Tegucigalpa, Honduras. Ante el contexto de Honduras, donde la difusión de contenido íntimo sin consentimiento se utiliza como forma de resentimiento y lucro a través de redes sociales, se presentó la propuesta de una reforma al Código Penal para tipificar la violencia digital y la difusión no consentida de material íntimo y de carácter sexual, una iniciativa orientada a salvaguardar a jóvenes que son víctimas de este flagelo.
Este tipo de violencia, que durante años ha permanecido impune, ha representado un enorme desafío para niñas, adolescentes y mujeres, quienes son las víctimas más propensas, orillándolas a la exclusión social, a los señalamientos y, en algunos casos, al suicidio ante las presiones derivadas de la divulgación.
En 2024, durante la ejecución de un trabajo investigativo que permitió develar cómo las redes sociales funcionan como herramientas para las redes de explotación sexual, Criterio.hn logró identificar, mediante la creación de perfiles en redes sociales, diversos grupos instalados mayormente en Telegram y WhatsApp dedicados al intercambio y venta de contenido íntimo.
Los grupos estaban integrados por hombres de distintos puntos del país que, además de compartir fotografías de jovencitas con quienes en muchos casos mantenían vínculos sentimentales, de amistad e incluso familiares. Difundían también sus datos personales, un elemento que incrementaba significativamente el riesgo para las víctimas.
No obstante, a pesar de la facilidad para acceder a estos grupos y de identificar a los perpetradores, quienes en muchos casos exponen a menores de edad, esta violencia continúa desarrollándose ante la mirada de las autoridades hondureñas, sin que exista una respuesta efectiva que la enfrente.
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LA MOCIÓN PARA PENALIZAR
El pasado martes 24 de febrero, la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Cortés, Linda Frances Donaire, presentó ante el pleno una moción que plantea reformar el decreto 130-2017, con el fin de prevenir y sancionar la violencia digital y la difusión no consentida de contenido íntimo.
Donaire explicó que dichas acciones atentan contra la dignidad y la privacidad de las personas y, ante el avance de la digitalización, se enfrentan mayores amenazas derivadas del uso de la tecnología y de las plataformas no digitales.
La congresista manifestó que la difusión no consentida de imágenes y mensajes constituye una forma de violencia digital que ha demostrado tener efectos devastadores sobre las víctimas, afectando su salud mental, su desarrollo social y su seguridad personal, y que además es una problemática creciente que vulnera derechos fundamentales y perpetúa la desigualdad de género, que fomenta una cultura de violencia y acoso.
Donaire señaló que el Código Penal no aborda de manera específica dicha problemática, lo que deja en indefensión y sin amparo legal a las víctimas para acceder a la justicia.
En dicho sentido, propuso realizar una reforma al Código Penal mediante la incorporación de los artículos 272-A, 272-B, 272-C, 272-D, 272-E, 272-F y 272, en los que se contempla como delito la difusión, publicación, venta, distribución, exhibición o cualquier otra forma de transmisión de contenido visual o audiovisual de carácter sexual o íntimo de una persona sin su consentimiento explícito,
Podrán ser acusados de dicho delito las y los ciudadanos que, sin el consentimiento de la persona afectada, transmitan el contenido a terceros.
Según lo expuesto por la diputada, las personas serán imputadas cuando se compruebe venganza, intimidación, chantaje, acoso o cualquier otra intención que pueda llegar a ocasionar daño psicológico, moral o social a la víctima y que las penas serán agravadas en los casos que involucren a menores de edad o cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables.
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UNA MOCIÓN NECESARIA E IMPOSTERGABLE
La abogada defensora de derechos humanos y activista anticorrupción Gabriela Blen, explicó a Criterio.hn que la iniciativa de Donaire no es solo viable, sino también impostergable, ya que Honduras posee atrasos con respecto a la protección de los derechos de las mujeres.
Blen señaló que en Honduras muchas mujeres han sido objeto de ese tipo de violencia y que este no solo es publicado por los perpetradores, sino que incluso es replicado por medios de comunicación masivos, lo que aumenta la exposición de las víctimas, violentando su intimidad, su derecho al nombre y su prestigio sin pensar en las consecuencias psicológicas y el daño al honor que estas pueden enfrentar.
La jurista enfatizó que la divulgación de contenido privado ha sido utilizada tanto en Honduras como en otros países para amedrentar a las mujeres, más cuando se trata de casos en los que estas son figuras de poder, del combate a la corrupción y que defienden la democracia.
Además, apuntó que las autoridades deben tener una responsabilidad activa frente a este fenómeno y que deben crear mecanismos de prevención, pero que efectivamente sancionen a aquellos que generan ese tipo de violencia en contra de las mujeres.
Blen comentó que en su caso particular ha sido víctima de ese tipo de violencia y que cuando se presentó ante el Ministerio Público no hicieron nada al respecto, por lo que reflexionó que, si siendo una figura no dieron seguimiento al caso, la situación empeora aún más para las adolescentes jóvenes y mujeres que se presentan a denunciar a sus agresores.
La defensora subrayó la necesidad de crear una política integral que investigue, sancione y tipifique ese tipo de violencia para que aquellos que han realizado este tipo de denuncias sean penalizados por la ley.
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URGE APROBARSE
A criterio de la feminista y defensora de derechos humanos Ana Lucía Pérez, la propuesta es necesaria desde hace muchos años, e incluso ha sido contemplada en propuestas como la Ley Integral contra la Violencia que se encuentra engavetada dentro del Congreso Nacional.
La feminista señaló que sería bueno que la propuesta fuera aprobada antes del 8 de marzo, pues es una iniciativa que es de interés para la mayoría de la población.
Pérez calificó de manera positiva el que las penas sean altas, puesto que, bajo su perspectiva, las personas que cometen ese tipo de delitos representan un peligro grande para la sociedad, sobre todo para los grupos más vulnerables.
La feminista recalcó que el compartir contenido íntimo de alguien sin su consentimiento es violencia sexual digital y es una violación a la privacidad, a la dignidad y que en la mayor parte de los casos busca humillar o controlar a las víctimas.
Además, subrayó la necesidad de que el Estado esté pendiente de sancionar delitos como ese, ya que las tecnologías de la información van evolucionando, lo que permite que niñas, niños y adolescentes estén expuestos a ese tipo de daños, que en muchas ocasiones llevan a las víctimas al suicidio.
