La injerencia de Estados Unidos terminó de ordenar el tablero electoral hondureño, imponiendo un ritmo y un alcance del escrutinio que dejaría sin respuesta las denuncias de irregularidades en la mayoría de las actas.
Pese a advertir sobre un “golpe electoral” y la infiltración de estructuras criminales, Xiomara Castro aseguró que acatará la declaratoria final del CNE para preservar la paz.
Tegucigalpa, Honduras. – ¿Lealtad a la patria o a Estados Unidos? En esa dicotomía parecen moverse hoy sectores de la clase política, empresarial, el Consejo Nacional Electoral y hasta la presidencia de la república, luego que el Departamento de Estado, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, demandó el inicio del proceso de escrutinio especial, bajo advertencia de consecuencias si este no se activa.
La publicación realizada en X, ayer a las 3:06 de la tarde, fue seguida una hora y media después por un reposteo y traducción desde el perfil de la Embajada de Estados Unidos en Honduras.
Orden entendida, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) publicó un comunicado a las 9:13 de la noche, exigiendo “el inicio inmediato del escrutinio especial” y advirtiendo que en caso de que los partidos políticos no integren las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para el escrutinio especial, estas sean integradas con actores de la sociedad civil y estudiantes de las universidades “sin demora alguna”.
Además, demandaron al Poder Ejecutivo abstenerse de cualquier forma de interferencia en el proceso electoral. Al parecer, la única intervención que admiten es la del Departamento de Estado de Estados Unidos.
BIPARTIDISMO Y EMPRESARIOS ALINEADOS
De forma simultánea, siempre de noche, en la sede del Cohep se reunieron representantes del Partido Nacional y el Partido Liberal para anunciar un acuerdo sobre el escrutinio especial para la revisión de 2,794 actas con inconsistencias en el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto de Formación Profesional (Infop).
Esta reunión es la segunda que realizan en las instalaciones del grupo empresarial. Previamente, la noche del 15, las autoridades del bipartidismo ya se habían reunido, supuestamente sellando un acuerdo que a la fecha no se cumple.
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Desde el Centro Oficial de Información Electoral del Partido Nacional, la candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, afirmó: «Nosotros si queremos respetar la blanca Navidad», haciendo énfasis en que desean tener resultados antes del 24 de diciembre, aunque admitiendo que el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para realizar la declaratoria. Mientras que el Partido Liberal que, continuó mostrándose fracturado, publicó dos comunicados, por separado, refiriéndose en términos similares.
La única voz disonante en medio de la genuflexión generalizada fue Iroska Elvir, diputada del Partido Liberal y esposa del presidenciable Salvador Nasralla, quien exigió la apertura de urnas y la revisión de JRV con inconsistencias como un derecho legal para garantizar que el resultado refleje la soberanía popular. Denunció manipulación y fraude del Partido Nacional, rechazó presiones de actores estadounidenses y afirmó que asumirá las consecuencias por defender la transparencia electoral, la democracia y la soberanía de Honduras, en una lucha que declaró inquebrantable.
DEL DESAFÍO A LA OBEDIENCIA
Desde el oficialista Partido Libre, que ayer se mostró desafiante durante un mitin en Casa Presidencial y luego se movilizó a las afueras del Infop exigiendo la nulidad de las elecciones, denunciando un “golpe de electoral” y declarando que “no admite negociaciones”, el mensaje del Departamento de Estado pareció introducir un golpe de sobriedad.
En medio del torbellino de obediencia desatado por un único mensaje vía X de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, este jueves se concretó el traspaso de mando de las Fuerzas Armadas y se nombró al general Héctor Benjamín Valerio Ardón como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Valerio Ardón se desempeñó previamente como jefe de seguridad de la Guardia de Honor Presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente estadounidense Donald Trump el 1 de diciembre, pese a haber sido sentenciado a 45 años de prisión por delitos ligados al narcotráfico.
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Fue durante este traspaso de mando, que la presidenta Xiomara Castro expresó que espera que el CNE concluya antes del 30 de diciembre los escrutinios especiales de un proceso electoral que calificó de opaco y marcado por la infiltración de maras y pandillas. Señaló que los audios que advertían un “golpe electoral” se han ido cumpliendo y denunció amenazas al pueblo hondureño y la intervención extranjera de Estados Unidos.
Pese a ese contexto, afirmó que respetará la ley y al ganador que proclame el CNE para preservar la paz, y anunció que el 27 de enero concluirá pacíficamente su mandato.
EL DESACUERDO NO ES EL CONTEO, SINO SU ALCANCE
A simple oído podría parecer que todos quieren lo mismo, incluida la Embajada estadounidense, el conteo voto por voto de las actas que presentan inconsistencias, pero el punto de quiebre es cuántas actas presentan inconsistencias, porque si bien desde el CNE junto al Partido Nacional se plantean únicamente inconsistencias en 2,794 actas, desde el Partido Liberal suman otras 8,084 urnas y desde Libre se maneja que el 88% de las 19,167 actas a nivel presidencial presentan inconsistencias biométricas, errores de sumas y ausencia de firmas entre otras.
Lucía Vijil, analista del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) sostuvo que desde la embajada de Estados Unidos debe respetar los asuntos internos de Honduras y el manejo del proceso electoral por parte de la autoridad competente. Señaló que, pese a las denuncias procedimentales y al clima de polarización y negociación política, corresponde exclusivamente a los hondureños resolver sus asuntos, por lo que llamó a limitar las opiniones externas en un contexto ya complejo para el país.
Mediante una alerta electoral, el Cespad advirtió hoy que iniciar el escrutinio especial sin revisión integral de las actas con inconsistencias pone en riesgo la confianza ciudadana y la legitimidad del proceso electoral. A la vez que realizaron un llamado a la sensatez y a la responsabilidad democrática de todos los actores del proceso electoral.
Sin embargo, al parecer, al Departamento de Estado de los Estados Unidos poco le interesa la legitimidad del candidato impuesto por Donald Trump, únicamente que se apresuren en declararlo oficialmente. El mandatario estadounidense intervino cuatro días antes de las elecciones al respaldar al candidato nacionalista y dos días antes advirtió que no brindarían apoyo a Honduras si resultaba vencedor cualquier otro aspirante. Incluso, esta semana admitió haber apoyado a un presidenciable que no figuraba como posible ganador en las encuestas.
Atrás quedaron las ordenes veladas como sugerencias y el “acompañamiento”. Hoy se impone el guion único, sin espacio para disentir, en el que cuestionar las decisiones externas se castiga y la soberanía democrática queda en segundo plano.
