulado por la Constitución de la República.
Actualmente, algunas de las acciones que la Policía Nacional está destacando como logros del estado de excepción están en el marco de la ilegalidad. Esto se debe a que la medida no está cumpliendo con el proceso establecido en el artículo 187 de la Constitución, que detalla el procedimiento para instaurar y prolongar un estado de excepción.
Dicho artículo establece que el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto de emergencia especificando cuáles garantías constitucionales se suspenden (actualmente son seis) y el motivo de la suspensión. Este decreto debe ser evaluado, aprobado o rechazado por el Congreso Nacional dentro de un máximo de 30 días, lo cual no se ha cumplido. De hecho, en 2024, solo una vez ha sido ratificado.
Debido a la suspensión de las seis garantías ciudadanas establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República, la Policía Nacional puede ejecutar arrestos y allanamientos de viviendas sin la previa autorización o orden de un juez y sin el acompañamiento de un fiscal.
Sin embargo, dado que el estado de excepción no ha sido ratificado, las personas sometidas a estas medidas o cuyos hogares hayan sido allanados pueden presentar denuncias no solo ante el Ministerio Público, sino también demandar al Estado hondureño ante una corte internacional por la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas de seguridad.
