Las personas que huyen de la incipiente dictadura en Honduras, que ha perpetrado sus crímenes con el respaldo implícito y explícito de los Estados Unidos, están ejerciendo sus derechos humanos al hacerlo. México y los Estados Unidos tienen obligaciones legales y morales para permitirles buscar asilo.
Tegucigalpa.- Witness for Peace en un comunicado ha expresado su solidaridad absoluta con Pueblo Sin Fronteras y la mayoría de los migrantes hondureños en la caravana que actualmente se está moviendo a través de México.
Aseguran que el número de hondureños que huyen del país hacia México y Estados Unidos ha aumentado dramáticamente desde las elecciones de noviembre en Honduras y el estallido de violencia estatal que los siguió.
El derecho a solicitar asilo de la persecución política está consagrado en el derecho nacional e internacional, y es un principio fundamental de los derechos humanos.
La violencia generalizada y sistemática perpetrada por el estado hondureño desde noviembre, que ha incluido docenas de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas y cientos de casos de detenciones arbitrarias y torturas, equivale a crímenes de lesa humanidad.
Las personas que huyen de la incipiente dictadura en Honduras, que ha perpetrado sus crímenes con el respaldo implícito y explícito de los Estados Unidos, están ejerciendo sus derechos humanos al hacerlo. México y los Estados Unidos tienen obligaciones legales y morales para permitirles buscar asilo. Para los Estados Unidos, que ha contribuido directamente a las condiciones que obligan a las personas a abandonar el único hogar que han conocido, expandió sus políticas militarizadas contra la inmigración a través del Plan de la Frontera Sur, y financió, entrenó e investigó algunas de las las fuerzas de seguridad responsables de crímenes contra la humanidad, esta obligación es aún más urgente.
Aunque Witness for Peace ha pedido durante mucho tiempo la suspensión de la ayuda de seguridad a Honduras mediante nuestro apoyo a HR 1299, la Ley de Derechos Humanos Berta Cáceres en Honduras, nos oponemos categóricamente a las amenazas del presidente Trump de poner fin a la ayuda a Honduras si no pueden detener la migración.
También continuamos exigiendo el fin de la Iniciativa Mérida, que se ha apropiado de $ 2.5 mil millones desde 2008 y ha contribuido en gran medida a los cientos de miles de asesinatos y desapariciones forzadas en México bajo el pretexto de una guerra contra las drogas que ha estimulado la migración y el desplazamiento.
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Los objetivos de Trump son exactamente los opuestos a los nuestros: la visión que tiene para Honduras y México es la creciente militarización de las fronteras y una mayor creación del tipo de estados policiales draconianos que tanto admira. Mientras las fuerzas de seguridad hondureñas y mexicanas respaldadas por Estados Unidos están asesinando, desapareciendo y torturando a los manifestantes de la oposición con total impunidad, el presidente propone castigarlos por no haber sido lo suficientemente militarizados. Sus políticas y prescripciones políticas no solo son crueles sino contraproducentes: un enfoque militarizado de la violencia de las pandillas y los factores de presión migratoria solo fortalecen a las pandillas y crean más factores de presión.
Hacemos un llamamiento a los miembros del Congreso y a todos los estadounidenses que trabajan en solidaridad con los migrantes contra la cancelación de DACA y TPS y contra la brutalidad de las redadas de ICE, para que se opongan a la militarización de la inmigración donde sea que ocurra. No se puede separar la difícil situación de los migrantes hondureños en los Estados Unidos de la dictadura apoyada por Estados Unidos en Honduras. Encomiamos la valentía de los migrantes tanto dentro como fuera de la caravana, aplaudimos el trabajo esencial de Pueblo Sin Fronteras, y nos solidarizamos con las personas que huyen de la violencia y la persecución sin importar las fronteras que tienen que cruzar en el proceso.
