Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, Yuri Sabas, adelantó este martes que no incidirá para que en ese poder del Estado se derogue la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto Agua Zarca, porque no es una acción que le compete a este poder del Estado sino que al Presidente de la República, Juan Hernández.
Sabas hizo la salvedad luego que Austra Berta Flores, madre de la asesinada lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, pidiera en un evento que se derogue el proyecto que actualmente está en suspenso.
“Nosotros como Congreso Nacional no hemos firmado el contrato con la empresa DESA, eso fue entre el presidente de la República con la empresa; en el Congreso lo que vamos a hacer es una revisión profunda para que no haya una imposición sobre ese contrato”, manifestó el parlamentario del Partido Liberal.
Apuntó que para que el proyecto sea derogado tiene que haber un acuerdo del Poder Ejecutivo, porque si no se hace de esa manera vendría el veto presidencial. “No hay que engañar a la gente, por eso yo le fui bien claro a la gente, tenemos que construir algo juntos y tratar de construir algo para que no impongan ningún proyecto en ninguna comunidad”.
Sabas dijo que si en su caso se presentara la oportunidad de escoger entre un proyecto de energía limpia y uno de energía térmica, él se inclinaría por el primero, “entonces como diputados es muy complicado no aprobar proyectos de energía limpia”, amplió para justificar su postura.
Amplio que no todos los casos de los proyectos de energía limpia son malos, pues “la mayoría son buenos”.
No obstante aclaró que los proyectos no pueden ser impuestos, ya que los procedimientos establecen que deben tener la aprobación de las comunidades y de la Secretaría de MiAmbiente, siempre y cuando no provoquen daños al medio ambiente.
VIOLACIÓN AL MARCO LEGAL
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, desechó cualquier responsabilidad del Poder Legislativo en torno a la derogación del proyecto de DESA, pese que es en el Parlamento donde se aprueban o imprueban las leyes.
Asimismo con sus declaraciones dejó evidenciado que desconoce el compromiso del Estado hondureño en cuanto a la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual Honduras es subscritor y que establece que no se pueden pactar concesiones en territorios campesinos, indígenas y garífunas, irrespetando diversos acuerdos nacionales e internacionales, como la consulta previa, libre e informada.
