Por: Criterio.hn/Pasos de Animal Grande
Pareciera una broma, pero es la realidad que se vivió hoy 05 de agosto de 2015, en la Audiencia Inicial de los estudiantes universitarios Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, cuando el Ministerio Público presentó una constancia por supuestos daños en la UNAH por la cantidad de 13 mil 800 millones de lempiras, lo que representa más del triple del presupuesto asignado por el Congreso Nacional a esa entidad educativa que suma alrededor de 4 mil 593 millones lempiras. Comienza diciendo el periódico “Pasos de animal grande” en su nota sobe la audiencia inicial conta los estudiantes acusados por las autoridades universitarias.
Pero al Fiscal René Montalbán no le bastó eso sino que solicitó cárcel para los jóvenes y reiteró que pertenecen a una organización criminal, al referirse al movimiento estudiantil de la UNAH.
Otro dato que llama la atención es que llegó un representante de la Procuraduría General de la República, el abogado Francisco Pérez y defendió la posición del Ministerio Público. Eso llamó la atención de la abogada Kenia Oliva, de la defensa de los estudiantes, quien manifestó que no se explicaba por qué esa dependencia estuvo presente en la audiencia.
También estuvo allí en la audiencia, por la mañana un delegado y por la tarde una delegada de Brigadas Internacionales de Paz, PBI, como observadores de Derechos Humanos.
Estudiantes llegan a solidarizarse con sus compañeros
Un despliegue policial inusitado se realizó ante la presencia de compañeros estudiantes que llegaron a pesar de las amenazas en la UNAH a solidarizarse con sus tres colegas. Su presencia con cantos y aplausos movilizó a una fuerza policial que se mostró hostil y amenazante contra las y los jóvenes que permanecieron desde las nueve de la mañana hasta el final de la audiencia pasadas las cuatro de la tarde con una manta que decía “No a la criminalización de la protesta estudiantil”.
El pasado 17 de julio a petición de la rectora Julieta Castellanos a través de sus apoderados legales, solicitó requerimiento fiscal y órdenes de captura contra los tres muchachos, a quienes acusó de usurpación y detentación de espacios públicos, así como instigadores dentro de la universidad en lo que respecta a las tomas que se iniciaron en la capital el 13 de julio pasado, como medida de protesta por las acciones represivas contra sus compañeros de la carrera de Odontología de la UNAH Valle de Sula, la aprobación de una tabla de unidades valorativas que excluye a los estudiantes y la falta de representatividad estudiantil en el Consejo Universitario.
Castellanos se ha mantenido muy molesta desde que la Sala de lo Constitucional le ordenó el 12 de febrero de este año que debía matricular a seis estudiantes expulsados, entre ellos los tres que ahora enfrentan un proceso penal. Desde esa fecha se ha dedicado a introducir manifestaciones ante la Sala de lo Constitucional para desbaratar la decisión, pero las mismas han sido desestimadas por esa entidad de justicia.
Producto de los ataques que ellos han sido víctimas y las diversas violaciones a los derechos humanos dentro de la UNAH, Padilla, Ulloa y Cáceres integraron el Comité pro defensa de los derechos humanos en la UNAH, desde donde monitorean las irregularidades y documentan casos.
Audiencia Inicial: con pruebas sin fundamento llegó la fiscalía
De acuerdo a la abogada Kenia Oliva, de la Iniciativa Periodismo y Democracia, que apoya en la defensa a los jóvenes, la Fiscalía presentó como testigo al jefe de seguridad de la UNAH, Roger Aguilar quien se contradijo en sus declaraciones y más bien se evidenció que existe dentro de la universidad un aparato de vigilancia que levanta perfiles de los estudiantes lo cual es grave para los derechos humanos y pone en riesgo a la comunidad estudiantil que levanta su voz ante las arbitrariedades.
La Jueza devolvió la constancia de evaluación de daños de la jefa de Financias de la UNAH, donde se señalaba que los daños ocasionados en el Alma Máter eran por 13 mil 800 millones de lempiras, y con lo cual advirtió el fiscal Montalbán a los estudiantes que sería utilizada para una demanda civil contra ellos.
El abogado Edy Tábora, Director Ejecutivo de C-Libre y parte de la defensa, expresó que les preocupa el exceso de la fiscalía y de la Procuraduría General de la República en sus peticiones, “ellos tienen que argumentar sus peticiones, las leyes de ambas instituciones a las que representan se los exige, sobre todo en este caso que son decisiones que limitan la libertad personal, estas personal se les olvida el principio básico de la objetividad, lo que aleja el derecho a la justicia de las víctimas”.
Las pruebas presentadas por la fiscalía son escuetas y son elaboradas por la policía nacional, contienen valoraciones prejuiciosas, entre las que se cuenta las de la guardia privada, lo que demuestra que se hace una persecución contra los estudiantes.
Tábora solicitó que se mantenga la medidas cautelares y no se aplique la prisión preventiva tal como lo pretende el fiscal.
Por su parte la abogada Kenia Oliva señala que las pruebas son infundadas y se puede proceder contra las personas que pretenden dañar a los estudiantes.
La defensa presentó pruebas que acreditaba a los tres estudiantes como defensores de derechos humanos y el Estado de Honduras está obligado a facilitar la labor de los defensores en Honduras.
“La jueza ha dicho al Ministerio Público que no se puede venir con sospechas a un tribunal, por eso debemos esperar el fallo de la Jueza”.
Moisés Cáceres dijo al salir de la audiencia señaló que “hemos estado acompañando a los estudiantes para documentar las violaciones a los derechos humanos de que son objeto”.
Agregó que vieron un falso testimonio que dio el jefe de seguridad Roger Aguilar cuando llegó prestando juramento ante la Jueza diciendo mentiras al señalar que ellos tres estaban en las tomas, “pero lo que esperamos es objetividad de la señora jueza que el día de hoy nos ha mostrado mucho profesionalismo”
Ya se presentó denuncia ante la CIDH
Por considerar que desde el año pasado la UNAH está obstaculizando el derecho a la educación y a la libertad de expresión, la Iniciativa Periodismo y Democracia envió una denuncia sobre este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
En la denuncia se relata todos los hechos que han desencadenado en expulsiones, campañas de estigmatización y de desprestigio contra los seis estudiantes que en diciembre pasado fueron expulsados pero que lograron continuar sus estudios porque la Corte ordenó a la rectora que procediera a matricularlos, “vamos a actualizar a la CIDH señalándole estos nuevos hechos donde se está criminalizando a defensores de derechos humanos”, informó la profesional del derecho.
Al salir del Juzgado los tres encausados encontraron el abrazo y los aplausos de sus compañeros estudiantes que estuvieron de pie, bajo un inclemente sol esperando los resultados de la audiencia, miraban con respeto a Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, sin duda que la campaña de estigma no ha dado resultados.
La resolución de la jueza será este viernes 07 de agosto a las tres de la tarde, ese día se sabrá si los jóvenes continúan defendiéndose en libertad o la jueza acepta las pretensiones de las autoridades universitarias y del Ministerio Público de enviarlos a la cárcel a toda costa incluso usando la demanda por daños que no podrán pagar porque son multimillonarios.
