La mayoría de las demandas contra Honduras ante el CIADI fueron presentadas por empresas cuyas inversiones irregulares fueron realizadas durantes las administraciones del –hoy encarcelado expresidente por vínculos al narcotráfico– Juan Orlando Hernández
Demandas ante los centros de arbitrajes internacionales invisibilizan a las comunidades locales, afectadas por los “proyectos de inversión”
Gobierno hondureño debe transparentar información sobre los motivos de las demandas para que las poblaciones y sociedad civil puedan apoyar en los esfuerzos de defensa del Estado
Tegucigalpa. – El Estado de Honduras enfrenta 15 demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), las cuales podrían significar un perjuicio económico de al menos 14 mil millones de dólares, informaron este martes un grupo de organizaciones internacionales.
Las estimaciones del impacto económico de las disputas fueron calculadas por el Institute for Policy Studies (IPS), Honduras Solidarity Network (HSN), Terra Justa y Transnational Institute (TNI), entidades que presentaron el informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras: Demandas de empresas transnacionales y la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo hondureño”.
El reporte califica las demandas como “mafiosas” debido a que la mayor parte de estas fueron interpuestas por empresas cuyas inversiones irregulares fueron realizadas durante las dos administraciones del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2012-2022), hoy privado de libertad en Estados Unidos por su vinculación al narcotráfico. Los inversionistas de algunas de estas incluso tendrían vínculos directos o indirectos con redes criminales, dieron a conocer las representantes de las organizaciones.
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Al analizar las 15 demandas, Jenn Moore del Institute for Policy Studies, planteó que además de ser impagables, ven “una reacción de parte de tres grupos de inversionistas que se beneficiaron de la profundización de las políticas privatizadoras en el país tras el golpe de Estado, y la cesión de soberanía territorial en el caso de las ZEDE [Zonas de Empleo y Desarrollo Económico]”.
“Más allá del monto extraordinario de esa demanda, […] vemos una búsqueda para generar mucha presión sobre las autoridades para mantener la figura de las ZEDE en pie”, comentó Moore, de forma que se impida el accionar del Estado contra la expansión territorial de las ZEDE.
DEMANDAS INTERNACIONALES QUE INVISIBILIZAN LAS VOCES HONDUREÑAS
Karen Spring, fundadora de Honduras Solidarity Network, remarcó que el CIADI permite que las empresas trasnacionales presenten demandas invisibilizando las voces de la población hondureña afectada por los proyectos.
“Las quince demandas activas contra Honduras son un ataque a las luchas por la dignidad, la justicia y la democracia. Las demandas y el sistema que las permite son un ataque a la soberanía de Honduras y la soberanía de las comunidades impactadas”, afirmó Spring.
Entre las demandas más cuantiosas se encuentra la interpuesta por los inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, cuya demanda es por USD 10,775 millones, que equivale a un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras o el equivalente a casi tres veces el Plan de Inversión Pública aprobado para 2024, indicaron las organizaciones en su nota de prensa.
ZEDE Próspera se instaló en la aldea de Crawfish Rock en Islas de la Bahía, Caribe hondureño, sin que se realizará una consulta previa libre e informada a la población negra de habla inglesa que habita la costa norte de la isla de Roatán. A la fecha se ha expandido hasta ocupar el 3.1% de la superficie de insular.
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Otros casos, involucran dos proyectos de energía solar conocido como Los Prados, instalado en Namasigüe, Choluteca, sin consultar a los pobladores. Los inversionistas que promueven las demandas son las empresas noruegas Scatec, Norfund y KLP.
De igual forma, la desaparecida Empresa de Energía de Honduras (EEH), a través de su casa matriz colombiana Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S. impulsa una demanda, pese a que la población hondureña denunció cobros exorbitantes por la distribución de energía eléctrica.
Mientras en el norte de Honduras, pobladores de la residencial privada “Los Castaños de Choloma” –seriamente afectada por las tormentas Eta y Iota en 2020– denuncian haber sido estafados, los propietarios y hermanos Juan Carlos y Ernesto Argüello, demandan al Estado hondureño por USD 100 millones y USD 2 millones por daños morales.
De la misma forma, la población de San Pedro Sula y El Progreso fue ignorada al protestar por 421 días en contra de los peajes en las carreteras del país, la empresa privada a cargo del proyecto público privado, Autopistas del Atlántico, S.A. de C.V., demandó a Honduras por USD 179.4 millones.
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EL CIADI, UN SISTEMA DE JUSTICIA PARALELO
Las representantes de las entidades internacionales destacaron que existe evidencia, incluso de agencias de la ONU, en las que se aborda que no es necesaria brindar excesiva protección a las inversiones extranjeras para promover la inversión.
“La decisión del Gobierno de Honduras de salir de CIADI es un buen primer paso, pero no es suficiente. Es importante avanzar en el camino de revisar los tratados comerciales, los tratados de protección de las inversiones, la Ley de Inversiones del 2011, así como todos los contratos que incluyen el arbitraje”, destacaron en su hoja de prensa.
En esa línea, Luciana Ghiotto, del Transnational Intitute, destacó como un paso importante la salida de Honduras del CIADI, sin embargo, recalcó que no es suficiente, puesto que este es solo uno de los centros de arbitraje a nivel global que los tratados de protección de inversiones habilitan para que los inversionistas pueden demandar al Estado en cualquier foro arbitral del mundo.
Ghiotto remarcó sobre los centros de arbitraje que estos corresponden “a un sistema de justicia paralela” que ha “tenido un especial impacto en los países de América Latina y el Caribe”, correspondiendo un tercio de las demandas internacionales a la región (Argentina, Venezuela y México).
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“Honduras tiene hoy 19 demandas, pero en el último año y medio ha subido de manera escandalosa la cantidad de demandas. No nos gustaría ver a Honduras en ese ranking de países más demandados dentro de unos pocos años. Sin embargo, si no nos movemos hoy, no tenemos garantías de que eso no pueda suceder en un corto o largo plazo”, planteó.
ESCASEZ DE INFORMACIÓN DE DEMANDAS POR PARTE DEL ESTADO
Si bien las representantes de las organizaciones internacionales cuestionaron las demandas ante el CIADI y la función que juegan los centros de arbitrajes a favor de inversionistas internacionales en detrimento de las poblaciones, cuestionaron la ausencia de transparencia por parte del Estado hacia la ciudadanía.
“Tenemos que decir que en general hay una gran falta de transparencia sobre los motivos de esos casos. No se está publicando los documentos, lo cual es algo que vemos esencial e importante que se haga”, señaló Jen Moore del Institute for Policy Studies.
Moore enfatizó que si bien la Procuraduría General del Estado, entre otras instituciones gubernamentales, tuvo una apertura parcial a sus consultas, es necesario que haya mayor transparencia y comunicación en el proceso porque desde la sociedad civil como las poblaciones pueden aportar conocimiento y análisis para fortalecer la defensa del Estado ante el CIADI.
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Karen Spring remarcó que nada impide que el Estado de Honduras haga pública la información de todos los casos, pero hasta el momento no lo han querido o podido hacer.
“Es muy importante, porque esas empresas mienten ante este sistema y a veces el mismo gobierno no sabe lo que está pasando en los territorios, o dicen que no saben, y los territorios y las comunidades ayudan a aclarar esos abusos. Es necesario publicar información”, puntualizó Spring.
La fundadora de Honduras Solidarity Network señaló que en países vecinos como El Salvador y Guatemala se ha publicado la información, lo que ha permitido que las comunidades apoyen en los esfuerzos de la defensa del Estado.
Seguido de la presentación del informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras: Demandas de empresas transnacionales y la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo hondureño”, por la tarde, se realizó un foro con dos paneles, en el que participaron las comunidades afectadas por las empresas inversionistas que demandaron al Estado hondureño frente al CIADI.
