El departaento de Yoro se posiciona como el más violento para la adolescencia y juventud hondureña.
Tegucigalpa, Honduras. En Honduras, ser joven continúa siendo un riesgo ante los altos índices de violencia que enfrenta el país. Entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 2026, se han documentado 114 muertes violentas de adolescentes y jóvenes, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), una cifra que evidencia la persistente vulnerabilidad de este sector de la población.
Las cifras oficiales señalan que hasta el 16 de febrero se registran 114 muertes violentas de adolescentes y jóvenes a nivel nacional, mismas que en su mayoría fueron ejecutadas con armas de fuego.
A nivel departamental, Yoro, Francisco Morazán y Olancho concentran los mayores índices de muertes violentas, con 18, 15 y 14 casos respectivamente. Del total de víctimas registradas, el 90 % corresponde a personas del sexo masculino, lo que refleja una marcada incidencia y un fenómeno que debe ser atendido por las autoridades hondureñas.
De acuerdo con la categorización por edad de la Policía Nacional de Honduras, el grupo etario más afectado por las muertes violentas en el país es el de jóvenes entre 22 y 30 años, que concentra el 72 % de los casos, seguido por las personas de 19 a 21 años y los adolescentes de 11 a 15 años, que registran 16 cada uno.
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UNA REALIDAD QUE NO PUEDE SER DESATENDIDA
Para el abogado y director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, las cifras contabilizadas representan una seria señal de alerta y constituyen un indicador clave que debe impulsar al gobierno a adoptar decisiones urgentes orientadas a fortalecer las políticas de prevención de la violencia.
Acevedo recalcó que es imperante que las autoridades hondureñas trabajen en políticas de prevención y que brinden abordajes con perspectiva psicológica en ciencias sociales para su fortalecimiento.
El abogado explicó que es importante que se reconozca que las muertes violentas no solo se derivan de las maras y pandillas, ya que existen problemas de drogadicción, narcotráfico y alcoholismo que provocan y estimulan la violencia ante su libre venta.
Además, apuntó que una parte significativa de estas situaciones se origina en los entornos a los que niñas, niños, adolescentes y jóvenes han sido expuestos por sus padres o tutores legales, quienes, de forma directa o indirecta, han permitido la normalización de prácticas como la sexualización temprana, la prostitución, el consumo de drogas, el narcotráfico y la vinculación con pandillas.
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MEDIDAS QUE TENDRÍAN QUE SER ADAPTADAS
La abogada y defensora de derechos humanos, Gabriela Blen, explicó que para prevenir que se sigan registrando muertes violentas de adolescentes y jóvenes, es necesario que el gobierno implemente abordajes con enfoque de derechos humanos en sus políticas de seguridad nacional.
Blen señaló que, en muchos casos, las muertes violentas de jóvenes están relacionadas con ajustes de cuentas del crimen organizado, producto de la vinculación temprana con maras y pandillas, y que esto se registra con frecuencia debido a la persistente ausencia del Estado en amplias zonas del país, lo que genera condiciones propicias para que estas estructuras criminales se fortalezcan, incrementando su exposición.
La jurista recalcó que, para evitar que esto continúe ocurriendo, es necesario que se aspire a brindar atención temprana de cuidados diurnos a niños con madres solteras, que se promuevan las actividades extracurriculares después de la jornada escolar, que se priorice la creación de programas asistenciales que cubran necesidades básicas a personas que viven en situaciones de extrema pobreza.
Blen resaltó que es necesario que se capacite a los centros de seguridad del Estado para que se inicie con la implementación de medidas preventivas que ayuden a la niñez, adolescencia y juventud a involucrarse en actividades que les permitan desarrollar sus potenciales con entretenimientos sanos y de esa manera aportar a la reducción de esta problemática.
