Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Más de Lps. 158 millones se han pagado en concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos a altos oficiales que han sido cancelados, en los primeros 6 meses de implementación del proceso de emergencia de depuración policial.
Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, informó que, hasta la fecha, “se han pagado más de Lps. 158 millones por prestaciones laborales, indemnizaciones y derechos adquiridos a altos oficiales y agentes de escala básica que han sido cancelados por la Secretaría de Seguridad”.
“Todos los que han sido cancelado como consecuencia del proceso de reestructuración institucional de la Policía Nacional han recibido sus respectivas indemnizaciones; a nadie se le han violentado sus derechos laborales, en todos los casos se ha respetado el debido proceso, la mayoría de ellos ha recibido satisfecho sus respectivas prestaciones” aseguró el depurador.
Recientemente, la Comisión Especial comunicó que los policías sometidos a evaluación que habían sido cancelados pudieron haber salido de la institución por dos vías, la de cancelación por despido o la de cancelación por reestructuración.
El despido se da cuando se ejecuta el acto administrativo que permite la cancelación por causa justificada, sin responsabilidad económica para la institución, y previa audiencia de descargo; mientras que la cancelación por reestructuración es la causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad personal o del miembro de la Policía Nacional, sujeto a la cancelación de su relación de prestación del servicio, cancelándole los derechos que conforme a la legislación le corresponden.
Según el Decreto Legislativo No. 21-2016 aprobado por el Congreso Nacional de la Republica el 7 de abril de 2016, se dispuso, el artículo 2 “autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda”; se indicaba el dicho artículo que “son justas causas de cancelación por despido de cualquiera de los miembros de la Policía Nacional la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza”.
Además, se establece que “el Poder Ejecutivo en el caso de retiro voluntario procederá al reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales para los cuales podrá establecer convenios de pago”.
Del mismo modo, fue decisión de la asamblea legislativa “autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas crear las partidas presupuestarias correspondientes para el registro del pago de los pasivos laborales que se deriven de la ejecución del presente Decreto y asimismo se le autoriza para que pueda contratar el Banco Estructurador y el Banco Pagador de los bonos soberanos que coloque en el mercado nacional o internacional”; asimismo, “para el cumplimiento del pago de los derechos laborales la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas lo cargará al límite de crédito interno autorizado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. En caso que se requieran mayores recursos se requerirá una ampliación presupuestaria que deberá presentar al Congreso Nacional para su aprobación”.
