La cifra de 19 mil millones de lempiras fue destinada para la aplicación del plan “Cero Deforestación”, superando los 1,600 millones de lempiras invertidos para el mismo propósito entre 2022 y 2024.
Foto de portada: Secretaría de Prensa Honduras
Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras anunció una millonaria inversión para la implementación del plan “Cero deforestación al 2029”, sin embargo, expertos en temas ambientales aseguran que esta inversión no tendrá resultados efectivos si no se realizan esfuerzos para judicializar a los responsables de crímenes ambientales.
La presidenta Xiomara Castro informó que se invertirán 19 mil millones de dólares en reforestación durante los próximos cinco años, además, decretó una emergencia ambiental para los bosques de Honduras todo ello durante una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) realizada ayer en el fuerte Mocorón, en el municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
En la misma se aprobó la creación de una comisión para lograr cero deforestación para el 2029, la cual será presidida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
Además contará con la participación del Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit), la Secretaría de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, y representantes del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
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INVERSIÓN EN AMBIENTE
El gobierno de Castro ya ha destinado millonarias inversiones en el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, entre 2022 y 2024 se han invertido 1,600 millones de lempiras a través del programa Padre Andrés Tamayo, que según cifras oficiales ha logrado reducir hasta un 67 por ciento la deforestación en la biosfera del Río Plátano.
Sin embargo, estos logros parecen ser contrarrestados por los incendios forestales. Según cifras de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el año 2023 fue el más letal en términos de incendios forestales, con 3,060 incidentes registrados.
Hasta el 16 de mayo de este año, se han reportado 2,598 incendios forestales que han destruido al menos 208,448 hectáreas de bosque, según datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
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IMPUNIDAD EN DELITOS AMBIENTALES
Pese a las alarmantes cifras, se cuestiona la impunidad existente en este tema, que alcanza hasta el 97 por ciento, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Por ejemplo, se sabe que la Fiscalía Especial de Medio Ambiente “representó el 0.6% del presupuesto ejecutado por el Ministerio Público de 2019 a 2023”, según la investigación de la ASJ titulada «Entre llamas: el grito de nuestros bosques»
En tanto, las resoluciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad mencionan que la fuerza de tarea interinstitucional, conformada por diversas instituciones, realizó 367 operativos entre 2022 y 2023, en los cuales capturaron en flagrancia 153 personas. Sin embargo, de esta gran cantidad de personas, únicamente tres están en prisión.
Respecto a la impunidad en delitos ambientales, Rudo Paredes, director de la Fundación de Amigos de la Tigra (AMITIGRA), expresó que el índice de impunidad es alto y abarca tanto a los responsables de cometer delitos forestales como a los responsables de los asesinatos de defensores del medio ambiente.
Señaló que esta impunidad permite que se cometan delitos sin temor y que no basta con emitir legislación, sino que es necesario contar con instituciones que garanticen su cumplimiento. «Es preocupante ver el porcentaje destinado para la Fiscalía de Medio Ambiente, y a esto se le suma la dificultad de que en Honduras no se tiene la cultura de la denuncia», afirmó.
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MEDIDAS LEGALES PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES
En la reunión del Consejo de Defensa de instruyó al Ministerio Público a investigar las actividades comerciales y criminales relacionadas con la agricultura migratoria, ganadería extensiva y plantaciones de droga, vinculadas al lavado de activos y crimen organizado que destruyen los bosques sobre todo en Olancho, Gracias a Dios y La Moskitia.
A las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público, se le mandó a decomisar y destruir la maquinaria que daña áreas protegidas. Además, se investigará la asignación ilegal de títulos de propiedad en tierras forestales nacionales.
Mientras que la Corte Suprema asignará tres jueces y el Ministerio Público tres fiscales para estas zonas de reserva. Asimismo se pidió al Poder Legislativo reformar el Código Penal para endurecer las penas por delitos ambientales.
Cabe mencionar que el artículo 327 del Código Penal tipifica el delito de incendio forestal, estableciendo que quien provoque un incendio en terrenos forestales, ya sea en masas boscosas o en zonas vegetales protegidas por su valor ecológico, será castigado con penas de prisión de cinco a ocho años y una multa de 200 a 500 días.
AYUDA DE TECNOLOGÍA PARA ENJUICIAR A CRIMINALES AMBIENTALES
Al respecto Lily Mejía conocedora en temas de medio ambiente, expresó a Criterio.hn que Honduras vive una lucha histórica contra los delitos ambientales.
Según la entrevistada, estos delitos abarcan desde la contaminación del agua hasta la tala ilegal y el tráfico de especies protegidas y sobre todo los incendios forestales.
Ante ello enfatizó la necesidad de sancionar a los responsables de tales delitos, que no solo incluyen a individuos, sino también a corporaciones y entidades gubernamentales. «La repetición de estos actos ilícitos, sucede porque no se ha visto castigos efectivos», expresó Mejía.
Finalmente manifestó la importancia de implementar tecnologías para fortalecer la vigilancia y facilitar el enjuiciamiento de los infractores ambientales.
