Tegucigalpa. Los últimos meses la violencia en general se ha disparado en Honduras, pero además también toca vidas de personas que se han visto vulnerabilizados históricamente en el país. Estos crímenes de odio superan los años anteriores, los cuales en su mayoría siguen en impunidad.
Recientemente se registró la muerte violenta de la activista y mujer trans Melissa Núñez de 42 años de edad quien fue atacada a balazos por hombres desconocidos en las cercanías de su vivienda en Morocelí, El Paraíso. Convirtiéndose en la sexta persona trans asesinada en Honduras en lo que va de este año, según datos del Observatorio de Cattrachas.
Según versión de los familiares a medios de comunicación, Melissa vivía en el extranjero y regresó a Honduras en noviembre de 2021 después de vivir en Estados Unidos durante más de 20 años.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) condenó este asesinato y pidió a las autoridades hondureñas realizar una investigación «pronta, imparcial y exhaustiva» del crimen.
Con el vil asesinato de Melissa suman 34 las personas de la comunidad LGBTI asesinadas en Honduras en lo que va de 2022, mientras la impunidad alcanza a más del 90 % de esos casos, según cifras de organizaciones de derechos humanos.
El coordinador de la asociación Kukulcán Donny Reyes, en conversación con Criterio.hn manifestó su preocupación sobre el aumento indiscriminado de muertes violentas hacia la comunidad diversa durante este año, agregó que solo el mes de octubre asesinaron a más de 4 personas pertenecientes a la comunidad LGTBI.
Mencionó que esto les genera alarma y alerta, porque pese a que el discurso, la lírica y el romanticismo a nivel de gobierno es muy bueno, no son así las acciones, porque hay una enorme ausencia de políticas y acciones a favor de la comunidad que representa y que den respuesta a la prevención de muertes violentas a la comunidad LGBTI.
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“Estamos peor que en años críticos, como el 2017, nosotros creemos que esto está relacionado con el contexto político de país, está marcado con la violencia el estigma y la discriminación, la ausencia y desinterés del gobierno, del Ministerio Público y de Corte Suprema de Justicia se ve y definitivamente no les importamos”, declaró.
Reyes avizora un ambiente desesperanzador con el cambio de gobierno, porque no es la presidenta Xiomara Castro quien está gobernando el país, “para nosotros es doloroso ver que ella está en reunión con el Papa y aquí nos están matando, las mujeres siguen muriendo por violencia de género”.
Reprochó que Castro no ponga mirada hacia este grupo vulnerable y que las autoridades no estén haciendo nada para disminuir la criminalidad que cada día va en aumento, según las cifras que maneja la organización hasta la fecha se registran 37 muertes violentas en contra de miembros de la comunidad diversa.
MIEMBROS DE DERECHA
“Las autoridades del gobierno actual nos están tachando de ser miembros de derecha, hay campañas de autoridades del gobierno en contra de la comunidad LGTBI” denunció Reyes.
Los crímenes de odio en el país ya no se registran solo a lo externo del entorno, sino que también se han trasladado a los centros penales de “máxima seguridad”, donde se “supone” debería de estar seguros y fuera de peligro.
Miembros de la comunidad diversa han manifestado que los patrones y la manera en que les arrebatan la vida dejan ver el prejuicio y odio del victimario y su interés en castigarlo por su sexualidad, la otra violencia ejercida en el país que también es invisibilizado por los entes de investigación.
Activistas, defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad LGTBI consideran que la falta de investigación y la ausencia de una sanción adecuada para los agresores de miembros de la comunidad LGBTI contribuyen a que estos casos queden en la impunidad.
Es importante mencionar que los miembros de la comunidad LGTBI no solo viven la violencia generalizada, que persiste en Honduras, también políticos, especialmente los que pertenecen al Partido Nacional quienes desde el gobierno anterior crearon campañas de odio, discriminación y desprestigio en contra de la comunidad diversa.
Otros que no se han quedado atrás son cierto grupos “religiosos” manifestando sus posturas en contra de la comunidad, mismas que están llenas de un discurso discriminatorio, este grupo es solo uno de los que siempre han estado en contra de la comunidad diversa y sacan su “conservadurismo” cada vez que pueden.
No obstante, diferentes miembros de la comunidad LGTBI y defensores de los derechos humanos de estos grupos, aseguran que solo hacen como cortinas de humo o para llenar agendas de medios tradicionales.
En conversación con Grecia O´Hara, quien es activista pro derechos LGTBIQ+, manifestó que a nueve meses del nuevo gobierno para ellos no hay ningún cambio, este “supuesto” gobierno inclusivo, mismo que había aceptado la agenda de trabajo que presentó la comunidad LGTBIQ+, “vemos que este gobierno de izquierda progresista, tiene un concepto de progreso que solo les conviene a ciertos grupos de la sociedad”.
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O’Hara es del criterio que en Honduras lo único que ha cambiado es el color de la bandera de quienes mandan y rechazó que en un gobierno que se “supone” es pro defensor de los derechos de los grupos vulnerables las muertes hacia estos grupos se estén disparando.
“Seguimos esperando los cambios que nos prometió la presidenta Xiomara, no tenemos avances en tema de derechos humanos, los procesos siguen retrasados, disparan cortinas de humano en nuestra contra, no aceptan reuniones con nosotros, queremos hablar con la presidenta porque hay gente que no cumple sus órdenes”, reveló.
O’Hara desde la comunidad trans exige la atención inmediata al Estado para la resolución de los crímenes en contra de la comunidad diversa, “necesitamos que por lo menos asuma un caso de todo lo que nos prometió en su campaña y que no le tengan miedo a las entidades religiosas que confunden y tergiversan la información”.
Históricamente la comunidad LGTBI en Honduras ha sido víctima de un lenguaje homofóbico que provoca descalificación, también han sido invisibilizados, sufren exclusión social y odio, que muchas veces concluye en acoso, agresiones físicas y hasta en la muerte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Honduras en 2021 por la muerte de Vicky Hernández, una mujer transexual y defensora de derechos humanos que fue ejecutada de forma extrajudicial el 28 de junio de 2009, asimismo dio recomendaciones que a hasta la fecha continúan sin cumplirse por parte de las autoridades.
La deuda que tiene Honduras en investigación a muertes violentas y crímenes de odio en contra de miembros LGTBI cada día va en aumento el Observatorio de Cattrachas da cuenta que, de todas las muertes a personas de la comunidad diversa, apenas hay 97 casos judicializados y solo 40 sentencias condenatorias.
