El sector de personas con discapacidad urgió a la Secretaría de Finanzas y a la de Desarrollo e Inclusión Social, el desembolso de los 23 millones del Proyecto de Emprendimientos “Inclúyeme”, destinado al sector, además de que cumpla promesas de trabajo digno y asistencia a migrantes retornados que sufrieron accidentes en la travesía
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- La Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), Blanca Barahona, denunció hoy la indiferencia, el olvido y falta de voluntad política por parte del Estado Hondureño para atender las demandas de, al menos, 1.3 millones de personas con discapacidad que viven sumidas en la exclusión y la discriminación en el país.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre de cada año, la presidente la CIARH, lamentó la deuda histórica del Estado de Honduras en materia de discapacidad al no crear las condiciones reales que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de este sector, sumido en una situación de vulnerabilidad permanente y con muy pocos avances sobre su inclusión.
Blanca Barahona, presidenta de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH)
“Denunciamos la indiferencia, el olvido y la falta de voluntad política por parte del Estado Hondureño para atender las solicitudes escritas y reuniones solicitadas por el sector organizado de discapacidad”, se quejó.
A lo anterior, se suma la falta de una base de datos en el país principalmente, sobre migrantes que han retornado al país con alguna discapacidad para que puedan tener acceso a los servicios y programas de rehabilitación e inclusión social para su reinserción efectiva a la sociedad a través del acceso al trabajo digno y con estabilidad que promueve el Gobierno, pero del que aún no han tenido acceso.
Asimismo, solicitó a la institucionalidad del Estado que, en cooperación con las organizaciones que luchan por el bienestar de este sector, se combata la discriminación y los estereotipos hacia esta población, a través de campañas de sensibilización pública y de promoción de las personas con discapacidad como sujetos de derechos humanos ante la sociedad en general.
Según Barahona, el sector de personas con discapacidad urge de mayor inclusión principalmente en el respeto y aplicación de las leyes nacionales e internacionales, “debe haber enfoque a los derechos humanos (…) sensibilización e todos los niveles de la sociedad, deben incluirse en la agenda nacional”.
Por ello, solicitó a las autoridades de Gobierno, que adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) en abril de 2017, que son contundentes y apegadas a la realidad sobre la exclusión que viven las más de 1 millón 300 mil personas con discapacidad en el país”.
Hasta ahora una de las mayores preocupaciones del sector es la falta de estrategias estatales para elevar el nivel de empleabilidad de las personas con discapacidad.
GOBIERNO NO HA CUMPLIDO CON DESEMBOLSOS, NI INCLUSION EN CARGOS PÚBLICOS
El sector de personas con discapacidad urgió de entidades del gobierno como la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social hacer efectivo el desembolso de los 23 millones del Proyecto de Emprendimientos “Inclúyeme”.
Además, el desembolso del Proyecto de Emergencia COVID-19, la creación y entrega de “El Bono de Emergencia 10 mil del COVID-19 para la discapacidad”, la entrega inmediata del tercer y cuarto desembolso a las organizaciones e instituciones de y para personas con discapacidad.
De igual manera, demandaron que no se les prive del derecho al voto y a la participación en la vida política y pública a ninguna persona por razón de discapacidad o por limitaciones en su capacidad jurídica y que aumente sus esfuerzos para promover a las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual o psicosocial, en los cargos electivos y los cargos públicos.
El sector de personas con discapacidad tiene derecho que se les garantice el 10% de participación en planillas electorales, recordó Barahona, al tiempo de enviar el mensaje de compromiso hacia los hondureños con algún tipo de incapacidad física, en el sentido de seguir reclamando sus derechos, aun cuando las autoridades estatales continúan marginando al sector vulnerable.
En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este año bajo el lema “Un día para todos”, en el que se pretende reflejar la aceptación de la discapacidad como parte de la condición humana.
