Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Al acusar de delincuentes y miembros del crimen organizado a todos aquellos ciudadanos que hablen de crisis en el sistema financiero, el presidente Juan Hernández, está criminalizando las opiniones de los ciudadanos e imponiendo una censura previa, con lo que violenta el debido proceso y otros derechos fundamentales, dijo el director de C-Libre, Edy Tábora.
En una amplia entrevista con CRITERIO, el defensor de los derechos humanos enumeró cada una de las violaciones que está cometiendo el mandatario en cuanto a varias libertades inherentes al ser humano.
Mediante una comparecencia en un medio de comunicación, el mandatario advirtió con llevar a la cárcel a aquellos ciudadanos que a través de las redes sociales hablen de crisis en el sistema financiero y a través de una resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) advirtió con sanciones penales y administrativas a los medios de comunicación que emitan juicios sobre el sistema financiero basándose en el rumor.
ESTRUCTURA LEGAL
El director de C-Libre apuntó que durante el gobierno de Porfirio Sosa y cuando el Congreso Nacional era presidido por el actual presidente de la República, se preparó un andamiaje legal para criminalizar cualquier cosa que se diga de interés nacional, primero con la aprobación de reformas a Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones y luego con el reglamento de la Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones.
Asimismo el reglamento de Internet, aprobado por CONATEL, sin la participación y discusión de ningún sector de la sociedad hondureña. Este reglamento contempla la censura previa y sanciones administrativas y penales.
Esta ley autoriza a CONATEL para que pida a las compañías que brindan el servicio de Internet, que identifiquen los IP de las computadoras, sin ningún procedimiento e incluso puede ordenarles que cancelen los servicios o el sitio web o red social de sus clientes.
En conclusión, “existe un sistema normativo para criminalizar y evitar que se discuta cualquier cosa de interés público, en este caso del sistema financiero”, dijo.
Tábora aclaró que cuando los medios hablan de la debilidad del sistema financiero “no se trata de crear un pánico financiero porque, esta situación no la han creado los medios de comunicación, sino que la ha creado el propio gobierno”.
Señaló que en este momento el gobierno no está haciendo uso de los procedimientos administrativos existentes, como mecanismos de criminalización sino que está utilizando la criminalización y la sanción sin ningún procedimiento, “porque lo que ocurre cuando el presidente de la República emite estos juicios, emite estos discursos públicos, ya está sancionando, es decir que hay una censura previa”.
RUMOR VERSUS OCULTAMIENTO
Si los medios de comunicación en Honduras trabajan mediante la conjetura, dijo que es porque el mismo gobierno niega y oculta la información pública, ya que mucha de ella ha sido catalogada en secreto por ser considerada asunto de interés nacional, de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales.
Agregó que en muchos casos, los medios de comunicación “solo confirman los rumores”, pero esa es una situación que debe abrirse a través de estos canales que son los que la población tiene a su alcance porque no existe otro espacio público para discutir los problemas nacionales.
En síntesis el director de C-Libre, apuntó que el gobierno ha creado un sistema ordenado de sanciones para las voces críticas, mediante la aprobación de leyes de manera aislada y dispersa para que la sociedad no se entere.
Añadió que lo más lamentable es que CONATEL publica la sanción de manera directa, sin ningún procedimiento administrativo.
Tábora precisó que el gobierno de Honduras está incurriendo en una violación al artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que protegen el acceso a la información público.
Como resultado de esas transgresiones, señaló que el Estado hondureño está incurriendo en otras violaciones al establecer censura previa y censura posterior, y una violación transversal a todos los derechos sobre la libertad de expresión, como de acceso a la información pública y de transparencia, “que es el debido proceso”.
“Cuando el presidente de la República se para en un espacio público y dice que sancionará y que no se puede hablar del sistema financiero en el país, ya estableció una sanción y esa es una violación al debido proceso porque no hay abierta una investigación sobre esta situación y además hay una violación al derecho a ser investigado y sancionado por un ente independiente”, acotó.
Ante tanto atropello por parte del titular del Poder Ejecutivo, el también abogado, anunció que C-Libre interpondrá un recurso de inconstitucionalidad, sobre las normas sancionatorias y un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, para exigir al gobierno que no establezca censura previa desde su discurso.
Agregó que la acción judicial será elevada, aunque de antemano se sepa que el acceso a la justicia es limitado porque no hay independencia sobre los magistrados y jueces, quienes están subordinados al presidente de la República.
Tábora pidió a la sociedad hondureña que se sume a las acciones de C-Libre, en especial a los periodistas, porque consideró que hay un atentado directo en su contra.
