Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) violentaron el proceso al enviar a un centro de prisión distinto al ordenado por los tribunales de justicia a los siete ambientalistas de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón.
Al emitir la medida de prisión preventiva, la jueza con competencia nacional, Lisseth Vallecillo Banegas, ordenó el pasado 1 de septiembre remitir a los ambientalistas al centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro, pero en una acción arbitraria las autoridades del INP determinaron remitirlos a la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Tolva, ubicada en el municipio de Morocelí, El Paraíso.
Durante la audiencia inicial, la jueza decretó auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventiva contra: José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Arnol Javier Alemán Soriano, por suponerlos responsables de los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad, en perjuicio de Santos Hernández Corea y por el delito de incendio agravado en perjuicio de la Sociedad Mercantil Inversiones Los Pinares S.A. de C.V.
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La decisión de la jueza se fundamentó en el testimonio de una supuesta víctima que en su denuncia dijo que sus victimarios andaban encapuchados, por lo que se desconoce cómo dicha versión pudo tener peso para determinar la culpabilidad de los imputados.
La defensa de los ambientalistas, integrada por abogados de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), interpuso el jueves un recurso de habeas corpus, mediante el cual se alega que existe ilegalidad en el proceso porque la jueza no tuvo motivación en la justificación de la medida de prisión preventiva.
Asimismo, porque el caso está siendo conocido en tribunales con competencia nacional donde se ventilan casos de crimen organizado y cuyo catálogo de delitos difiere de los imputados a los ambientalistas.
Los ambientalistas se oponen a la construcción del proyecto minero ASP y ASP 1, concesionado a la empresa Los Pinares, propiedad de del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé.
Sobre la concesión del proyecto hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.
El proyecto está causando daños ambientales y directamente sobre el agua de consumo de los pobladores del municipio de Tocoa, que se suplen del río Guapinol y otros afluentes de la zona.
La Tolva ha servido y sirve de reclusión para presos políticos, que en reiteradas ocasiones han denunciado la aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La determinación de enviar a La Tolva a los ambientalistas de Guapinol ha sido lamentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (OACNUDH).
1/4 #OACNUDH expresa su preocupación por el no cumplimiento de la orden judicial de traslado en el caso de 7 detenidos por el caso Guapinol, siendo trasladados a un centro penitenciario distinto al indicado en la decisión judicial. pic.twitter.com/3A81YACU42
— OACNUDH Honduras (@ONUDDHH) September 6, 2019
3 respuestas
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Asi es la injusticia en este mundo. Pero en el milenio estos corruptos nos las van pagar todas.
Un dia Dios va a destruir a aquellos que han destruido la tierra, y han pisoteado la vida de muchas personas que defienden los bienes comunes de las personas. Nos han quitado los recursos naturales que Dios nos dio. Y nos humillan y pisotean porque tienen el poder del dinero. Pero escrito está y Dios es testigo, llegará el dia que ni su plata ni su oro los librará de la ira de Dios. Seremos saciados de verdadera justicia. Bendito sea Jesucristo. Animo ha esos valientes.