Bajo acusaciones de negligencia, incapacidad e inconstitucionalidad, la dimisión de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando abrió paso a una rápida sustitución respaldada por el bipartidismo (Partido Liberal y Partido Nacional) y partidos minoritarios.
La renuncia de Ráquel Obando, en medio de presiones políticas, dio paso al nombramiento interino de Wagner Vallecillo, de filiación liberal, que figura –junto a otros magistrados de la Sala de lo Constitucional— en una investigación del Ministerio Público por presunto prevaricato al favorecer a implicados en el caso Narcopolítica.
Tegucigalpa, Honduras. –Rebeca Ráquel Obando, electa y juramentada como magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en febrero de 2023, presentó su renuncia al cargo, en medio de presiones políticas que incluían la amenaza de un juicio político impulsado por los diputados de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal.
La dimisión se produjo el miércoles 25 de marzo de 2026, a eso de las 9:20 de la noche, cuando el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció el ingreso de una nueva solicitud de juicio político contra la magistrada Ráquel Obando.
Mientras el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, daba lectura formal a la denuncia, se detallaron acusaciones por supuestas actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio del cargo. La solicitud también contemplaba la suspensión inmediata de la funcionaria para evitar una posible obstrucción del proceso investigativo.
En medio de ese escenario, la renuncia de Rebeca Ráquel Obando abrió paso a una rápida reconfiguración en la conducción del Poder Judicial, la cual recayó en el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Wagner Vallecillo Paredes.
Fue el diputado liberal Jorge Cálix quien presentó una moción para nombrar como presidente interino de la CSJ a Vallecillo Paredes, argumentando que cumple con los requisitos de idoneidad y legalidad para ocupar el cargo, incluso con la posibilidad de completar el período 2023-2030.
La moción fue sometida a consideración del pleno y, tras ser discutida, recibió el respaldo de 93 diputados de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Innovación y Unidad (Pinu) y la Democracia Cristiana (DC). “Queda aprobada la moción”, anunció el secretario Ledezma, dando paso al relevo en la presidencia del máximo tribunal.
El Congreso Nacional oficializó el nombramiento el 25 de marzo de 2026, en medio de un proceso más amplio de reestructuración en las altas esferas del sistema de justicia hondureño, que también ha impactado al Ministerio Público con la denuncia de juicio político que derivó en la destitución del entonces fiscal general Johel Antonio Zelaya Álvarez.
Lea: Juicio político a fiscal general avanza en medio de advertencias por concentración de poder
UN RELEVO CON TRASFONDO POLÍTICO
Wagner Vallecillo Paredes, de afiliación liberal, integraba el pleno de magistrados para el período 2023-2030 y se desempeñaba hasta ahora como magistrado de la Sala de lo Constitucional.
Su trayectoria incluye cargos como asesor legal en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como director de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) en 2022.
Su llegada a la presidencia del Poder Judicial, aunque de manera interina, no puede desligarse del acuerdo político tripartito alcanzado en febrero de 2023, cuando el Congreso Nacional –presidido en ese entonces por Luis Redondo y con mayoría del Partido Libertad y Refundación (Libre)— eligió a los 15 magistrados que integran el Poder Judicial, en una negociación que involucró a las principales fuerzas políticas del país.
Según diversas versiones, estas negociaciones contaron con la participación de altos dirigentes partidarios, incluido el entonces presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal Hidalgo, quien años atrás fue investigado y posteriormente condenado en Estados Unidos tras declararse culpable de lavar dinero proveniente del narcotráfico vinculado a la organización criminal Los Cachiros.
De interés: Yani Rosenthal: de lavador de activos y presidiario en EE UU a negociar la Corte en Honduras
INVESTIGACIONES Y CUESTIONAMIENTOS
El nombramiento de Vallecillo ocurre, además, bajo la sombra de investigaciones que alcanzan a otros magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes están siendo investigados por el Ministerio Público —durante la gestión del depuesto fiscal general Johel Zelaya— por suponerlos responsables del delito de prevaricato judicial tras haber otorgado sentencias favorables a involucrados en el caso Narcopolítica.
En mayo de 2019, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) presentaron la línea de investigación Narcopolítica en el que se imputó a exfuncionarios de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) por haber otorgado millonarios contratos a la empresa Inversiones Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar) propiedad de los hermanos Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, quienes lideraban la organización criminal denominada Los Cachiros.
De acuerdo con una investigación del medio Contracorriente, el 7 de febrero de 2025 la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) admitió un informe presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), en el que se solicitó iniciar indagaciones por el presunto delito de prevaricato judicial.
Entre los señalados figuran los magistrados Wagner Vallecillo Paredes, Luis Fernando Padilla Castellanos, Isbela Bustillo Hernández, Francisca Villela Zavala y Sonia Marlina Dubón, quienes firmaron de manera unánime una sentencia de amparo emitida el 30 de julio de 2024.
Dicha resolución favoreció al exministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Pastor Mejía, así como a Karol Ivonne Pineda y José Manuel Valladares, implicados en el caso Narcopolítica.
Los antes mencionados fueron acusados en 2019 por el Ministerio Público por delitos como lavado de activos, fraude, violación de los deberes de los funcionarios y cohecho, vinculados a la adjudicación irregular de al menos 28 contratos a la empresa Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar), relacionada con la estructura criminal de Los Cachiros.
La controversia se centra en que la Sala de lo Constitucional otorgó el amparo al considerar que no se había agotado el procedimiento previo ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), además de invocar la despenalización de ciertas conductas vinculadas al lavado de activos.
La Uferco sostiene que existen indicios de responsabilidad penal en la actuación de los magistrados, por lo que instó a profundizar las investigaciones para determinar si incurrieron en conductas delictivas.
Lea: Congreso Nacional aprueba juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya
UN PODER JUDICIAL EN DISPUTA
La renuncia obligada de Rebeca Ráquel Obando y el ascenso de Wagner Vallecillo Paredes, reflejan la creciente pugna política por el control de las instituciones clave del Estado hondureño.
Con este nuevo reacomodo, el Poder Judicial entra en una etapa de incertidumbre, marcada por cuestionamientos a la independencia de sus decisiones y por la influencia de acuerdos políticos en su conformación.
La presidencia interina de Vallecillo deberá ahora enfrentar no solo los desafíos administrativos del cargo, sino también el escrutinio público y judicial sobre su actuación pasada y presente en uno de los momentos más críticos para la institucionalidad del país.
