“Los filibusteros del siglo veintiuno (XXI) pretenden seguir saqueando nuestras arcas del Estado con demandas, recordemos que las ZEDE fue el negocio rentable de la corrupción en la década perdida de los 12 años de hegemonía nacionalista»
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa, Honduras.- La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, denunció que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico de Honduras (ZEDE) son un completo acto de corrupción público-privado que buscan saquear las arcas del Estado hondureño a través de una demanda interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“Las ZEDE es un negocio de la corrupción público-privada. Denunciamos la ausencia de legalidad en el procedimiento del CIADI como ente internacional que ha abierto en el caso de la ZEDE Próspera y a sus asociados que originalmente no se encontraban en las operaciones, pero que han visto la oportunidad de sumarse al saqueo”, aseveró.
La titular de Finanzas recordó que desde 1988 se mantiene vigente una reserva del Estado de Honduras a no someterse a cortes ni organismo internacionales mientras no se agote la instancia en el derecho interno. Esa disposición fue ratificada en el gobierno del expresidente liberal, Carlos Flores Facussé, en el 2000.
“CIADI al admitir esta controversia de la ZEDE está haciendo caso omiso de la legislación de Honduras, disposiciones previstas en nuestro derecho interno desde 1988 y del principio de la pacta Sunt Servanda, buscan dividir nuestra patria, pero desde el gobierno les advertimos a esos enemigos que vamos a ganar”, advirtió.
Moncada, quien también preside la Comisión de Defensa de la Soberanía Nacional (CNDS), señaló que mientras el derecho interno no se agote, como lo manda la Constitución de la República de Honduras, el Estado no irá a tribunales internacionales porque sería una forma de demostrar debilidad ante un brazo ladrón y corrupto.
“Los filibusteros del siglo veintiuno (XXI) pretenden seguir saqueando nuestras arcas del Estado con demandas, recordemos que las ZEDE fue el negocio rentable de la corrupción en la década perdida (12 años de hegemonía nacionalista), pero la integralidad de territorio, la soberanía y la protección de los derechos humano no son un juego”, puntualizó.
En diciembre de 2022, los inversionistas estadounidenses de la ZEDE Próspera, ubicada Roatán, Islas de la Bahía, denunciaron al Estado hondureño por 10,775 millones de dólares (L 264,792, 392.50), argumentando daños, incumplimiento de garantías y violaciones a los derechos internacionales y, en febrero de 2023, CIADI registró la solicitud de arbitraje de Próspera.
En respuesta, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro nombró a la Comisión de Defensa de la Soberanía Nacional integrada por Rixi Moncada, el canciller Enrique Reina, el comisionado Presidencial para la Defensa de Territorio, Fernando García y el Procurador General de la República, Manuel Gales, para enfrentar la demanda internacional que catalogan como un intento más de robar al Estado.
DEJAN SIN EFECTO NOMBRAMIENTO DE ÁRBITRO INTERNACIONAL
Porque fue nombrado de manera irregular y demuestra que obedece intereses particulares, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz, solicitó al CIADI que quede sin efecto el nombramiento de un árbitro alemán-mexicano en el conflicto de Honduras y la ZEDE Próspera.
“El gobierno solicitó que quede sin efecto la propuesta de nombramiento del co-árbitro de nacionalidad mexicana-alemán Klaus Fong nombrado por CIADI porque fue sin el consenso de la república de Honduras y sin las prevenciones que establece las reglas del arbitraje de la institución”, argumentó.
“¿Por qué solicitamos que quede sin efecto?, porque este árbitro ha realizado servicios para una firma representante legal para la ZEDE Próspera, así como también el titular como sus socios guardan relaciones académicas y comerciales en otros arbitrajes. Es inadmisible que un profesional ahora sea nombrado como árbitro del tribunal. Hay un evidente conflicto de intereses”, explicó.
De igual manera, recordó que la Fiscalía del Ministerio Público (MP) se encuentra en la investigación de diversas denuncias contra la ZEDE por delitos vinculados a la corrupción pública-privada.
“Es notorio y se evidencia que el gran líder del proyecto ZEDE Juan Orlando Hernández alías “JOH” está siendo juzgado en tribunales de Nueva York por delitos de importación de cocaína, por eso es que eventualmente podrían tener vinculación con el caso de corrupción la ZEDE. Es una prioridad defender la soberanía de la nación”, analizó.
“ABERRACIÓN JURÍDICA”
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, también miembro de la comisión, aseguró que las ZEDE son una completa aberración jurídica porque pretende destruir y desarticular el Estado para convertirlo en pequeñas islas que podrían estar sujetas a entidades privadas ligadas al crimen organizado e internacional.
“La Cancillería velará por el cumplimiento del derecho interno e internacional cuando se pretende desatender una reserva que el estado de Honduras interpuso en gobiernos anteriores para que se cumpla el derecho interno antes de acudir a mecanismos de arbitraje internacional, particularmente el de la CIADI”, precisó.
Enfatizó que este tipo de mecanismo por el cual se pretende saquear las arcas del Estado a través de demandas sin fundamentos legales en instancias internacionales son algunos de los casos que el gobierno presentará ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), en su posible llegada al país.
La CICIH fue una promesa de campaña que ayudó a Xiomara Castro a llegar al poder, pero hasta la fecha todavía no se han derogado algunos decretos que pidió la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la posible instalación, por lo que expertos consideran que es muy probable que la misión anticorrupción no llegue en el presente gobierno.
El canciller hondureño recordó que las ZEDE fueron aprobadas en gobiernos nacionalistas y hoy, una de las personas que impulsó esta medida, el exmandatario Juan Orlando Hernández, está privado de su libertad en Estados Unidos, por lo que considera estar segura que las “ciudades modelo” tienen vínculos con el narcotráfico.
TERRITORIO VENDIDO
El comisionado presidencial para la defensa del territorio, Fernando García, denunció que desde el Comité para la Adaptación de Mejores Prácticas (CAMP), han pretendido ceder el territorio hondureño desarticulando los departamentos del Golfo de Fonseca y del Mar Caribe.
“El Comité para la Adaptación de Mejores Prácticas pervirtiendo toda la normativa jurídica nacional e internacional han querido ceder el territorio del país (…) siete departamentos completos, 65 municipios, 35.33% del territorio nacional es lo que cedieron en esa vergonzosa administración de la narcodictadura”; mencionó.
Además, aseguró que tiene bajo su poder pruebas documentales que demuestran cómo los empresarios de las ZEDE han atentado con el estado de derecho y han cometido cualquier tipo de actos delictivos en materia administrativa, información que ya está en mano de las autoridades de justicia en el país.
“Estamos totalmente a favor de la inversión privada con ética, pero no podemos permitir piratas y filibusteros en la patria que tratan de saquear el dinero del pueblo hondureño, violentado el estado de derecho, pero estamos luchando para que estos círculos perversos huyan de nuestro país”, comentó.
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DEROGACIÓN Y RATIFICACIÓN
El 20 de abril de 2022, el Congreso Nacional derogó por unanimidad de votos las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, pero a más de un año todavía no se ha sometido a discusión la discusión para ser ratificada, lo que ha provocado señalamientos por varios sectores de la sociedad que están en contra las “ciudades modelo”.
Desde el martes 11 de abril de 2023, el tema de la ratificación está en la agenda legislativa, pero luego de que se suspendieran por varias ocasiones las sesiones en el Poder Legislativo nunca se llegó a materializar la ratificación.
De acuerdo con analistas, la ratificación de las ZEDE y otros temas de importancia en la agenda legislativa de la actualidad, no serán tomados en cuenta de manera momentánea porque el partido en el poder pretende utilizarlos para promover sus candidaturas populares en las elecciones generales de 2026.
APROBACIÓN DE LAS ZEDE
Cuando el exmandatario, Juan Orlando Hernández, presidía el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 238-2010 que creó los Regímenes Especiales de Desarrollo (RED), también conocidos como “ciudades modelo”.
Sin embargo,13 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de ese entonces, declararon inconstitucional el proyecto.
En junio de 2013, la cuestionada idea se materializó. El Congreso (presidido por el presunto narcotraficante) aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
Tras la aprobación, en Honduras se instalaron tres regímenes: Próspera, la que demandó al Estado, Ciudad Morazán en Choloma, Cortés y Orquídea en San Marcos de Colón, mismas que hasta el sol de hoy continúan operando con tranquilidad campante.
Los que promovieron este corrupto acto, alardeaban que se trataba de zonas de desarrollo similares a la de los países asiáticos como Hong Kong o Singapur, con las cuales se aseguraban condiciones al margen de la legalidad y jurisdicción local para atraer inversionistas foráneos para ayudar el desarrollo económico del país.
