Sociedad civil exige al gobierno de Xiomara Castro la protección inmediata de la niñez en situación de calle
Tegucigalpa. – En Honduras se ha hecho común observar a hombres y mujeres por las calles, que suplican la caridad del transeúnte, y en esta misma condición se encuentran alrededor de 18 mil niños y niñas, unos que andan con sus familias y otros que no gozan de este privilegio, pero que comparten el mismo abandono del Estado.
“Qué respuesta se ha estado dando, qué hemos hecho con casi 18 mil niñas y niños que hoy viven en las calles a lo largo y ancho el territorio nacional”, cuestionó el director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez ante el abandono y vulnerabilidad en la que vive la niñez hondureña.
En ese sentido, la Red Coiproden urgió a las autoridades gubernamentales la aplicación de medidas para superar el estado de abandono, discriminación histórica, riesgo inminente y la vulneración a sus derechos económicos, sociales y familiares en que se encuentran.
Además, exigen al gobierno de la República, la materialización constante y permanente de acciones que atiendan de manera eficaz los derechos humanos de las niñas y niños que sobreviven en las calles de Honduras, a través del cumplimiento de la sentencia histórica de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2022, donde se instruye a la Presidencia de la República, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
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VULNERACIÓN DE DERECHOS
Las desigualdades sociales aumentan y con ellas las vulneraciones a los derechos fundamentales, de acuerdo con el Instituto Nacional de estadísticas (INE), el 73 % de la población hondureña vive bajo la línea de la pobreza y un 53 % vive en extrema pobreza, situación que obliga a las personas a buscar una manera de vivir, entre ellas las ventas ambulantes, el trabajo infantil y la mendicidad.
Al estar en las calles, el acceso a la educación y la salud es casi nulo, por no decir ninguno, esto repercute en la vulneración de los derechos de los niños y niñas.
Para Michele Maldonado, coordinadora de abogacía de Aldeas Infantiles SOS –organización con mas de 50 años de presencia en Honduras— “La vulnerabilidad crece por los ciclos de pobreza que estamos viviendo”.
Además, detalló que 8 de cada 10 niños viven en situación de pobreza, situación que obliga –ante la necesidad— al trabajo infantil.
En ese sentido, la defensora de derechos de la niñez sugirió que para paliar el trabajo infantil y la niñez en condición de calle, se debe crear un sistema que garantice el acceso al trabajo a los padres y madres. “Una persona que tiene un salario digno, que le ajuste para vivir, no crea la necesidad de mandar a sus hijos a la calle a pedir”, señaló Michele Maldonado.
Por su parte, el coordinador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLASO) en Honduras, Rolando Sierra, opina que la vulneración de los derechos de los niños y niñas parte porque “no hay una protección inicial para los niños, niñas y adolescentes, (…) y refleja que no hay una protección por parte del gobierno”, que, a criterio de analistas, sigue siendo uno de los principales desafíos.
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OTROS EFECTOS DE LA POBREZA
La niñez hondureña al verse en situaciones de escasez, trabajo infantil como una manera de apoyo a sus familias y al vivir en la calle, también buscan la ruta migratoria con el ideal de generar ingresos, muchos son empujados por la pobreza, pero además por la violencia estructural ya que la niñez se enfrenta a situaciones de riesgos como el reclutamiento por las bandas del crimen organizado, maras y pandillas para cometer ilícitos.
“La violencia se vuelve también en uno de los factores de la inmigración, especialmente de niños, niñas y jóvenes en el país”, expresó Rolando Sierra.
El Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), en 2022 registró 14 mil 334 niños, niñas y adolescentes retornados, que representan el 16 % de la población retornada a Honduras.
En ese sentido, el director ejecutivo de Coiproden, Wilmer Vásquez, lamentó que desde el inicio del mandato de la presidenta Castro, no han podido tener ningún tipo de acercamiento para para poner en la agenda estatal el cuidado de la niñez y la adolescencia.
“En estos 14 meses el gobierno no ha demostrado interés en escuchar a la sociedad civil y particularmente a las organizaciones de niñez que queremos hablar de la realidad que vive la niñez y la adolescencia en Honduras”, reprochó Vázquez.
El director ejecutivo de Coiproden, denunció que no han sido escuchado debido a que “hay un anillo de seguridad que nos Impide llegar a la presidenta de la República, pero también hay resistencia de parte de titulares de instituciones del Estado que no permiten que podamos trabajar de manera conjunta.
Ante esta contención, el defensor de derechos humanos de niñez y adolescencia advirtió que de obtener respuesta “tenemos que llegar hasta las instancias internacionales”.
Además, como parte de la incidencia Coiproden, en el marco de la “visita in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), planteará la problemática de la niñez Honduras y posteriormente ante el Pleno del Comité de Derechos del Niño en las Naciones Unidas en Ginebra.
