Por: Javier Suazo
Honduras enfrenta grandes brechas económicas y sociales, que para algunos son carencias que sufre la población. Hay evidencia plena de estas brechas o carencias, pero las apuestas están en la solución de problemas monetarios y financieros, algunos de los cuales todavía no han impactado como esperan las autoridades monetarias. Uno de estos problemas es la inflación, que afecta y afectará a futuro los ingresos monetarios de las personas, especialmente de aquellos (as) que reciben un salario, sueldo o bonificación social.
Pero la inflación afecta también los (as) que tienen cuentas de ahorro o de cheques, que observan como los ingresos monetarios que reciben de la banca privada, organizaciones financieras y cooperativas de ahorro y crédito, se evaporan ya que no pueden adquirir la misma cantidad de bienes y servicios por el aumento de precios que causa la mayor inflación.
A la pobreza, indigencia, desempleo, subempleo e inseguridad alimentaria, se suma el aumento del déficit de construcción de viviendas populares. Se estima en más de 1 millón el déficit habitacional, del cual la mitad se considera déficit estructural, o sea que las familias de menores recursos no tienen una vivienda mínima donde vivir, y el resto presenta carencias de infraestructura, deterioro físico y acceso directo a servicios públicos, sumado a problemas de hacinamiento.
El gobierno de la Republica a través del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BAHPROVI) bajó las tasas de interés para vivienda de 12% a 4% por un periodo máximo de 30 años, lo que se considera una de las políticas más benignas con el sector durante los últimos años. A criterio del presidente del Banco, Edwin Araque, el impacto visible de esta política es la reducción de la cuota de pago de la pareja joven que antes pagaba un poco más de 5,500 lempiras mensuales por un préstamo de 500,000 lempiras, y hoy pagará 2, 387 lempiras.
El Banco debe monitorear el comportamiento de la inflación, para que los fondos asignados a vivienda popular no resulten insuficientes y se tengan que ajustar-hacía abajo- en el tiempo, más allá de la motivación que endeudarse es bueno en tiempos de inflación.
Hay quizá otros problemas complementarios que deben enfrentarse. Uno de ellos es la disponibilidad de tierras para la construcción de las viviendas, especialmente localizadas en zonas periurbanas y urbanas. Se suma el tipo de viviendas a construir, donde la exigencia es el uso de materiales locales y el empleo total de la mano de obra. Los modelos de construcción prefabricados importados, no tienen una demanda efectiva por la pareja joven ya que muchos de los materiales utilizados han aumentado de precio y necesitan más recursos de los que se programan asignar por la banca de segundo piso.
Estos problemas se acompañan de lentitud en el otorgamiento de los permisos de construcción y retrasos en el periodo de entrega de las viviendas. En general, se programa una meta de entrega de viviendas, ejemplo 10,000 unidades al año; sin embargo, el nivel de ejecución es bajo y menor del 30%.
Hay que prestar atención a otros problemas económicos y sociales relacionados. Uno es la inestabilidad en el empleo, que afecta a la pareja joven en el cumplimiento del tiempo aprobado del pago de cuotas, siendo evidente la existencia de un gran número de población con empleos informales que no les permite acceder a viviendas populares, aunque la cuota sea menor.
De nuevo se ha dado vida a la Red Solidaria, la política de compensación social ejecutada en el gobierno del presidente Manuel Zelaya, ejerciendo el liderazgo la actual presidenta de la Republica, Xiomara Castro. Hemos insistido, derivado de la experiencia de otros países latinoamericanos, que la entrega de bonos debe ser complementada con políticas de redistribución de tierras y demás servicios en el agro para que las mujeres puedan acceder a un pedazo de tierra y producir alimentos. Esta política no necesariamente tiene que darse a través de programas de reforma agraria tradicional, sino con la reactivación de programas como el fondo de tierras. Ello ayudará a enfrentar las cuotas de la vivienda popular, en caso que la construcción se realice en municipios periurbanos y rurales.
Los programas de vivienda popular liderados por instituciones públicas, deben también acompañarse con la participación de instituciones y organizaciones de cooperación internacional y privadas que ejecutan este tipo de programas con buen éxito. Un ejemplo es Techo Honduras, que en forma silenciosa y con trabajo y aportes voluntarios ha venido apoyando a población de bajos recursos y afectada por fenómenos naturales como ETA e IOTA en la construcción de sus viviendas. Se abre también un espacio que posibilitará aprovechar los recursos asignados por EEUU para detener la migración, donde la falta de viviendas es un factor causal para que los jóvenes busquen el sueno americano.
Lo mismo sucede con el involucramiento de gobiernos locales y juntas de patronatos, en tanto uno de los recursos más escasos es la tierra para construir soluciones habitacionales. Como parte del proceso de planificación urbana y ordenamiento territorial, estos gobiernos de zonas urbanas y periurbanas deben formular planes de viviendas de bajo costo, involucrando activamente a organizaciones sociales.
Hay que ajustar la política nacional de descentralización y la nueva ley de municipalidades aprobada por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) a finales de su mandato. Un principio favorable para programas habitacionales de bajo costo, es el principio de la “subsidiaridad”, o sea que si se está más cerca de la población se hacen mejor las cosas y a menor costo.
El Programa de Vivienda Popular 2022-2026 es parte de una política pública de gobierno que busca generar soluciones habitacionales para población de menos recursos, en un ambiente de cooperación e involucramiento de varios actores públicos, privados y sociales, privilegiando el uso de materiales locales y la autoconstrucción, como parte del Plan Estratégico de Gobierno de Mediano Plazo en proceso. Implica una programación de metas anuales por región, departamento y municipio que permita identificar la cuantía de recursos requeridos y aportados por cada uno de los actores, priorizando las acciones en función de los fondos de gasto de inversión disponibles.
En 2018, una vez reelecto, Juan Orlando Hernández “prometió que a un precio de 35 millones de dólares (más de 800 millones de lempiras) realizará masivas construcciones de viviendas (…). Según Hernández, construirá 10 mil viviendas en la Residencial Francisco Morazán y eso disparará otros tres proyectos más en Tegucigalpa y sus alrededores.” (Confidencial.hn, enero 18, 2018). La falta de cumplimiento de estas promesas se debe a la ausencia de un programa habitacional consensuado, donde participen gobiernos locales, desarrolladores, patronatos, financistas, organizaciones sociales y cooperantes, en el marco de una propuesta de desarrollo de país de mayor plazo.
Tegucigalpa, DC, 30 de junio de 2022
