Portada: Edificio de la Dirección nacional de Investigación e Inteligencia donde se realiza el proceso de evaluación socioeconómica. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Los 105 autopostulantes que siguen activos en el proceso de evaluación y nominación de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, han iniciado este 21 de noviembre de 2022 la fase de investigación socioeconómica.
La fase inició a pesar de los reclamos de algunos postulantes descartados, quienes han asegurado que algunas respuestas del examen de conocimientos jurídicos, que se realizó el 14 de noviembre de 2022, se filtraron en redes sociales con el supuesto propósito de favorecer a candidatas y candidatos.
Sin embargo, la Junta Nominadora se mantiene en una posición de defensa ante dichas aseveraciones, por lo que este lunes ha anunciado que se está considerando la creación de una comisión de investigación, que será encabezada por el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Olban Valladares.
Distintos sectores de la sociedad civil, como la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) y la Coalición Anticorrupción, han instado a la Junta Nominadora a ofrecer de manera pública los resultados de dicha investigación.
Con relación a los 105 postulantes, desde tempranas horas de la mañana del lunes, divididos en grupos, cada uno de ellos se presentó a las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), en la capital Tegucigalpa, donde respondieron una entrevista personal relacionada con sus patrimonios.
Esta etapa de entrevistas se extenderá hasta el martes 22 de noviembre de 2022, la cual se complementará, además, con una visita domiciliaria y una investigación en bases de datos y fuentes abiertas. El equipo de Criterio.hn intentó obtener entrevistas con algunos de los postulantes, sin embargo, las entrevistas se realizaron con total discrecionalidad.
La Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora establece que, durante esta etapa, la Junta Nominadora estará en capacidad de investigar “todo lo relacionado a su trayectoria personal, profesional y patrimonial” y de solicitar a las instituciones, organizaciones y personas que considere competentes toda la información relacionada al postulante investigado.
“En el desempeño de esta atribución, la Junta podrá guardar en reserva el nombre de los informantes, si así se le solicitaré, pero no recibirá comunicaciones anónimas”, dice la ley.
Posteriormente, señala la normativa, se habilitará un período de denuncias y tachas contra los postulantes, mismas que deberán estar debidamente respaldadas. La secretaria de la Junta Nominadora, María Elena Sabillón, confirmó el lunes que ya han recibido impugnaciones contra postulantes activos en el proceso.
PONERLE OJO A CIERTOS POSTULANTES
Tras la más reciente depuración, que se efectuó el 18 de noviembre de 2022, algunos postulantes cuyo perfil ha sido cuestionable quedaron sin oportunidades de integrar el Supremo hondureño entre 2023 y 2030.
Entre ellos está la jueza Erika Cálix Hernández, quien ha sido señalada por abuso de autoridad, y quien además es la hermana del narcotraficante prófugo Mario Cálix Hernández, alias “Cubeta”.
Otros postulantes que quedaron fuera son Mario Boquín, quien durante el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) figuró entre los implicados en el caso de corrupción “Chinazo”; Luis Matamoros Quilico, quien es hijo de Denis Matamoros Batson -también señalado en ese último caso de corrupción- y sobrino de David Matamoros Batson, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, acusado de lo que se consideró un fraude electoral durante las elecciones generales 2017.
Además de ellos, descartado quedó Henry Lara Trejo, asistente y cuñado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta; y Luis Lara Hernández, abogado de Inversiones Los Pinares (propiedad de Lenir Pérez), figura clave en la criminalización de defensores de recursos naturales en el departamento de Colón.
Sin embargo, continúan en carrera personajes como José Tomás Guillén Williams, quien fue procesado penalmente por fraude en perjuicio del Estado después de que se desempeñó como director del Instituto Nacional Agrario (INA) entre 1990 y 1994.
Asimismo, el exdiputado suplente del Partido Nacional, César Antonio Pinto Pacheco, quien ha sido relacionado con el cártel de narcotraficantes Los Cachiros; Rosa Helena Bonilla, la exdefensora del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico en Estados Unidos; Ingrid Monzón, la jueza acusada de haber intentado favorecer a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo; Mario Calderón, el socio de David Chávez, señalado de haber estado implicado en el desfalco al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
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Así también, otros postulantes como José Luis Valladares, Isbela Bustillo Hernández y Luis Fernado Padilla, cercanos a cuestionados líderes del Partido Nacional como Reynaldo Sánchez, Ebal Díaz y Tomás Zambrano.
PROMETEN RESPUESTA ANTE SUPUESTA FILTRACIÓN
Hasta el 21 de noviembre de 2022, la supuesta filtración de las respuestas del examen escrito de conocimientos jurídicos continuaba en la agenda pública. Ante ello, el presidente de la Junta Nominadora, Mario Urquía, reiteró que la responsabilidad de una eventual investigación recaerá en la representación del Cohep.
Además, descartó que la filtración haya salido de alguna persona de la Junta Nominadora, aun cuando han sido varios los postulantes descartados que han asegurado que varias respuestas fueron filtradas un día antes de la realización del examen.
Sin embargo, la secretaria de la Junta Nominadora, María Elena Sabillón, aseguró que el banco de preguntas del examen se realizó horas antes de que se aplicara y que, por ello, era improbable que los postulantes tuvieran acceso a las 816 preguntas.
“No había un examen, habían cerca de 8 mil exámenes diferentes, porque las preguntas eran aleatorias y estaban definidas en ocho categorías distintas”, explicó Sabillón.
RESTO DEL PROCESO
Una vez que los postulantes que continúan activos en el proceso superen la fase de investigación socioeconómica, pasarán a la fase de entrevistas públicas y de sometimiento a la matriz de evaluación, que ya comenzó a ser llenada en el criterio que evalúa idoneidad y capacidad técnica. Los otros dos parámetros que se evaluarán son ética profesional e integridad personal.
La Junta Nominadora, con base en los resultados obtenidos en la matriz de evaluación, definirá quiénes serán las 45 personas -como mínimo- que figurarán en la nómina final que se enviará al Congreso de la República antes del 23 de enero de 2023.
Posteriormente, el 25 de enero, las 128 diputadas y diputados, con al menos 86 votos, elegirán a las quince personas que administrarán e impartirán justicia al más alto nivel entre 2023 y 2030. Instalado el pleno de magistradas y magistrados, con ocho votos, se elegirá al presidente o a la presidenta, quien además designará a los cinco profesionales del derecho que integrarán la Sala de lo Constitucional, mientras que el resto de los tribunales (Penal, Civil y Laboral/Contencioso Administrativo) contarán con tres togadas y togados, cada uno.
