Todas las personas tienen derecho a votar, pero los centros de votación no están preparados para garantizar la participación plena de quienes tienen discapacidad. La falta de adaptaciones y de formación del personal convierte un derecho básico en un desafío para estas personas
Por: Doris Sánchez
Tegucigalpa, Honduras—. La falta de accesibilidad en los centros de votación y la ausencia de planes claros por parte de los candidatos presidenciales muestran que la inclusión de las personas con discapacidad sigue pendiente en el proceso electoral.
Aunque la ley les reconoce el derecho a votar, las condiciones de los locales y la poca capacitación del personal hacen que este sector no pueda participar en igualdad durante la jornada electoral.
A pesar que la ley reconoce el derecho al voto para todos, la mayoría de las personas con discapacidad siguen enfrentándose a barreras que les dificultan ejercerlo. Esto evidencia que, en la práctica, no todas las condiciones están dadas para que participen en igualdad.
Uno de los problemas más comunes está en los centros de votación, que suelen ser escuelas, colegios, o universidades. Estos espacios, aunque distribuidos en todas las comunidades, no fueron diseñados pensando en las distintas necesidades de accesibilidad. En muchos casos faltan rampas adecuadas, las entradas son estrechas y los pasillos tienen obstáculos que complican el tránsito. Estas carencias muestran que la organización electoral aún no incorpora plenamente la diversidad de quienes acuden a votar.
Cuando los locales no están adaptados, las personas con discapacidad dependen de la ayuda de terceros para tareas básicas como ingresar al edificio, llegar a la mesa de votación o desplazarse dentro del recinto. Esto limita su libertad y vuelve un proceso simple en algo desgastante y poco práctico. La accesibilidad deja de ser un detalle y se convierte en un requisito básico para garantizar el ejercicio del derecho al voto.
De interés: Coyuntura Electoral: por elecciones democráticas y contra el golpe electoral
Lucía Barrientos directora de la Defensoría de los Derechos Humanos con Situaciones Diferenciada con el enfoque a mujeres diversas (Ixchel), señala “la verdad es que no hay una garantía de espacios accesibles. No es un favor lo que se solicita ni un gesto de buena voluntad hacia el Estado; es una obligación del Estado y un compromiso de toda la sociedad que aspira a la igualdad y a la justicia. Es un derecho, sabemos que hay mucha falta de espacios adecuados para las personas con discapacidad en los diferentes centros”.
Destaca que esto no debería darse solo en momentos de votación. Deben existir espacios donde no haya barreras físicas, arquitectónicas u organizativas. Debe haber rampas, y si existen, que sean rampas funcionales y no mal construidas o inexistentes. Muchas veces solo ponen escaleras que no son accesibles ni siquiera para pasar una silla de ruedas. En el contexto de votar, las personas deberían tener más facilidad para identificar las señalizaciones, pero no hay suficiente señalización. Todo esto es insuficiente y el personal no está capacitado.
Estos son solo algunos de los ejemplos de las dificultades que se enfrentan. Son desafíos constantes que deben considerarse siempre que se va a construir un centro comercial, una plaza o cualquier espacio público o privado. Se debe garantizar el libre acceso para las personas con discapacidad física.
A esto se suma que el personal electoral no siempre recibe formación para atender a quienes requieren apoyos específicos. En algunas ocasiones, no saben cómo orientar, explicar o acompañar de forma adecuada. Esto genera momentos incómodos o confusos para los votantes.
Barrientos enfatiza que las principales barreras son los espacios físicos. También manifiesta que influyen las personas que están en los centros de votación, en las mesas y representando a los partidos que no tienen la sensibilidad ni la empatía para tratar con el lado humano de las personas con discapacidad. Además, hay una gran debilidad porque en este periodo no se han hecho campañas visibles como antes sobre la importancia de tener espacios seguros para las personas con discapacidad.
Por estas razones, es necesario que la accesibilidad sea parte integral de la planificación electoral. No es un añadido, sino una condición para cumplir con un derecho ya reconocido. Incluir estas medidas refleja un compromiso real con la participación de todas las personas.
Si los centros de votación estuvieran correctamente adaptados y el personal recibiera la formación necesaria, las personas con discapacidad podrían votar con mayor seguridad, autonomía y calma. Estas mejoras no solo harían el proceso más efectivo, sino que también reforzarían la idea que todas las personas deben participar plenamente en las decisiones del país.
Rubén Vásquez, director de la Fundación Luis Braille manifestó que: Más del 10% de la población hondureña, cerca de un millón de personas con discapacidad, están listas para ejercer el derecho al voto este domingo 30 de noviembre. Muchas de estas personas acudirán a los centros de votación acompañadas de un familiar, mostrando su determinación de participar en la elección de las nuevas autoridades del país.
SIN PLANES CONCRETOS PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
De los cuatro candidatos a la presidencia, ninguno ha presentado hasta ahora un plan concreto para las personas con discapacidad, ni ha considerado si los centros de votación están adaptados para ellos. Sólo uno de los candidatos menciona medidas como inclusión laboral, infraestructura accesible, transporte inclusivo y adecuación de espacios públicos e instituciones, pero lo hace de manera general, como promesas para el futuro, sin explicar cómo se llevarían a cabo.
Actualmente, no existen iniciativas claras que faciliten que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto sin dificultades. Ningún candidato contempla medidas para este grupo, lo que deja en evidencia que no han pensado en garantizar su participación plena en el proceso electoral. La falta de atención a la accesibilidad en los centros de votación muestra que, más allá de palabras, nadie ha planeado cómo reducir los obstáculos que enfrentan estas personas al momento de votar.
Esta situación coloca a las personas con discapacidad en desventaja ante las personas que no enfrentan barreras físicas o logísticas. La propuesta que sí incluye medidas de accesibilidad no detalla plazos, presupuestos ni responsabilidades de implementación, lo que dificulta evaluar si realmente se podrían cumplir y si producirían cambios concretos. La intención está ahí, pero sin claridad sobre la ejecución, es imposible medir su impacto.
La ausencia de políticas claras por parte de la mayoría de los candidatos refleja que la diversidad funcional sigue siendo un tema marginal en la agenda electoral.
La accesibilidad en infraestructura, transporte y servicios públicos no es un extra, es una condición para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Aunque algunos aspirantes plantean ideas para este sector, la falta de compromisos concretos y de consideración sobre los obstáculos en espacios clave, como centros de votación, demuestra que la inclusión de las personas con discapacidad sigue siendo un asunto secundario en el debate electoral.
Lea: Honduras irá a elecciones generales bajo ampliación de estado de excepción
Además de los debates sobre derechos y accesibilidad, es fundamental prestar atención a las necesidades concretas de las personas. Los programas de apoyo económico y social están creados para que, quienes más lo necesitan puedan cubrir necesidades básicas y enfrentar dificultades diarias, pero no llegan a la totalidad de quienes necesitan ese apoyo.
Uno de los programas en el gobierno de Xiomara Castro es el Programa de Acción Solidaria (PROASOL), según una nota publicada por este ente, más de 19 mil personas en el departamento de Francisco Morazán recibieron apoyos económicos por más de 38 millones de lempiras.
En resumen, en Honduras, las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer plenamente sus derechos porque los espacios públicos no están adaptados a sus necesidades y no existen políticas claras que las apoyen. Esta situación muestra que la inclusión y la igualdad de oportunidades siguen siendo una deuda en la planificación y gestión de los gobiernos y autoridades.
