Respaldado por influyentes sectores económicos de San Pedro Sula, Yaudet Burbara Canahuati, se presenta como un candidato que trabajará con transparencia, pero su apoyo en controvertidos proyectos del Partido Nacional, su aparición en empresas offshore y su inclusión en investigaciones del Ministerio Público contradicen su discurso.
Tegucigalpa. –Yaudet Burbara Canahuati, mejor conocido como Júnior Burbara, ha pasado cuatro períodos como diputado sin destacar por mociones ni iniciativas propias, aún con ese perfil busca sentarse en la silla que, hoy ocupa Roberto Contreras en la Municipalidad de San Pedro Sula –la segunda ciudad más importante de Honduras–.
Pese a su penoso paso por el Congreso Nacional, ha logrado consolidarse como uno de los operadores políticos más duraderos del Partido Nacional y como un engranaje clave del sector empresarial que, desde hace décadas, influye de forma decisiva en las instituciones del Estado.
En 2024 decidió dar un salto distinto, competir por la Alcaldía de San Pedro Sula, la ciudad industrial que lo vio crecer y donde su apellido es muy conocido en los círculos de poder económico y político.
Nacido el 21 de julio de 1971, de ascendencia palestina y miembro de una de las familias empresariales más influyentes del norte del país, dedicada a la generación de energìa, hotelería, comunicaciones, importación y distribución de alimentos, la banca e incluso los deportes, Burbara llegó al Congreso Nacional en 2010, a los 39 años, acompañado por su suplente, el también empresario Marco Handal Cubero.
Desde entonces acumula cuatro periodos consecutivos –desde 2010 a la actualidad– como diputado por Cortés, un récord sostenido, indudablemente por su poder económico y en gran medida por su capacidad para alinearse con las decisiones de su partido, que gobernó el país por 12 años consecutivos bajo las administraciones de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2018 al 2022), extraditado y sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos relacionados al narcotráfico.
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UN DIPUTADO CLAVE PARA LOS INTERESES DEL PODER
Aunque rara vez presenta iniciativas que vayan en favor de la población hondureña, su carrera legislativa está marcada por la adhesión a los proyectos más controvertidos del Partido Nacional. En diciembre de 2012, votó a favor de la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una acción que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) catalogaron como un “golpe técnico” al Poder Judicial.
Es así que Burbara Canahuati forma parte de los 97 exdiputados y diputados incluidos en una demanda civil de la Procuraduría General de la República (PGR), proceso que forma parte de las medidas de reparación determinadas por la Corte IDH en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Estado de Honduras.
Ocho años más tarde, en 2020, fue uno de los diputados que votaron a favor de finalizar el convenio que dio vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), instancia coordinada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que previo a su salida había revelado que investigaba a más de de 90 congresistas por presuntos actos de corrupción e incluso ya había abierto varios casos que involucraban a diputados
En 2021, Burbara respaldó la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), uno de los proyectos más cuestionados del expresidente Juan Orlando Hernández por sus implicaciones negativas sobre el territorio ysoberanía nacional.
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ENTRE LOS MÁS AUSENTES Y MENOS PRODUCTIVO EN EL CONGRESO
En sus casi 16 años como diputado en el Congreso, Burbara ha destacado más por su ausencia que por sus aportes. Según el informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), en 2024, asistió únicamente a una de las quince sesiones del pleno.
El monitoreo legislativo de 2020 también lo ubicó entre los veinte diputados sin ninguna producción legislativa. Pero presente para garantizar votos cuando el partido lo ha necesitado, particularmente en decisiones trascendentales para la élite económica y gobernante.
ACUSADO POR MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
Tras cuatro periodos consecutivos en el Congreso Nacional, Yaudet
Burbara quiere dar un salto a la Alcaldía de San Pedro Sula. En 2024 decidió participar en el movimiento del presidenciable Nasry “Tito” Asfura, derrotando en las elecciones primarias de marzo pasado a Armando Calidonio, exalcalde y ex viceministro de Seguridad, y cuya sede política fue allanada en mayo pasado en el marco de una investigación del Ministerio Público como medio probatorio de una red con presuntos vínculos con el narcotráfico.
El triunfo de Burbara fue interpretado como un respaldo del sector empresarial sampedrano, que ve en él una figura confiable para mantener la influencia histórica de la élite económica en la administración municipal. Sin embargo, su candidatura también llega acompañada por expedientes abiertos y señalamientos que lo colocan en el centro del debate sobre transparencia en un momento en que la ciudadanía cuestiona cada vez más la gestión pública local.
En enero de 2025, a dos meses de las elecciones primarias, el Ministerio Público interpuso diligencias investigativas contra 14 congresistas y excongresistas vinculados al caso “Fondo Departamental 3.0”, un esquema de presunto desvío de fondos estatales.
La acusación señala que dinero público fue canalizado a través de la oenegé Vital, durante la anterior gestión del Congreso Nacional, para fines distintos a los aprobados. Burbara es uno de los nombres mencionados en esta investigación, que aún sigue su curso.
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BURBARA Y LOS PANDORA PAPERS
La carrera política de Junior Burbara también estuvo bajo la lupa internacional cuando, en 2021, su nombre apareció en la investigación transnacional Pandora Papers, junto al de otros hondureños que fundaron estructuras financieras en paraísos fiscales.
Según la investigación transfronteriza que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en 2015, Burbara solicitó a una firma panameña administrar dos sociedades offshore en Islas Vírgenes Británicas: Splendid Advisors Corp. y Universal Consultants Trading Inc., donde él y su madre, Naval Nayib Canahuati, figuraban como directores y beneficiarios.
Aunque tener una empresa offshore no es delito, para organizaciones especializadas en transparencia, estos mecanismos suelen utilizarse para opacar el origen de fondos o reducir obligaciones fiscales. En el caso de un funcionario público, la opacidad de estas estructuras aumenta el escrutinio y las dudas sobre la integridad en el manejo de recursos estatales.
SUPUESTOS NEXOS CON EL NARCOTRÁFICO
Otra mancha en el perfil de Yaudet Burbara, son los supuestos nexos con estructuras del narcotráfico. De acuerdo a publicaciones del medio Pro-Honduras Network, al candidato a alcalde se le ha vinculado a Christian Jamil Suazo, quien se declaró culpable de lavado de activos y facilitar el traslado de cocaína desde Colombia a Honduras.
“Christian Suazo aparece junto a Junior Burbara, actual candidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Nacional, y socio político dentro de la misma red de poder que sigue viva y activa en Honduras”, cita la publicación del medio.
También se le vincula con otras personas que fueron sentenciadas en cortes federales de Estados Unidos por delitos relacionados a la narcoactividad.
Durante la campaña política Burbara promete administrar San Pedro Sula con transparencia e invertir los impuestos de los sampedranos “en obras que generen desarrollo”. Sin embargo, su cuestionable y pobre trayectoria legislativa, los procesos judiciales en su contra, las investigaciones por corrupción y su aparición en los Pandora Papers contrastan con esta narrativa.
Con este historial y a medida se acerca, el 30 de noviembre, día de las elecciones, Yaudet Burbara continúa recorriendo barrios, colo aldeas y caseríos del municipio de San Pedro Sula, apelando a su nombre, su red empresarial y su longeva permanencia en la política hondureña, y promocionándose como la mejor alternativa para los sampedranos. La pregunta es ¿si un funcionario históricamente ausente en el Congreso, alineado con decisiones polémicas y señalado en múltiples irregularidades, puede convertirse en el gestor transparente que promete ser?
