El nuevo rol de Yaudet Burbara en la modernización logística del país ha puesto nuevamente bajo la lupa sus actuaciones y apoyo a controversiales iniciativas en el Congreso Nacional y su aparición en el caso Fondo Departamental 3.0
Tegucigalpa, Honduras. – El presidente Nasry Asfura Zablah, juramentó a Yaudet Burbara Canahuati como ministro comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, una designación que lo coloca en un puesto clave para la modernización de puertos, aduanas y procesos logísticos del país. Apenas dos días después, el mandatario también lo nombró gerente general de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
El doble nombramiento ocurre en un momento en que el Gobierno impulsa reformas para dinamizar el comercio y mejorar la competitividad nacional. Sin embargo, el perfil político y empresarial de Burbara Canahuati, así como sus antecedentes legislativos y señalamientos públicos, han reactivado el debate sobre idoneidad y concentración de poder.
En noviembre de 2025, Burbara se postuló como candidato del Partido Nacional de Honduras a la alcaldía de San Pedro Sula, pero no logró frenar la reelección del alcalde liberal Roberto Contreras. Pese a la derrota electoral, su presencia en la política local se mantuvo vigente.
Hasta entonces, el dirigente nacionalista figuraría como regidor en la alcaldía sampedrana, y erogaría un salario mensual de 81,350 lempiras –al igual que los otros nueve regidores— según datos del Portal de Transparencia. Días antes de asumir su nuevo cargo en el Poder Ejecutivo, solicitó licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido, argumentando que pasaría a colaborar con el Gobierno central.
De acuerdo con reportes de medios locales, la solicitud fue presentada el 9 de febrero durante una sesión de la corporación municipal, movimiento que anticipaba su inminente salto al gabinete presidencial.
Según los datos publicados en el Portal de Transparencia, el gerente general de la ENP devenga un salario de 105,600.00 lempiras mensuales. Por su parte, los comisionados —con rango de ministro— perciben un salario mensual que oscila entre 100,000 y 109,000 lempiras.
Estos salarios serían los que estaría devengando Yaudet Burbara en sus dos cargos dentro del Poder Ejecutivo. Criterio.hn se contactó con el funcionario para consultarle sobre su plan de trabajo, sus dos salarios y otros temas; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se había obtenido respuesta.
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DE DIPUTADO A COMISIONADO PRESIDENCIAL
Yaudet Burbara Canahuati, conocido como Junior Burbara en círculos políticos y empresariales del norte del país, nació el 21 de julio de 1971 en el seno de una familia de ascendencia palestina con fuerte presencia en sectores como energía, hotelería, banca, comunicaciones y distribución de alimentos, y una gran influencia en la política hondureña.
Llegó al Congreso Nacional en 2010, a los 39 años, acompañado por su suplente, el empresario Marco Handal Cubero. Desde entonces acumuló cuatro períodos consecutivos como diputado por Cortés en las filas del conservador Partido Nacional, que hoy retorna al poder tras su derrota en las elecciones generales de noviembre de 2021.
Su trayectoria legislativa coincidió con los 12 años de dominio del Partido Nacional en el Poder Ejecutivo, durante las administraciones de Porfirio Lobo Sosa (20142010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y posteriormente indultado por el mandatario estadounidense Donald Trump.
El historial legislativo de Burbara está marcado por su respaldo a cuestionadas iniciativas promovidas por el Partido Nacional. Por ejemplo, en diciembre de 2012 votó a favor de la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decisión que posteriormente significó una condena al Estado de Honduras por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
A raíz de ese episodio, fue incluido en una demanda civil junto a 96 diputados y exdiputados que fue presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), en el marco de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras.
En 2021 también votó por finalizar el convenio de la MACCIH, la misión anticorrupción respaldada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya salida generó fuertes críticas de sectores de la sociedad civil.
También respaldó la creación de la ley que dio vida a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), uno de los proyectos más polémicos del gobierno anterior por sus implicaciones en materia de soberanía territorial.
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INVESTIGACIONES, SEÑALAMIENTOS Y NEXOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO
El nombre de Yaudet Burbara también aparece en diligencias investigativas del Ministerio Público relacionadas con el caso denominado “Fondo Departamental 3.0”, en el presunto desvío de recursos públicos a través de la oenegé Vital. El proceso continúa en curso y no existe resolución judicial firme en su contra.
A nivel internacional, su nombre surgió en la investigación periodística Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en alianza con el medio hondureño Contracorriente.
Según la filtración, en 2015, Burbara solicitó a una firma panameña administrar dos sociedades offshore en Islas Vírgenes Británicas: Splendid Advisors Corp. y Universal Consultants Trading Inc., donde él y su madre, Naval Nayib Canahuati, figuraban como directores y beneficiarios.
Aunque tener una empresa offshore no es delito, para organizaciones especializadas en transparencia han señalado que, si bien la constitución de empresas offshore no es ilegal, el uso de estas estructuras por funcionarios públicos suele aumentar el escrutinio sobre el origen y manejo de fondos.
Adicionalmente, publicaciones del medio Pro-Honduras Network han mencionado supuestos vínculos de Burbara con personas posteriormente condenadas por narcotráfico en cortes de Estados Unidos. Estas afirmaciones no han derivado en acusaciones judiciales formales contra el ahora funcionario.
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CUESTIONAN NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS SALPICADOS DE CORRUPCIÓN
El exjefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, advirtió que en el país se han normalizado conductas de corrupción que algunos actores políticos pretenden que la población acepte como habituales.
Durante una entrevista brindada a un canal capitalino manifestó que, el mensaje a la ciudadanía debe ser de cero tolerancia frente a estas prácticas, señalando que resulta “inaceptable que personas mencionadas en casos de corrupción ocupen cargos públicos o que se normalicen acciones como la sustracción de fondos del Estado”.
Santos sostuvo que estas conductas terminan perjudicando la democracia, debilitando las instituciones y afectando directamente a la población, ya que —subrayó— la corrupción impacta a toda la sociedad.
